Nuevo Pudahuel y Concesiones piden rechazar demanda de Mc Parking por "falsedades" y "desproporción" en acusaciones

La demanda presentada por la empresa Mc Parking en contra de la concesionaria del Aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, y la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) dio un nuevo paso este martes. A cuatro meses del ingreso de dicha causa al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la sociedad concesionaria y la DGC respondieron -por separado- las acusaciones  respecto de conductas monopólicas, y solicitaron su rechazo por parte del organismo antimonopolios. 

A mediados de octubre pasado, la compañía que opera hace cuatro años en el mercado de servicios de estacionamiento de larga estadía o custodia de vehículos de pasajeros del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, acusó a Nuevo Pudahuel y al Fisco (a través de la DGC) de discriminarla arbitrariamente.

“No depende de la concesionaria que las referidas infraestructuras sean modificadas para permitir el acceso de terceros”, dijo Nuevo Pudahuel.

Esto, debido a que actualmente la firma debe recoger a sus clientes por medio de pequeñas van que acceden a los terminales 1 y 2 del aeropuerto a través del estacionamiento Expreso 2. Y reclamaron que no cuentan con acceso a otros espacios más "idóneos desde un punto de vista competitivo", como el Centro de Transporte y la Vía Controlada.

"(Nuevo Pudahuel como el Fisco, a través de la DGC) han configurado un verdadero candado que impide que McParking pueda acceder y hacer uso de la infraestructura correspondiente. A su vez, las demandadas, en tanto competidoras de McParking (...) sí se encuentran habilitadas para acceder y hacer uso de la misma, lo cual constituye una discriminación que genera efectos anticompetitivos", indica la demanda. 

Asimismo, agregaron que "la intrincada forma de operar" ha implicado un alza de costos operacionales y limitaciones a la calidad y comodidad del servicio que Mc Parking ha debido sortear. Y apuntaron a la existencia de una "unidad de intereses entre Nuevo Pudahuel y el Fisco de Chile a propósito del emprendimiento que se lleva a cabo por éstas en el mercado relevante de los servicios de estacionamiento de larga estadía o custodia".

"Según establece el Decreto Supremo de adjudicación de la concesión del Aeropuerto AMB, el Fisco de Chile recibe el 77,56% de los ingresos totales de la concesión 2, incluyendo los ingresos provenientes" de los servicios mencionados, señala el texto

Es por este motivo que la empresa solicitó al TDLC no solo multar a las demandadas por las infracciones indicadas, sino también permitir que la compañía "cuente con un acceso en términos competitivos a los terminales del Aeropuerto AMB mediante el pago de la tarifa correspondiente". 

Concesionaria acusa falsas premisas

Tras meses de espera, las demandadas finalmente respondieron a Mc Parking y descartaron los hechos imputados. La concesionaria Nuevo Pudahuel negó que ostente una posición dominante o haber abusado de ella. También rechazó que niegue el acceso a la infraestructura del Aeropuerto AMB y que determine condiciones de acceso a dicha infraestructura para impedir la operación de la demandante.

En este sentido, la controladora del Aeropuerto de Santiago afirmó que no ha creado artificialmente barreras a la entrada de McParking u otro operador de estacionamientos, y descartó la existencia de "beneficios asociados a Nuevo Pudahuel que justifiquen la aplicación de la multa solicitada en la demanda".

Además, la empresa citó las bases de licitación que regulan los servicios prestados por la concesionaria, y dijo que según lo establecido allí, "es la DGC, no Nuevo Pudahuel, quien está facultado para modificar la regulación y el área en donde se encuentran el Centro de Transporte y la Vía Controlada". De manera que "no depende de la concesionaria que las referidas infraestructuras sea modificadas para permitir el acceso de terceros que no cumplen con los requisitos para ingresar a aquella, tales como McParking, el cual opera mediante una categoría de vehículos privados que no están autorizados para ingresar".

Respecto de las "barreras anticompetitivas",  Nuevo Pudahuel calificó las acusaciones de McParking como "falsas" y sostuvo que existe un mal entendimiento de la regulación aplicable y del sistema de transportes del Aeropuerto AMB, así como también "un aparente desconocimiento de las obligaciones contractuales que tienen Centropuerto y Delfos como operadores para la prestación de servicios de transporte público para usuarios dentro del aeropuerto". 

Lo anterior, exponen, debido a que la vía controlada no se encuentra subutilizada, sino que cuenta con alta ocupación por parte de taxis y plazas asignadas. Por ello, argumentan que conceder acceso al transporte de pasajeros desde el estacionamiento de McParking al aeropuerto por medio de esta vía —por sobre otros tipos de transporte que tampoco cumplen con los requisitos de las bases de licitación para acceder a ella — sería no solo una violación al contrato de concesión, sino además una abierta discriminación arbitraria a favor de la demandante. 

Y, bajo este contexto, argumentaron que la multa a beneficio fiscal solicitada, que asciende a UTA 10 mil, resulta desproporcionada considerando que las conductas alegadas no produjeron el efecto supuestamente perseguido, el cual es excluir a McParking del mercado de servicios de estacionamiento o custodia de vehículos para pasajeros, y la empresa tampoco ha dejado nunca de operar desde que inició sus operaciones en el aeropuerto en 2018. 

DGC acude a excepción de prescripción

Por su lado, la DGC -representada por el Consejo de Defensa del Estado- expuso que sus obligaciones se resumen "fiscalizar el debido cumplimiento de las bases de licitación y el contrato de concesión", de manera que le corresponde a Nuevo Pudahuel explotar los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos contemplados. 

Bajo este contexto, la DGC señaló que "los incumplimientos a deberes específicos u omisiones de fiscalización (...) son verdaderamente materia de responsabilidad administrativa del respectivo funcionario o del Estado, lugar donde deberá determinarse si la omisión en el cumplimiento de un deber de fiscalización  genera responsabilidad, cuestión que corresponde determinar a los Tribunales Ordinarios de Justicia". 

Asimismo, la entidad acusó a Mc Parking de "pretender modificar el contrato de concesión", y en particular aquella referida a la gestión, administración y operación de estacionamientos públicos para vehículos. Sin embargo, la DGC opuso la demanda de excepción de prescripción, y sostuvo que si bien la demanda impugna y pide modificar las bases de licitación, el contrato de concesión y otros actos administrativos anteriores, "dichas acciones para impugnar tales actos se encuentran irremediablemente prescritas por haber transcurrido con creces el lapso de tres años que establece la ley". 

Es por esto que la entidad pidió al tribunal rechazar la demanda, debido a que no cumple los requisitos mínimos para condenar a la DGC por los ilícitos imputados, e indicó que las acusaciones "son elucubraciones artificiales y forzosas, en un intento de encuadrar el actuar diligente y estrictamente ceñido a la juridicidad de este servicio público a su fallida teoría del caso".