2021 se encamina a convertirse en el año con más población en zonas de escasez hídrica

A la fecha, 6,2 millones de personas viven en territorios con sequía en Chile y un total de 168 comunas -que representan el 49%- se encuentran bajo decretos de escasez hídrica luego de las 32 medidas que ha dictado la autoridad durante este año.

Así, la utilización de este instrumento ya está a punto de superar lo registrado en 2020, cuando se promulgaron un total de 33, el mayor nivel de actividad anual desde su entrada en vigor en 2008 y que ya suma un total de 183 resoluciones.

“Es alta la probabilidad que este año sean más, ya que se declararían nuevos en las zonas norte, centro y centro sur”, señala el director General de Aguas, Óscar Cristi, sobre el escenario que apunta a convertir a 2021 en el ejercicio de mayor necesidad de medidas que aumenten las atribuciones de la autoridad en la extracción y distribución de agua en zonas críticas.

Con una duración de seis meses, actualmente hay 20 decretos activos en las regiones de Los Lagos, Maule, O´Higgins, Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y Atacama.

Cristi explica que para declarar un sector en sequía se consideran condiciones como las precipitaciones, los caudales de los ríos, el volumen de los embalses y las condiciones de los acuíferos medidos principalmente en estaciones de observación de la DGA.

Los criterios técnicos que se usan son el Índice de Precipitaciones Estandarizados (IPE), que se construye comparando los valores actuales con los mensuales acumulados a contar de abril –que incluya el período comprendido entre ese mes y agosto- y los totales anuales de los últimos 30 años, y el Índice de Caudales Estandarizados (ICE), que se calcula sobre la base de los caudales medios mensuales acumulados de los últimos tres meses.

Las cifras de la crisis

Según el último reporte Hidrometeorológico de la DGA, el déficit de precipitaciones a nivel nacional llega a un 30%, que supera el 15% alcanzado en septiembre de 2020. En cuanto a los niveles de nieve, estos tienen un déficit de 71%.

En tanto, los embalses acumulan 4.932 millones de metros cúbicos, arrojando un déficit histórico mensual del 27%. Sin embargo, los embalses Rapel, Convento Viejo y El Yeso presentan mejores registros que en 2020 y 2019.

Funciones del decreto

A los usuarios que no cuentan con derechos de aprovechamiento de agua y tienen dificultades para satisfacer el consumo humano, los decretos de escasez hídrica les da la posibilidad de presentar una solicitud a la DGA y ser autorizados para extraer sin que tengan un título de por medio.

Un ejemplo reciente fue la intervención de la tercera sección del río Aconcagua por la DGA para asegurar el consumo humano en el Gran Valparaíso. “Hemos procurado siempre llegar a acuerdo para encontrar un equilibrio entre la necesidad del recurso para consumo humano y para la agricultura”, señaló al respecto el presidente de la Junta de Vigilancia Segunda Sección de Aconcagua, Mirko Yakasovic.

Indicó que en estos procesos “ha sido muy difícil para los agricultores que han tenido que dejar de regar sus cultivos para apoyar el llenado del Embalse Los Aromos, pero esperamos que pronto se activen soluciones a largo plazo”.

Otro facultad que puede asumir la autoridad es intervenir en el reparto y suspender las atribuciones de las Juntas de Vigilancia de los ríos, como también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez.

El exdirector general de Aguas, Rodrigo Weisner, destaca que cuando se declara la escasez hídrica “surgen las alertas y ha funcionado en incentivar el acuerdo entre los usuarios”. Explica que si esto no se logra, la DGA tiene que intervenir e indemnizar a quienes reciban menos aguas, por lo que “el incentivo está para las dos partes”, primero, para que el Fisco no tenga que gastar y los usuarios sigan organizándose entre ellos.

En zonas rurales, el decreto también permite la entrega de recursos a través de camiones aljibe financiados por las delegaciones presidenciales, con autorización del Ministerio del Interior, y contratados directamente por los municipios.