Gremio pide ampliar suspensión del instructivo de parcelaciones rurales ante nuevo criterio aplicado por el SAG

El instructivo del Ministerio de Agricultura que, en julio pasado, ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) endurecer los criterios para autorizar las subdivisiones de predios rurales, marcó un antes y un después para las parcelaciones rurales y la industria que gira en torno a ellas.

Si bien, tras una demanda presentada por el gremio de parceleros Chile Rural, la justicia decidió suspender temporalmente el instructivo, el SAG sostuvo que este oficio solo uniformaba criterios “respecto de facultades preexistentes y legalmente consagradas”, por lo que el servicio aún tendría la autoridad para exigir informes de otros órganos e instituciones antes de aprobar una subdivisión.

Y es precisamente Chile Rural, en el contexto de esa misma demanda, que sigue presionando para que la justicia suspenda de plano la aplicación de todos estos criterios. Los abogados Esteban Carmona y Felipe Riesco, en representación del gremio, presentaron un nuevo escrito al 7° Juzgado Civil de Santiago en el que piden ampliar la medida precautoria que suspendió el instructivo.

“La mera suspensión de los efectos que producen los actos administrativos impugnados”, dijo el gremio, se vuelve insuficiente si, en la práctica, “las propias demandadas han recurrido a otros medios para lograr el mismo efecto suspensivo que producían tanto el Ordinario 637 como la Circular 475, esta vez a través de una ‘no tramitación’ o ‘paralización de facto’ de la solicitud de certificación hasta que diversas instituciones evacúen informe sobre ciertas materias”.

Correos y querellas

Con esto, los abogados argumentaron a la justicia que “dicha circunstancia solo podrá ser superada imponiendo a la contraparte una clara y expresa prohibición de realizar actos que impliquen directa o indirectamente la aplicación de los actos administrativos impugnados”.

Junto con su solicitud, Chile Rural adjuntó una serie de correos electrónicos entre funcionarios del SAG y socios del gremio que solicitaron subdivisiones, donde se muestra el nuevo criterio del servicio. En ellos, miembros de distintas oficinas regionales del SAG responden que las subdivisiones deberán ser visadas por otras instituciones antes de ser autorizadas.

“Por ahora, resta esperar pronunciamiento de los servicios consultados para dar continuidad a la tramitación. Tal como se indicó a los asistentes a la audiencia Lobby del día de ayer”, dice un correo enviado desde la oficina de O’Higgins.

El gremio de parceleros incluso ha iniciado acciones penales. El 22 de marzo, se declaró admisible una querella ingresada en el Juzgado de Letras y Garantía de Cochrane, en contra de funcionarios del SAG de Aysén.

En esta arremetida, Green Capital –socia de Chile Rural- argumenta que, tras ingresar una solicitud de subdivisión, la dirección regional de Aysén ofició a distintos organismos públicos, para “dilatar la entrega de la certificación solicitada”.