Cinco fallecidos en un centro de eventos en Lampa fue el hecho que volvió a instalar en los últimos días la crisis de seguridad en la cúspide del debate político.
En medio de la espera por nuevas respuestas, el Presidente de la República, Gabriel Boric, dio a conocer -entre otras medidas- la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad. Lo sucedido revela que la delincuencia también ha avanzado a los sectores rurales, posicionándose en las afueras de la Región Metropolitana y en las regiones, donde justamente operan o tienen instalaciones diversas empresas.
Además, la búsqueda de soluciones para mitigar este fenómeno ha terminado por presionar a todos los actores, sean o no autoridades.
Este lunes, en el marco de una reunión de la Asociación Chilena de Municipalidades y subsecretarios del Interior, los alcaldes de zonas rurales exigieron ser considerados en el plan de seguridad de la Región Metropolitana. A lo que se suma, según consignó La Tercera, un cónclave que está organizando para el próximo martes el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, con los 52 alcaldes
En tanto, las empresas siguen resintiendo los efectos de la oleada de delincuencia que no da tregua y donde siguen reforzando las medidas para enfrentarla, al tiempo que -incluso- las propias autoridades ya están pidiendo ayuda en este combate ante delitos cada vez más violentos y esfuerzos que se ven sobrepasados en ciertas zonas del país. La minería esconde un conflicto que ilustra dicha tensión, luego que las autoridades las instruyeran a sumar guardias armados.
Gremio portuario advierte que ataques están afectando la cadena logística
“Mejorar la seguridad en los puertos es un tema que venimos planteando desde hace tiempo. Hace cinco años no imaginábamos el nivel de penetración del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Por eso mismo, es fundamental que todos los puertos del país cuenten con tecnología para la detección y control de la carga ilícita”, asegura la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport). En esa línea, el gremio detalla que los permanentes ataques a camiones, instalaciones portuarias y recintos de almacenamiento están afectando la cadena logística. Y advierten: “Sólo en recintos de almacenamiento, hemos sufrido daños por US$ 9 millones en los últimos tres años”.
Mineras rechazan decreto de Interior que las obliga a usar guardias armados, mientras sube robo de cátodos y vehículos
La seguridad se convirtió en un tema de conflicto entre las empresas mineras y el Ministerio del Interior.
En noviembre de 2023, la cartera decretó mediante una resolución que las empresas de la gran minería -Escondida de BHP; Los Pelambres, Antucoya y Zaldívar de Antofagasta Minerals; Quebrada Blanca de Teck; Candelaria y Caserones de Lundin, Enami, entre otras- así como varias de la mediana minería -como Pampa Camarones, Atacama Kozan, Pucobre, Ojos del Salado, Minera Guanaco y Minera Cruz-, tenían la calificación de entidades estratégicas, obligándolas a contratar vigilancia armada para la custodia de las operaciones. Todas las compañías iniciaron un peregrinaje en tribunales para apelar a la resolución, con resultados positivos: hasta ahora, los fallos de las cortes de apelaciones les han sido favorables.
La propia Enami declaró en tribunales que no correspondía ser declarada estratégica por la “baja incidencia de delitos, no se maneja dinero en efectivo en las plantas, cuenta con planes robustos de seguridad y equipos especializados y la escala de operaciones es mucho menor a la de la gran minería”.
Otro de los argumentos esgrimidos por las mineras es que con esa resolución, el Ministerio de Interior y Seguridad abandona su rol. Explican en el sector que las compañías no desean personal armado en sus instalaciones ni contribuir al problema que suponen las armas en nuestro país. Hacen ver que el uso de armas puede no ser efectivo para repeler los robos y sí propiciar una escalada de violencia en zonas lejanas y de difícil acceso como son las grandes faenas mineras. El abogado y experto en seguridad, Mauricio Murillo, explicó que la renuencia a usar vigilantes armados es tanto por el mayor costo como por la complejidad operacional de usar armamento.
En todo caso, la inseguridad también aqueja a las compañías, que han debido tomar medidas adicionales como uso de drones de vigilancia, cámaras, blindaje de las camionetas, control de acceso biométrico, entre otras.
Cristián Argandoña, gerente general de Minera Las Cenizas, afirma que en 45 días fue objeto de cuatro robos, señaló que no han tenido incidentes porque han incrementado “la vigilancia con drones, patrullaje en la carretera y los caminos de acceso a la planta así como la construcción de zanjas perimetrales”.
El ejecutivo, también vicepresidente de Sonami, señala que “los robos de cátodos y camionetas está en aumento si lo comparamos con años anteriores”. De hecho se preguntó “cómo no ha sido posible dar con los receptores de estos materiales, que no que no se venden en la feria libre, tiene que haber empresas o sistemas para reducir esos cátodos o sacarlos al mercado hacia el exterior y para eso hay que darle todo un vehículo de exportación”. Argandoña dijo que “no entendemos cómo no hay control sobre eso cuando las empresas mineras son fiscalizadas para determinar el origen de su producción”.
Según ejecutivos de la industria, en 2023 se desbarató una organización criminal que mezclaba cátodos con chatarra y la exportaba a China y Perú. Pero existirían varias bandas operando con un método similar. En la región de Tarapacá y Antofagasta, el delito que más los afecta es el robo de camionetas mineras, que se sacan del país y se comercializan en Bolivia o se desarman en Chile y se venden por piezas, dijo Argandoña.
Suben violencia en regiones y gasto antidelincuencia en torno a Santiago
La última encuesta de la CNC, al cierre de 2023, alertó que la victimización del comercio no solo había subido en Santiago, sino que detectó alzas significativas en ciudades como Antofagasta y Temuco. “Hoy se da cuenta de una violencia que no se da solo en las grandes urbes, también en sectores rurales”, dice el coordinador del Observatorio de Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS), Sergio Morales. En cuanto a la capital, explica que más allá de la cantidad de delitos, los más violentos -que involucran intimidación o uso de la fuerza-, se ven más en sectores periféricos como Quilicura, Nos (San Bernardo) o El Salto (Recoleta), donde abundan las bodegas, fábricas o centros de distribución.
Y de ahí, surge un problema de índole laboral. “Los trabajadores que presentan servicios en lugares muy alejados, se exponen a ser víctimas de delito, es una parte de los riesgos que van asociados al traslado entre su domicilio y el lugar de trabajo”, dice, y añade que en algunas zonas la demanda de trabajo ha bajado por causa del miedo a la delincuencia.
Según la encuesta del gremio, un 54% de los encuestados tiene gastos fijos mensuales en seguridad, independiente del tamaño de las compañías: las pequeñas y las microempresas, en promedio, gastan $ 590 mil y $ 340 mil respectivamente.
En el ámbito del bodegaje, el vicepresidente de la firma de servicios inmobiliarios Colliers, Reinaldo Gleisner, señala que la inversión en seguridad es progresiva y que las bodegas aisladas ya no son viables: “Se requiere agruparlas para tener un mayor control”. Estima que las medidas de seguridad representan entre un 15% y 20% de costo adicional al momento de construir, además de los mayores gastos operativos, que podrían ascender incluso hasta el doble. Con todo esto, subraya que ya hay bodegas que “asemejan fortalezas”, con vigilancia por drones, fosas y elementos para inhibir el acceso de vehículos no autorizados.
Gleisner concuerda con que la situación de los trabajadores es compleja y que su protección es determinante para decidir la ubicación de las bodegas. Si los medios de transporte público no dan seguridad, la compañía debe disponer de los medios para el traslado de las personas, plantea. Y si bien considera que el apoyo policial en terreno mejora el clima de seguridad, argumenta que las medidas de prevención siempre serán responsabilidad del operador de las bodegas. “A mayor valor de lo almacenado, más fuerte y más probable será el ataque delictual”, postula.
Robo de cables y daño a infraestructura crecen en energía y telecomunicaciones
Los sectores de telecomunicaciones y de energía también son blanco para la delincuencia. El presidente de Chile Telcos, Alfie Ulloa, aseguró que el gasto en seguridad de las compañías se ha triplicado en los últimos cinco años para poder evitar tanto el robo de cables de cobre, como de cualquier elemento que pueda ser reducido en el mercado informal. Ulloa afirmó que en zonas rurales el robo de los insumos que forman parte de las instalaciones en sitios móviles es el más común y que “esto ha requerido implementar nuevos mecanismos de seguridad”.
En el sector energía, Empresas Eléctricas indica que el robo de cables creció 20% en 2023 y superó los 600 kilómetros de líneas. Su director ejecutivo, Juan Meriches, sostiene que “se requiere tratar este delito con un estatuto jurídico especial, como en el caso del robo de madera”. Por su parte, el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, alerta que “en los últimos tres años hubo tres incidentes registrados contra infraestructura de transmisión eléctrica donde se ha identificado el uso de explosivos, en situaciones atribuibles a terceros que no se registraban hace más de dos décadas”.
Forestales: robos de madera caen 68%, pero preocupan atentados incendiarios
Las forestales han sido víctimas de delitos como “el robo de madera, usurpaciones, atentados e incendios intencionales, han llevado a una crisis, especialmente a las pequeñas empresas, que requiere de medidas urgentes por parte del gobierno”, explicó la gerenta general de Corma, Victoria Saud.
Pero hay avances. “La ley de robo de madera, que se promulgó en 2022, ha permitido reducir en un 68% el número de robos, en un 86% la superficie afectada y en un 95% el volumen de madera robada”, señaló. El peak de sustracciones fue en 2021, cuando se robó madera por casi US$ 92,4 millones, pero en 2023 el delito cayó a US$ 5,7 millones. No obstante, “nos siguen preocupando los atentados incendiarios, como el ocurrido recientemente en Curacautín” dijo.
Saud indicó que las orgánicas radicales que operan en la zona “no se han desarticulado”, e indicó que para el gremio es muy importante la ley de incendios que está en trámite legislativo.
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