Entre Códigos

A 10 años de la ley de Insolvencia, empresarios y expertos realizan balance y proyectan mejoras

En el encuentro también hubo un reconocimiento a la labor de Josefina Montegro.

Por: | Publicado: Viernes 15 de noviembre de 2024 a las 04:00 hrs.

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Nelson Contador, Alejandra Anguita, Juan Sutil y Paula Vargas. Foto: Manuel Urzua

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De 5.300 procedimientos bajo la antigua ley de quiebras –en un período de 34 años- a cerca de 50 mil procesos concursales en una década (entre personas y empresas), es solo una de las cifras que destacó la exjefa del departamento jurídico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Paulina Carrasco, en su presentación ante un centenar de expertos que se reunió el jueves pasado para conmemorar los diez años de la entrada en vigencia de la ley 20.720.

El encuentro organizado por el estudio Nelson Contador Abogados & Consultores sumó la participación del exministro de Economía de la época, Pablo Longueira, además de un panel donde participaron el empresario y expresidente de la CPC, Juan Sutil, la directora legal de riesgo de Scotiabank, Alejandra Anguita y el abogado Nelson Contador.

La exrepresentante de la Super de Insolvencia, destacó lo que ha implicado esta ley para las empresas, que totalizan a la fecha más de 10.900 procedimientos de liquidación y 475 reorganizaciones.

El punto lo relevó Contador, quien destacó que del total de las reorganizaciones, sólo un 36% se han rechazado (liquidación o quiebra), logrando mantenerse más de 45 mil puestos de trabajo y reordenado más US$ 4.859 millones.

Asimismo, fueron abordados algunos aspectos que dicen relación con el abuso de la normativa por parte de algunas empresas e incluso asesores legales. Frente a ello, Sutil señaló que debe haber un nuevo ajuste a la ley para proteger más integralmente el sistema, no solo a la empresa, sino también a los que apoyen a la empresa y los acreedores.

En esa línea, Anguita instó a utilizar las herramientas que la ley entrega para perseguir a quienes abusen de la normativa, aunque reconoció que dichos procesos muchas veces son caros y lentos y algunas empresas y/o acreedores no se pueden hacer cargo de dichos costos.