Conexión Kimal-Lo Aguirre: “La autoridad podrá ver que el proyecto hizo un esfuerzo por disminuir su intervención”

A poco más de un año del ingreso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la megalínea Kimal-Lo Aguirre, que unirá Antofagasta y Santiago e involucra una inversión de unos US$ 1.500 millones, el 22 de noviembre la empresa Conexión Kimal-Lo Aguirre ingresó la primera adenda, que responde tanto a las observaciones del Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara) presentado por los organismos del Estado que participan del proceso, como a las observaciones recogidas en la participación ciudadana.

Para la gerenta de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Conexión Kimal-Lo Aguirre, Carola Venegas, este paso “constituye un gran hito”. “La autoridad tendrá la oportunidad de ver que el proyecto hizo un esfuerzo por disminuir su intervención. Fuimos muy flexibles respecto de la evaluación de los impactos. Es decir, hay elementos que a este proyecto le toca enfrentar y que no eran parte de la historia de la evaluación ambiental”, aseguró. A esto alude el cambio climático.

“Creo que, en general, el proyecto nunca tuvo oposición. De hecho, lo más similar que llegamos a ver fue ‘me gustaría que tuviese ajustes’”.

Enfatizó que no menosprecian ninguna observación de la comunidad: “No sacamos nada con ser un país carbono neutral, que conserva su biodiversidad, si esto se genera en el marco de conflictos sociales”.

“Hoy tenemos un nivel de fortaleza de proyecto muy grande, tenemos nuestro Capex casi todo asignado con contratos (...) Sentimos que tenemos un proyecto bien definido, con alto nivel de detalle”, recalcó.

La adenda incluyó información adicional y ajustes. Ante la alerta que levantó en su momento la Conaf, Venegas admitió que tienen muy claro que, por las características de la obra, las observaciones más claves del proyecto tienen que ver con esta entidad. Y destacó que, por ejemplo, evitaron la afectación de 222 monumentos arqueológicos, es decir, un 40% menos de lo que presentaron en el EIA.

Sobre si el ajuste en el trazado, que implica un leve cambio a 1.346 kilómetros en la extensión de la línea de transmisión, respondió a la oposición que se levantó en el Valle del Elqui aseguró: “No me gusta hablar de oposición, porque creo que en general el proyecto nunca tuvo oposición. De hecho, lo más similar que llegamos a ver fue ‘me gustaría que el proyecto tuviese ajustes’, pero en ningún caso rechazo al proyecto. Y eso es bien relevante”.

En cuanto a eventuales acuerdos firmados con comunidades que habían criticado el trazado original, dijo que esto es difícil tenerlo como con un acuerdo. Pero reconoció que, también habiendo hecho todos los esfuerzos, “no sé si necesariamente vamos a encontrar el 100% de aprobación o conformidad con el proyecto”.

Sobre si los ajustes al trazado que ahora proponen viabilizan la obra, dijo: “Pasamos un proceso eleccionario y el proyecto no estuvo en la discusión en 35 comunas, en las cinco regiones. Eso es una señal”. Lo anterior, considerando 28 comunas del trazado, más las siete de transporte de carga sobredimensionada.

Venegas afirmó que el proyecto avanza conforme a su cronograma en todas sus dimensiones. Les gustaría comenzar la construcción a más tardar el primer trimestre de 2026. “No tenemos antecedentes hoy a la vista que den cuenta de la necesidad de postergar el inicio de operación”, previsto para 2029.

De los 11 hitos de cumplimiento establecidos en la base de licitación, ya se cumplió el hito relevante 2 y el 1 se sellaría en febrero 2025. Tras el ingreso de la primera adenda, que ven como una nueva oportunidad de tener observaciones, ya trabajan de cara a la segunda. E incluso con la posibilidad de una adenda extraordinaria, estimaron posible obtener la Resolución de Calificación Ambiental en los plazos.

El 27 de noviembre, el SEA emitió la resolución que da inicio a una nueva etapa de participación ciudadana en las comunas donde el proyecto presenta modificaciones o ajusta los impactos significativos, lo que debiese extenderse hasta principios de enero.Mientras, en paralelo, continúa la consulta indígena. Considerando que la empresa declaró nuevos impactos significativos con comunidades indígenas, se prevé que se sumen nuevas comunidades. 

Entre otras actividades, dos de las cinco solicitudes de concesión eléctrica necesarias ya han sido admitidas a trámite. Precisó que el 55% de los predios por donde se emplazan las estructuras son fiscales. Y, del restante, 17% ya está con contrato o con acuerdo firmado y un 24% aún en negociación.

- ¿Qué tan difícil ha sido esa negociación con los propietarios?  

- Es un proceso que, si bien pudiese ser controversial,  no hemos visto que constituya hoy un foco de atención. Por supuesto que esto puede ir cambiando y a veces son estrategias de negociación, etcétera, pero estando ya en el mes 30 de desarrollo del proyecto desde el decreto de adjudicación, es una buena evaluación para poder prospectar lo que pueda venir. 

- ¿Han enfrentado especulación o negociaciones complejas?  

- No, para nada. Es fácil identificar eso más allá de lo que pueda decir, porque cuando se generan esos espacios especulativos, en el fondo se utilizan un montón de instrumentos y no es lo que hemos visto, ni es tampoco lo que está a vista de toda la ciudadanía. Para nosotros el mantener los costos del proyecto es un tema ético. Básicamente porque este es un proyecto que va a ir a la cuenta de la luz. Somos serios al momento de negociar, de establecer medidas.

- ¿Son preocupante la oposición o las críticas que puedan salir?

- Vamos a estar siempre disponibles para el diálogo y para generar estos procesos de atender observaciones y explicar el por qué de nuestras decisiones.Y eso no necesariamente implica un 100% de aprobación. (...) Vamos a seguir dialogando porque este proyecto se tiene que dar en un marco de aceptación social.