Gobierno pisa el acelerador y define primeras propuestas para abordar la crisis alimentaria

Tras las primeras reuniones entre el gobierno, empresas, gremios y organismos internacionales, la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria (CNSSA) ya delinea sus primeras propuestas para abordar la contingencia en el sector.

Esta instancia nació luego de que la invasión de Rusia a Ucrania profundizara los altos niveles de inflación, alzas en los insumos e ineficiencias logísticas que aquejan al rubro, encendiendo las alarmas por una crisis alimentaria que ya se temía con el cambio climático.

“Hay un trabajo continuo para evitar prácticas que puedan atentar contra la libre competencia”.

Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura. Foto: Julio Castro

La mesa liderada por el Ministerio de Agricultura presentará un plan para esta contingencia el 15 de agosto, con el fin de “asegurar la disponibilidad y el acceso de los alimentos a la población durante este año”, dice Esteban Valenzuela, titular de la cartera.

La secretaria técnica de la Comisión y asesora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Andrea García, sostiene que “la situación alimentaria es de la máxima urgencia y el gobierno está consciente que se debe actuar con toda celeridad”.

Para ello, la planificación de la CNSSA se ha dividido en tres subcomisiones: Disponibilidad, Acceso y Logística. Si bien esta semana se realizará la última reunión de cada grupo, en las conversaciones ya se identificó una veintena de brechas y se acordaron ciertos lineamientos para abordarlas.

En general, entre las propuestas destacan ayudas para la agricultura familiar campesina como cobertura crediticia, nuevos instrumentos estadísticos, incentivos a las compras locales y fomentos a la asociatividad y las cooperativas.

El ministro afirma que, en paralelo, ya se han puesto en curso acciones concretas de incentivos económicos para la reactivación de cultivos tradicionales, créditos a tasas preferenciales y que se trabaja en la eficiencia del proceso logístico de algunas importaciones, como granos y fertilizantes.

Valenzuela remarca que, aunque las acciones de fomento están más vinculadas a los pequeños productores, “las empresas de mayor tamaño tienen un importante rol y prueba de ello es que en la Comisión participan productores pequeños, medianos y grandes”.

En la CNSSA han colaborado gremios de agricultores, proveedores, ferias libres, comercializadores y consumidores; empresas como SQM y Copeval; la FAO; y, además del Minagri y sus instituciones relacionadas, las carteras de Economía, Transporte y Salud y Banco Estado.

Un ojo en los fertilizantes

En la subcomisión de Disponibilidad, el primer diagnóstico es que existe un bajo acceso a capital frente al alto costo de insumos, por lo que se apuntaría a aumentar la cobertura para créditos y subsidios y generar capacitaciones financieras y de optimización en los recursos.

Asimismo, se ha hablado de una baja diversidad de mercados proveedores de insumos, por lo que, entre las medidas contempladas, está monitorear la transparencia en el mercado de fertilizantes.

“No solo en este mercado, sino que en todas las cadenas agroalimentarias, a través de Odepa, hay un trabajo continuo para evitar prácticas que puedan atentar contra la libre competencia”, afirma el ministro Valenzuela. Agrega que, en relación a fertilizantes, se implementó un panel de seguimiento de precios e importaciones, con el objetivo de que todo el sector tenga acceso a la información.

Por otro lado, la CNSSA baraja generar levantamientos de información por parte de actores privados y nuevos instrumentos estadísticos; atender a los productores con riego poco tecnificado -para así poder utilizar otras tierras con potencial productivo-, y aumentar los recursos en infraestructura de acopio para cooperativas.

García, de Odepa, señala que aún no existe un presupuesto consolidado para el programa, pero que las políticas más urgentes estarán priorizadas en la planilla del Minagri para 2023.

Acceso y logística

La mesa también trabaja medidas para la eficiencia en el consumo. García explica que, según la FAO, a nivel global se pierde cerca de un tercio de los alimentos y que la realidad nacional no sería distinta. “Se desperdician 63,3 kg por familia al año por distintos motivos, como mala planificación de la compra o mal almacenamiento”, dice.

Por eso, se daría urgencia a la Ley de pérdida y desperdicio de alimentos y se evalúan acciones como precios diferenciados para alimentos cerca de expirar y revisar las circulares del SII en relación a las donaciones de alimentos.

En cuanto a logística, la CNSSA ha observado baja capacidad de bodegaje y de priorización de descarga de alimentos e insumos en los puertos, además de falta de transporte para recibir dichos productos. Planea revisar las normativas y planificar estos procesos.

Las reuniones no han dejado de lado el tema de la inseguridad vial y se considera necesario aumentar el control en las carreteras y aumentar la fiscalización en la comercialización de productos robados.