Alza de costos de materiales y/o insumos, el ciclo económico, las variaciones en las tasas de interés y el tipo de cambio. Estos son algunos de los factores que tradicionalmente observan las empresas, pero en el último tiempo se han sumado otros, los que amenazan incluso con poner en jaque su operación.
Al revisar los reportes de empresas de distintos sectores es posible advertir riesgos que persisten y que, prácticamente, son transversales. Uno evidente es el riesgo regulatorio. En energía, un ejemplo es CGE que en 2021 lo instaló en sus reportes con amplio detalle, lo que coincide además con la intensa agenda legislativa que ha caracterizado al sector. Entel describe en profundidad este riesgo donde pone atención a la propia Ley General de Telecomunicaciones, respecto de la que -dicen- “en los últimos años es posible advertir modificaciones importantes en el marco regulatorio”.
En la misma línea, en el sector salmonero, Camanchaca monitorea la nueva ley de pesca ingresada por el Ejecutivo al Congreso y propuestas que buscaban crear limitaciones a las siembras de salmones en áreas protegidas, aunque no existiera vínculo entre el objeto de protección y el cultivo de salmones: “En el futuro estas iniciativas podrían prosperar y eliminar o encarecer la actividad acuícola en estas áreas”.
Dreams y Enjoy no se quedan atrás. En el caso de esta última sigue eventuales cambios en las regulaciones y cambios regulatorios que puedan afectar las industrias en que opera la sociedad como, por ejemplo, leyes que restrinjan el consumo de algunos productos, como cambios en la ley de tabaco y ley de alcoholes.
Pero también se posiciona la permisología. En su último reporte, Ingevec recalcó que últimamente se ha visto cuestionada la seguridad jurídica de los permisos de edificación. Además, aseguró que, durante los últimos años, ha visto mayor dificultad para adquirir terrenos, lo que atribuyó a una menor oferta disponible y dificultades en la obtención de permisos, así como una menor accesibilidad a financiamiento por parte de las instituciones bancarias. Mientras, Socovesa indicó que los gobiernos de turno y los cambios que periódicamente propician algunos alcaldes generan incertidumbre producto de posibles modificaciones de los planes reguladores y otras variables que afectan a la industria de la construcción, lo que se le suma a la permisología en la industria y su “impacto en el aumento de costo de las viviendas”.
En este punto es relevante complementar que Colbún ya en 2015 advertía que, además de desafíos de incorporación de nueva infraestructura, “existen largas e inciertas tramitaciones ambientales seguidas de procesos de judicialización de las mismas características”. “Lo anterior ha resultado en una menor construcción de proyectos de tamaños relevantes”, indicaban.
El cambio climático pasó a incluirse en los reportes de algunas empresas -como CGE- como un riesgo en sí mismo, separado del riesgo medioambiental.
La firma productora de salmones, Aqua Chile, si bien en junio de 2019 sólo se refería a posibles cambios en la legislación ambiental, en junio de este año ubicó el cambio climático como un riesgo.
Los incendios, escasez de precipitaciones, plagas y efectos del cambio climático son advertidos también por Celulosa Arauco.
Incluso, Paz Corp ya reconoce que “no desarrollan proyectos en ubicaciones costeras o con riesgo de inundación, las cuales a futuro podrían ser afectadas por los efectos del cambio climático”.
Entre los nuevos peligros, mientras Carozzi incorporó en 2023 a sus reportes los ataques a colaboradores o a las instalaciones “provocados por organizaciones, grupos o individuos que pretenden hacer valer posiciones políticas o de otra naturaleza”, CMPC detectó que “el aumento de los casos de ataques cibernéticos y la delincuencia informática en el mundo, representan un riesgo potencial. Pero hay sectores que encienden, no solo alertas, sino también son un termómetro de sus propias crisis.
Mineras ven riesgos geológicos, geopolíticos y regulatorios
A un amplio abanico de riesgos están expuestas las grandes mineras que operan en Chile: desde peligros físicos que afecten las operaciones, como catástrofes, fallas en las minas, hasta problemas regulatorios, corrupción y relaciones con las comunidades circundantes.
En el caso de Antofagasta, del grupo Luksic, la compañía identificó los mayores riesgos en el pilar estratégico “sostenibilidad y seguridad”, a saber: la salud ocupacional de los trabajadores; la gestión ambiental, los desafíos del cambio climático; las relaciones con las comunidades; los asuntos políticos, legales y regulatorios y la corrupción. Todos ellos fueron considerados con prioridad “alta” ´por la empresa.
La compañía aumentó la importancia dentro de su matriz de riesgos de las decisiones tomadas por vía administrativa o judicial por las autoridades debido a la nueva “Ley de Delitos Económicos”: pasó este ítem de ser “moderado” a “significativo”.
A su turno, Anglo American -que en Chile opera Los Bronces, El Soldado y Chagres- reportó que al primer semestre de este año que sus principales incertezas y riesgos son las catástrofes, ya sea falla en los tranques de relaves, problemas geotécnicos, problemas en las minas, explosiones, incendios, así como desastres naturales, precio de los productos, ciberseguridad, riesgos geopolíticos, problemas con las comunidades y las relaciones sociales, la seguridad, corrupción, regulaciones y permisos, escasez de agua, cambio climático y futura demanda de minerales.
En el caso de Codelco, la compañía informó como sus principales peligros el envejecimiento y la riqueza decreciente de los actuales yacimientos, las nuevas exigencias en sustentabilidad y creación de valor social, los mayores gastos de capital y complejidades de los nuevos proyectos, la ausencia de quiebres tecnológicos relevantes, así como los mayores riesgos geopolíticos que pueden afectar la cotización de los commodities e interrumpir la cadena de suministros, además de problemas climáticos.
SQM vislumbra riesgos principalmente financieros, derivados de los distintos mercados donde opera. Un caso especial son las fluctuaciones en las tasas de interés, producto principalmente de la incertidumbre respecto del comportamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos, indicó la firma minera. En ese sentido, SQM informó que al 30 de junio de 2024, aquellos préstamos a largo plazo que están sujetas a una tasa SOFR (del instituto emisor norteamericano) son los suscritos con Bank of Nova Scotia y préstamos del Banco Santander/Kexim.
La inestabilidad del sector salud tras postergación en los pagos por parte de las isapres
Uno de los puntos que se ha recalcado en la discusión sobre la crisis de las isapres es que el asunto se expande más allá de las aseguradoras privadas, permeando a otros actores del sector salud, y así lo han hecho ver algunas compañías en sus estados financieros.
Una de ellas es Empresas RedSalud, conjunto de prestadores ligado a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que alude directamente a los fallos de la Corte Suprema que obligaron a las isapres a ajustar sus planes a la tabla de factores única y anular las alzas por concepto de primas GES. Así, respecto a la crítica situación financiera de las aseguradoras, señala a la CMF que esto “afectará la cobrabilidad de las cuentas por cobrar”.
Cinco años atrás, la misma empresa sostenía que las isapres presentaban “un mínimo nivel de morosidad”, lo que hoy se ha convertido en saldos por cobrar por $14.714 millones a estas instituciones. “Se debe considerar los efectos en capital de trabajo que podrían derivar de una posible crisis de solvencia del sistema Isapre, respecto a esto el Grupo constantemente realiza análisis de la situación financiera, construyendo proyecciones de flujos de caja y del entorno económico con la finalidad de conseguir nuevas fuentes de financiamiento para reestructurar las obligaciones existentes a plazos que tengan un mayor calce con la generación de flujo, en caso de ser necesario”, reporta RedSalud.
Clínica Indisa también menciona esta postergación de pagos en sus estados financieros, que consiste en el “riesgo inherente asociado al aumento en los días calle de las cuentas por cobrar asociado principalmente a las aseguradoras privadas (Isapres) y sector público (Fonasa y Servicios de Salud) y copagos provenientes de deudas de los pacientes”. De esta manera, apunta a la “contingencia actual de las aseguradoras privadas”, para la cual “la administración monitorea constantemente el proceso de bonificación de cuentas, como así mismo, el pago de las facturas asociadas, cuyo tiempo promedio ha aumentado concentrándose los pagos en los últimos días hábiles de cada mes”.
El brazo financiero de la CChC, Inversiones La Construcción (ILC), matriz de Consalud, también hace un recuento de la trama regulatoria que ha puesto en riesgo a las isapres. “A partir de 2019 una serie de modificaciones han sido implementadas por la Superintendencia de Salud”, resume ILC, además de enumerar hitos que van desde el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales las tablas de factores que usaban las isapres, hasta las recientes sentencias de la Corte Suprema.
Crisis del sector construcción abre nuevos frentes para empresas del rubro
Las empresas inmobiliarias y de la construcción están atravesando una etapa crítica, marcada por una evolución en los riesgos que enfrentan. Hasta hace pocos años, el foco principal estaba en el aumento del costo de los materiales e insumos, riesgos en el ciclo económico y liquidez, una situación que había sido recurrente en sus informes al regulador. Sin embargo, la crisis actual ha generado un cambio en las amenazas a las que estas firmas deben hacer frente. Ahora las compañías sumaron en sus reportes los cambios en los planes reguladores, la seguridad jurídica, la permisología y los efectos del cambio climático.
En su último reporte, Ingevec recalcó que últimamente se ha visto cuestionada la seguridad jurídica de los permisos de edificación. Además, la compañía aseguró que, durante los últimos años, ha visto mayor dificultad para adquirir terrenos, lo que atribuyó a una menor oferta disponible y dificultades en la obtención de permisos, así como una menor accesibilidad a financiamiento por parte de las instituciones bancarias.
Por su parte, Socovesa recalcó que los gobiernos de turno y los cambios que periódicamente propician algunos alcaldes generan incertidumbre producto de posibles modificaciones de los planes reguladores y otras variables que afectan a la industria de la construcción, lo que se le suma a la permisología en la industria y su “impacto en el aumento de costo de las viviendas”.
Respecto a los efectos del cambio climático, Echeverría Izquierdo comentó que actualmente está expuesto a una serie de riesgos ambientales en los desarrollos de sus diferentes actividades. “La sociedad se puede enfrentar a contingencias, como demandas medio ambientales por parte de organismos fiscalizadores y/o demandas colectivas de comunidades que se encuentren afectadas o amenazadas por factores ambientales de diverso origen, los que junto con variables de vulnerabilidad social y económica pueden ocasionar desastres”.
Paz Corp también aprovechó en sus resultados hablar sobre este frente. En el documento la firma declaró que los efectos asociados con el cambio climático también podrían impactar el desarrollo de sus proyectos, especialmente en temas relacionados con restricciones hídricas y energéticas. Asimismo, agregó que la estrategia de desarrollo de proyectos de Paz se enfoca en ubicaciones urbanas con acceso a factibilidades de agua y de electricidad; y a su vez, “no desarrollan proyectos en ubicaciones costeras o con riesgo de inundación, las cuales a futuro podrían ser afectadas por los efectos del cambio climático”.
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