Empresarios piden al gobierno cambios a norma que favorece a pueblos originarios en borde costero

Los privados están en alerta. Si bien han planteado sus reparos a la Ley N° 20.249 que creó el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (Ecmpo), más conocida como Ley Lafkenche, hoy llaman al gobierno a implementar cambios, pues entre los gremios coinciden en que la norma solo ha servido para frenar proyectos.

Hay tanta inquietud, que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) han elevado sus cuestionamientos al gobierno central.

“Ya hicimos ver la situación. Todo esto está afectando la inversión porque provoca varios problemas”, afirma el gerente general de la CPC, Fernando Alvear.

Para el nuevo titular de la Sofofa, Bernardo Larraín, este ha sido uno de sus temas prioritarios. En un seminario realizado en Magallanes, el directivo planteó algunos ejemplos de mejoras regulatorias para industrias relevantes para la región como son la acuicultura y la pesca. “¿Cómo mejoramos la aplicación de la Ley Lafkenche?”, lanzó.

La respuesta no es fácil. La ley fue aprobada por el Congreso en 2008, y, con ello, se trasladó el conflicto indígena de la tierra al mar. La norma reconoce espacios reservados de costa para las comunidades indígenas que así lo reclamen y, con ello, cualquier otro proyecto productivo que se pretenda realizar en la misma zona -desde pesca artesanal hasta la construcción de un embarcadero- queda sujeto a procesos de revisión que se pueden prolongar por varios años.

Diversos gremios han presentado sus inquietudes al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Pero incluso han solicitado audiencia con el ministro del Interior, Mario Fernández, pero aún no han tenido respuesta, afirma el presidente de SalmonChile, Felipe Sandoval.

“El problema es crítico, pero no todos se han dado cuenta del problema real. Se necesita una decisión”, señala el directivo que representa a las principales empresas salmoneras del país.

Los cambios que se proponen

A juicio del abogado Rodrigo Benítez, del estudio Jara Del Favero, la ley es compleja en su implementación, porque la sola solicitud de los pueblos originarios suspende cualquier tramitación sobre el mismo espacio, sin importar el estado en que se encuentre.

“Como la solicitud no tiene requisitos de admisibilidad ni un límite de superficie, puede prestarse para fines especulativos porque se piden superficies de gran tamaño sin que necesariamente haya antecedentes de usos consuetudinarios”, afirma el jurista.

Más crítico es Mario Galindo, socio de Vergara Galindo Correa Abogados.

“En muy pocos casos esta ley ha sido utilizada para obtener un resultado de afectación para los fines que fue dictada. En general, esta ley ha sido utilizada como un bloqueo a los proyectos”, sostuvo.

“La autoridad nunca ha establecido criterios claros respecto a la implementación de esta ley. Hay más bien una responsabilidad estatal por como está formulada la ley; no es solo responsabilidad de la Conadi”, añadió.

Según Rodrigo Benítez, las modificaciones legales o reglamentarias son difíciles de implementar.

“Acá lo que se requiere es gestión de las autoridades para resolver en breve plazo este tipo de solicitudes y coordinarse mejor. No puede ser que se suspendan a veces por 2 años o más procedimientos administrativos (concesiones marítimas o renovaciones de las mismas) que muchas veces están por concluir. Ello va contra el principio de eficiencia que rige a la administración”, señaló.

Los dardos apuntan a la Conadi. “Acá el problema es que la autoridad (Conadi) no puede demorarse tanto en decir si hay usos consuetudinarios. No tiene sentido que una comunidad pida este uso por una bahía completa o lo que está pasando en Aysén donde piden grandes superficies”, señala un abogado que pide reserva de su nombre.

Pese a todo, desde el sector privado valoran la ley. “Todos tenemos que convivir, pero se debe perfeccionar la normativa”, dijo Felipe Sandoval. “Se debe apurar el proceso”, añadió.

Para los salmoneros, el problema radica en que se han congelado la entrega de nuevas concesiones para la relocalización. En el caso de las sanitarias y eléctricas, explican conocedores, la norma ha dilatado la construcción de ductos que desembocan en el mar y que cuentan con permisos ambientales.

En paralelo, las empresas deben convivir con la aplicación del Convenio 169 sobre pueblos originarios, que también ha frenado proyectos.

La OIT emitió un informe regional donde planteó las dificultades de implementar el convenio y sus propuestas a ser implementadas por el Estado (ver recuadros).

10 DIFICULTADES

1 RECURSOS PARA IMPLEMENTAR PROCESOS La inexistencia de recursos en el Estado para desarrollar procesos de consulta indígena hace que se deba recurrir a recursos concebidos para otros fines, dificultando y retrasando el desarrollo de consultas, destaca un informe de la OIT.

2 EXTENSA DURACIÓN Según el organismo, la falta de claridad respecto de cómo y cuándo se inicia un proceso de consulta por la ausencia de una resolución que dé inicio a la consulta, genera confusión.

3 PLANIFICACIÓN Se advierte que la falta de claridad en relación a su finalidad y alcance, genera diversidad de expectativas lo que entorpece el desarrollo de las consultas.

4 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL La existencia de diferentes criterios que han emanado de las autoridades y organismos sectoriales produce demoras y ampara la dictación de pronunciamientos erráticos, arbitrarios o cambiantes, generando confusión.

5 ROL DE LOS TITULARES Se evidencia la falta de un espacio establecido y regulado para la participación de los titulares en el desarrollo de una consulta.

6 DISCRECIONALIDAD Si bien las normativas vigentes entregan mayor certeza sobre qué medidas deben consultarse y cuándo, todavía existe un espacio importante de discrecionalidad en esta decisión, dice la OIT.

7 FALTA DE DIÁLOGO La implementación de los procesos de consulta para proyectos de inversión, debe enfrentar la necesidad de reconstruir confianzas.

8 EXPECTATIVAS Existen altas expectativas sobre el derecho a consentimiento previo que podría entregar la consulta indígena para proyectos de inversión, lo que contrasta con la realidad de la aplicación. Esto incrementa la desconfianza

9 INFORMACIÓN Se evidencia la falta de información pública y sistematizada sobre las organizaciones indígenas.

10 PROYECTOS QUE NO INGRESAN AL SEIA Existe falta de claridad e información sobre cuáles son las iniciativas que se consideran como medidas de discrecionales para estos efectos, y que por ende deben consultarse de acuerdo a la legislación Chilena.

10 PROPUESTAS

1 ESTABLECER PRESUPUESTOS La OIT plantea que se releva la importancia de establecer presupuestos específicos que le permitan al Estado implementar procesos de consulta de manera responsable.

2 ASESORÍA PUEBLOS INDÍGENAS Se considera importante avanzar en un sistema de capacitaciones para que las organizaciones indígenas puedan formar asesores entre sus propios miembros, o a través de la creación de un fondo para la contratación transparente y responsable de estos asesores.

3 CONVOCATORIA Definir el alcance de la resolución de inicio de un proceso de consulta. En muchas ocasiones las organizaciones reclaman no haber sido invitadas a participar del proceso.

4 CONSULTAS DE FORMA TEMPRANA Se propone estudiar un mecanismo voluntario para promover la aplicación temprana de la consulta indígena.

5 UNIFORMAR CRITERIOS Elaborar guías de aplicación que entreguen directrices a los organismos públicos sobre cómo debe cumplirse la obligación de consulta.

6 ENTE COORDINADOR Creación de un ente coordinador de la institucionalidad estatal en materia de implementación de consulta indígena.

7 ESPACIOS FORMALES Se recomienda incorporar a los titulares de proyectos en las distintas etapas de los procesos de consulta.

8 PROMOVER CONSENSOS Se hace necesario que el Estado impulse procesos de diálogos permanentes e institucionalizados.

9 DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN Estos procesos deben contar con expertos sobre el Convenio 169.

10 SOCIOS ESTRATÉGICOS Se recomienda que las medidas implementadas consideren a las organizaciones indígenas en un proceso asociativo de corto, mediano y largo plazo.