Cierre de Huachipato: Benavente de Corfo asegura vigencia del Plan de Mitigación hasta marzo 2026

Tras el cierre de la siderúrgica Huachipato, 1.500 trabajadores directos y proveedores han resultado afectados, por lo que se han debido implementar medidas que mitiguen el impacto económico en la zona. 

El Ministerio de Economía lanzó esta semana un plan de 32 medidas para reactivar la economía de la región del Biobío, con la intención de destrabar proyectos por US$ 6.800 millones. 

Asimismo, desde Corfo se concederá un subsidio “a las empresas establecidas que contraten a estas personas en labores productivas”, según informó su vicepresidente ejecutivo, José Miguel Benavente, durante una entrevista en radio Pauta. El beneficio comenzará a operar en octubre. 

Para los trabajadores afectados también se han considerado capacitaciones complementarias a las competencias con las que ya cuentan.

“Ustedes saben que Huachipato no cierra porque quiebra y por lo tanto, CAP tiene entre $300 y $500 millones que son destinados exclusivamente, porque la ley así lo autoriza, para temas de capacitación”, aseguró el ejecutivo. 

“Hay otros jugadores que también son muy importantes, que son las empresas proveedoras de Huachipato. Esas empresas también van a sufrir porque ahora no van a tener ese poder de compra. Nosotros hicimos un catastro bien específico (...) Son 162 empresas proveedoras y 4.000 personas involucradas.  Para ese tipo de empresas también hay considerado un apoyo”, explicó. 

Según explicó Benavente, a través del programa Activa Inversión, Corfo cubrirá emergencias de hasta $35 millones “para inversiones en equipos u otras necesidades que estén orientadas a atender esa demanda y ese cambio”.

Sobre la extensión de las medidas, Benavente aseguró que “hay medidas muy concretas de corto plazo y mediano plazo. Nosotros nos podemos hacer cargo de esto hasta marzo de 2026. El desafío es que esto siga andando luego de esta administración".

Al respecto, el ejecutivo agregó que “estamos generando esta institucionalidad que no solamente depende del sector público, sino también del sector privado y está involucrada la universidad y los sindicatos (...) estamos desarrollando un conjunto de iniciativas que consiste en  traspasar competencias y responsabilidades al territorio. Por ejemplo, las direcciones regionales de la Corfo son comités de desarrollo productivo y, por lo tanto, la idea es que, independientemente de la autoridad de turno, haya una continuidad en los temas de política pública, incluidos estos programas”.