Fiscal Nacional Económico criticó que borrador de la nueva Constitución pone en riesgo figura de delación compensada

A pocas semanas que la Convención Constitucional presente el borrador definitivo de la nueva Constitución, en el marco de su Cuenta Pública, el Fiscal Nacional Económico (FNE), Ricardo Riesco, sinceró su análisis respecto al documento que se está trabajando en comisiones para afinar sus últimos detalles.

En su análisis, pese a que el borrador no menciona expresa y directamente a la libre competencia, sostiene que lo hace al menos implícitamente e indirectamente al consagrar algunas de las prácticas habitualmente conocidas como anticompetitivas y al ordenar que la ley las sancione por ser contrarias al "interés social".

“Mediante la adopción de las regulaciones que recomiendan nuestros estudios de mercado, el Estado tiene, al alcance de su mano, una solución rápida y efectiva a buena parte de las demandas sociales que causaron el estallido social en octubre de 2019”.

De hecho, advierte que hay una norma constitucional que, de aprobarse en la nueva carta fundamental, podría significar "la necesidad urgente" de modificar el Decreto de Ley 211 que fija las normas para la defensa de la libre competencia.

Según explicó, como el borrador no modifica las normas de la ley de libre competencia relativas a la secuencialidad de la persecución penal por el delito de colusión y al otorgamiento definitivo del beneficio de la delación compensada, "la entrada en vigencia del artículo 386 del borrador de Nueva Constitución podría significar que, respecto de quienes ya hayan accedido o accedan a la delación compensada, podría iniciarse, o incluso terminar, un proceso penal por colusión sin que haya existido la instancia procesal que exige la ley actual para que se reconozca su exención de responsabilidad penal".

Este problema, explicó Riesco, no solo haría inviable la institución de la delación compensada sino que podría dejar en la indefensión a quienes ya han utilizado o utilicen este mecanismo.

Por esto, informó que solicitaron formalmente a la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional que someta al Pleno la posibilidad de dictar una norma transitoria relativa al inciso tercero del artículo 386 del borrador de Nueva Constitución, radicando de manera exclusiva y excluyente en la FNE el otorgamiento definitivo del beneficio de la delación compensada hasta que el DL 211 se adecue a la Nueva Constitución, en caso de ser aprobada.

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Estudios de mercados 

Sobre la promoción de la competencia en la regulación de los mercados nacionales, Riesco destacó el estudio sobre el gas que concluyeron el año pasado y el del mercado fúnebre sobre cementerios y funerarias que terminarán en diciembre de este año. 

En ese sentido, indicó que la Fiscalía ha seguido realizando estudios relativos a industrias que "el Estado ha dejado de regular o ha regulado mal". En estos casos, agregó, "el Estado de Chile ha omitido su rol regulador en beneficio de las personas". Por esto, insistió en que, "aunque sea largo y complejo, aunque parezca cuesta arriba, aunque haya fuerte oposición de los incumbentes, como Fiscalía seguiremos luchando para que el Estado de Chile implemente a la brevedad posibles regulaciones que incentiven la libre competencia en los mercados".

"Estamos convencidos de que, mediante la adopción de las regulaciones que recomiendan nuestros estudios de mercado, el Estado de Chile tiene, al alcance de su mano, una solución rápida y efectiva a buena parte de las demandas sociales que causaron el estallido social en octubre de 2019. Ya se han dado los primeros pasos a nivel del Poder Ejecutivo, ahora falta apurar el tranco en el Poder Legislativo", lanzó.

Otro tema relevante que mencionó el Fiscal, fue el "insuficiente" presupuesto destinado a la FNE, el cual es de alrededor de US$ 8 millones para los 109 funcionarios. Este monto, explicó, es un 5% menor al que tenían hace dos años y "no es siquiera remotamente proporcional a los ahorros para las personas y para el Estado que generan las actuaciones de la Fiscalía".

Aumentar el presupuesto, "es una necesidad que reviste la máxima prioridad institucional en un escenario complejo de mayores expectativas ciudadanas, de aumento explosivo de denuncias, de creciente otorgamiento de atribuciones legales sectoriales, de paulatino incremento de labores de fiscalización del cumplimiento de fallos, de incremento en la complejidad de los juicios producto del aumento de las sanciones establecidas en la ley y, también, de un aumento en la frecuencia de asistencia al Congreso", explicó.

Alza de precio

Ricardo Riesco abordó la situación económica actual del país en cuanto al incremento sustancial en los precios de un número importante de productos de primera necesidad durante el último tiempo. Junto con advertir que siguen este tema con "gran preocupación", reconoció que Chile está enfrentando la inflación más alta casi en tres décadas y que es posible que este fenómeno no amaine tan rápido como se quiere. 

En esta materia, indicó que además de las labores de vigilancia de precios que realizan, están analizando con "seriedad y detención" una importante cantidad de denuncias, particularmente de parlamentarios. Y aseguró: "Si se nos entregan o encontramos antecedentes de que el alza de los precios se debe a colusión u otra clase de infracciones a la libre competencia, la Fiscalía, como siempre, perseguirá a todas las personas jurídicas y a todas las personas naturales que fuese pertinente".