Colusión de los gases: Indura y su exgerente general contestan a la FNE y acusan que investigación fue “larga pero deficiente"

Han pasado unos cuatro meses desde que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció una colusión entre Indura y Linde, los dos principales actores del mercado de los gases industriales, medicinales y especiales (como oxígeno, nitrógeno y argón) en Chile.

La FNE ingresó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en el que señaló que las dos empresas tenían un pacto de “no agresión”, mediante el cual no se disputaban los clientes para así implementar alzas de precios. Linde y sus ejecutivos acusados -Sergio Novelli y David Lori- se acogieron al programa de delación compensada y admitieron los hechos, quedando exentos de responsabilidades penales y multas.

Sin embargo, Indura y su exgerente general, Marcelo Torres, han negado tajantemente los hechos y, esta semana, por separado, contestaron con dureza al requerimiento de la FNE.

“Si esa hubiera sido la motivación de los ejecutivos, los precios de los gases medicinales de Indura se hubieran incrementado en términos reales (tal como sucedió en otros países)”, dijo Indura.

Representada por el abogado Claudio Lizana, la compañía acusó a la Fiscalía de haber llevado una “larga pero deficiente investigación” y de basar su argumentación en “un puñado de fragmentos de comunicaciones interpretadas a su antojo”. Así, apuntó a que la entidad liderada por Jorge Grunberg ignoró antecedentes de hecho y económicos que contradicen su línea investigativa.

Torres, en tanto, representado por un equipo de abogados conformado por Javier Velozo, Pablo Pardo y Paula Vial, afirmó que, dada la complejidad del mercado, “es derechamente imposible” que se haya desarrollado una colusión de la manera que planteó el requerimiento.

El argumento económico

Uno de los puntos centrales en las contestaciones fue el argumento de que las acusaciones no tenían un fundamento económico sólido. Indura afirmó que la FNE solo analizó una fracción de los procesos de contratación del “periodo sospechoso” y que, en cambio, “se han detectado decenas de casos en que Indura disputó de manera efectiva clientes a Linde, realizando una propuesta más competitiva y por ello, quedándose con sus clientes, y viceversa”.

En el detalle, la compañía aseguró que de 282 casos de negocio analizados en los que Indura era incumbente, ganó 197 veces y perdió 85, lo que implica una tasa de retención de un 69,6%. En 44 de esos casos, dijo, el ganador fue Linde.

El exgerente de Indura, Marcelo Torres.

En otros 209 casos en que no era incumbente, señaló haber ganado 131, es decir, el 62,7%. Dentro de esto, en 42 casos -que implican 28 clientes distintos-, el incumbente era Linde.

Asimismo, la empresa se refirió particularmente al caso de los hospitales. Dado que el periodo investigado coincide con la pandemia por Covid-19, la FNE había destacado que el acuerdo colusorio estaría revestido de especial gravedad, debido a que habría afectado a estos establecimientos en esa fecha crítica.

Indura negó haber aplicado alzas de precios en el sector medicinal, a efectos de mantener los cobros sin cambios durante la pandemia. “Si esa hubiera sido la motivación de los ejecutivos, los precios de los gases medicinales de Indura se hubieran incrementado en términos reales (tal como sucedió en otros países)”, se defendió.

Respecto a una reunión entre Novelli (exCEO de Linde) y Torres en un Tavelli, donde según la FNE se habría iniciado el acuerdo, la defensa del exgerente de Indura aseguró que duró menos de 20 minutos y que “tuvo la exclusiva finalidad (...) de abordar el problema del robo y receptación de cilindros que afectaba a la industria”.

¿Una colusión anterior? El caso de Air Liquide

Los dardos no se dirigieron solo contra la Fiscalía. Tanto Indura como Torres sacaron a relucir un antecedente de la misma industria que, a juicio de estas partes, podría ser clave en el proceso.

Se trata de una investigación previa que se realizó acerca de una eventual colusión entre Linde y otra empresa de este mercado, Air Liquide. Las defensas se basaron en extractos de un antiguo juicio laboral donde se revelaron algunos puntos de ese presunto cartel.

Indura puso en duda las intenciones de la Fiscalía, planteando que ese cartel se había descrito con una precisión mayor al que fue descrito en este requerimiento: “Pareciera que a la FNE le preocupa más ‘ganar’ casos que dirigir investigaciones y conducirse con transparencia. La persecución de los carteles –motivación a la que todos adscribimos– no es justificación para un actuar tan impropio de un órgano persecutor”.

En la contestación de Torres, se acusó que existían “indicios acerca de la existencia de un acuerdo anticompetitivo de larga data en el que habría participado Linde, respecto del cual, por razones desconocidas, la FNE no ha formulado requerimiento”.

La tesis de este escrito fue que ese acuerdo estuvo relacionado con la fusión entre Linde y Praxair, materializada en 2018. “Esta última compañía pareciera haber perdido participación de mercado de manera anormalmente significativa -considerando las características de la industria-, y que, al mismo tiempo, Air Liquide haya aumentado su participación en casi idéntica proporción. La situación descrita podría eventualmente ser consistente con una actuación coordinada tendiente a disminuir los índices de concentración en el mercado y/o disminuir el precio de venta de Praxair, para facilitar la aprobación de su fusión con Linde”, lanzó la defensa de Torres.