Designación de jueces de Tribunales Ambientales ha demorado 1,4 años en promedio

Hoy se cumplen siete años desde que se publicó la ley que crea los Tribunales Ambientales, organismos especializados que operan en Antofagasta, Santiago y Valdivia.

Los cuestionamientos que han surgido a raíz de algunas de sus decisiones -como con Mina Invierno-, son parte de los temas que han debido enfrentar, donde la falencia más visible ha sido la demora en el nombramiento de sus ministros. Por ejemplo, desde agosto hasta la fecha, el Tribunal Ambiental de Santiago mantiene dos vacantes.

Un análisis del centro de estudios Observatorio Judicial, que midió el tiempo que han tardado los nombramiento de 12 ministros que han sido designados entre 2014 y 2018, ha implicado un plazo de 496,75 días -equivalente a 1,4 años-, lo que además es contado desde la conformación de la quina por la Corte Suprema hasta la ratificación por parte del Senado.

El emblema de todo esto sigue estando en el Tribunal Ambiental de Antofagasta que, si bien debía estar operativo el 28 de junio de 2013, los cinco ministros fueron nombrados recién el 12 de julio de 2017.

Los ministros Daniel Guevara, Marcelo Hernández y Mauricio Oviedo vieron pasar 974 días entre que se conformó la quina y se ratificaron, de los cuales 924 fueron aportados por el gobierno y el Senado.

Y no es el único. En el de Santiago -que está a 60% de su capacidad-, su actual presidente demoró 553 días en ser nombrado.

Para el centro de estudios, este último tribunal sería el más afectado por los nombramientos, porque durante cinco años tuvo que absorber mayor carga de trabajo, dado que Antofagasta no estaba funcionando.

El nombramiento de los ministros ambientales se realiza bajo lo que estipula el artículo 2 de la ley que crea los tribunales. A través de un concurso público, el Consejo de Alta Dirección Pública propone una lista de máximo ocho candidatos a la Corte Suprema, luego el máximo tribunal confecciona una quina y posteriormente el Presidente de la República selecciona un candidato, el cual debe ser ratificado por 3/5 de los senadores en ejercicio.

¿Pero qué explica esta demora? Para el investigador del Observatorio Judicial, Juan Francisco Cruz, es difícil definir plazos “normales” y en ese sentido la razonabilidad del plazo está determinada por los recursos de un tribunal para hacer frente a una vacancia sin alterar sus funciones. Por ejemplo, la Corte Suprema cuenta con una alta cantidad de abogados integrantes para suplir vacantes, mientras los Ambientales sólo cuentan con dos ministros suplentes.

“Si uno analiza el plazo de nombramiento para la Corte Suprema, desde la elaboración de la quina hasta la ratificación del Senado, el tiempo que transcurre es de 82 días, es decir, seis veces menos que en los Tribunales Ambientales”, dice. Lo anterior, considerando que el mecanismo de nombramiento tiene similitudes, como la conformación de una quina, la elección del presidente, y ratificación de la Cámara Alta.

Hasta ahora, la principal demora ocurre en la elección del candidato por parte del Presidente, que representa el 84% del tiempo.

El Observatorio asegura que las demoras “repercuten en una justicia ambiental expedita, lo cual impacta en el desarrollo de proyectos de inversión. Desde la creación de estas instancias, se han judicializado proyectos por US$ 30.622 millones”.

Cruz dice que hay tres causas que explican la demora en los nombramientos: la cantidad de instituciones involucradas, los requisitos que deben cumplir los postulantes y el que la ratificación en el Senado exige un acuerdo político que tarda en producirse debido a la sensibilidad frente a estos temas.

El profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero, plantea que más que una reforma, “el Senado tiene que advertir que tiene una muy mala práctica que ha llevado a la demora de estos nombramientos”.

El exsubsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, reconoce que es “inexplicable” que se demoren tres años en nombramientos. En esa línea, plantea que tiene que haber un sistema donde los procesos de selección empiecen quizás antes de finalizar el cargo. “Hay demoras relevantes y eso hace que la justicia a veces no sea oportuna”, advierte.