Sus primeras definiciones reveló este jueves Juan Meriches, el nuevo director ejecutivo de Empresas Eléctricas, gremio que reúne a las principales compañías de distribución de electricidad del país, a poco más de un mes de su nombramiento como sucesor de Rodrigo Castillo, quien dejó el cargo a fines de 2021 tras 15 años.
En medio de años complejos que ha atravesado el segmento de distribución, Meriches precisó que el mandato del directorio está radicado en tres objetivos: poder relevar el rol que tiene la distribución a efectos de la transición energética; empujar las reformas que permitan que ese rol se manifieste en algo concreto y que termine siendo una solución y no un lastre para el desarrollo de la transición energética, y propender a una mayor cercanía de la industria con los intereses de los ciudadanos.
Teniendo en cuenta que el gremio ha instalado e insistido en varias oportunidades sobre la necesidad de la reforma a la distribución y que el Gobierno no lo ha sumado a su agenda inmediata, consultado por si habrá un cambio de estrategia para perseverar en ese objetivo, Meriches destacó que existe un "amplio consenso" respecto a la necesidad de esta reforma.
En esa línea, si bien reconoció que existen diversas urgencias que han impedido al Gobierno abordar este tema, indicó: "Esperamos optimistamente que durante el segundo semestre del próximo año podamos iniciar esta conversación".
“La propuesta (de subsidio transitorio) que hoy está arriba de la mesa es un avance razonable”.
Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas.
A su juicio, esta no es una conversación que se resuelve en un corto período de tiempo, pero "si no partimos con esta pronto, más nos vamos a demorar, y lo que no puede pasar es que cuando exista realmente la necesidad de contar con estas redes más resilientes, más modernas, más flexibles, eso no esté disponible".
Para ese objetivo, el nuevo líder de Empresas Eléctricas adelantó que están trabajando como industria en tener de alguna manera "una propuesta más concreta de ajuste regulatorio" en que se pueda avanzar. Sin embargo, advirtió que esta será una mirada y que esperan que el Ministerio de Energía pueda sumar en sus tareas a todos los actores involucrados en esa discusión.
Mientras esto camina, el desafío está en cerrar prontamente el proceso VAD 2024 que lleva más de tres años de atraso.
Estabilización de tarifas
Consultado por la demora de la estabilización de tarifas que se resolvería a través del ingreso de un proyecto de ley al Congreso que ha sufrido sucesivas postergaciones, junto con los atrasos en los procesos tarifarios, Meriches valoró que se esté abordando hoy un proceso de normalización tarifaria y consideró importante que ocurra en términos de las señales que significa eso para la inversión en el sector y su certeza regulatoria.
Y recalcó la relevancia que los precios de la energía que se pagan reflejen los costos de producirla y la importancia de considerar las condiciones de pago de los clientes.
"Creemos que mientras antes se haga va a ser mejor. Lo que no nos puede pasar es que se sigan dilatando los distintos procesos, tanto tarifarios como de emisión de los distintos decretos, porque eso lo único que va a conseguir es que se siga acumulando una deuda que finalmente en algún minuto se tiene que pagar y, por lo tanto, eso es un efecto que no es deseable ni sustentable".
Subsidio eléctrico permanente
En esta materia, abordó la creación de un subsidio que ha sido un punto clave de discusión al formar parte del proyecto que afina el Gobierno y que, según se ha sincerado, sería financiado por cargo por servicio público y un aporte del Estado. Al respecto, Meriches enfatizó que creen que debiese existir un subsidio permanente.
"Creemos que es un avance razonable la propuesta que hoy está arriba de la mesa. Sin embargo, es claro que vamos a volver a tener esta conversación de aquí a un par de años más, cuando ese subsidio transitorio termine", dijo, aludiendo a que las condiciones de morosidad de los clientes se han mantenido en el tiempo postpandemia. Hoy, de hecho, existen alrededor de 650 mil clientes morosos.
E insistió que, si bien es entendible que se esté pensando en un subsidio transitorio en las actuales condiciones económicas, ésta es una conversación que -a su juicio- "es probable que volvamos a tener más adelante en el tiempo para ver cómo avanzamos hacia la posibilidad de un subsidio permanente".
Respecto a las vías de financiamiento, comentó que "es probable que el componente de aporte del Estado en ese subsidio permanente sea necesario que sea uno más importante, pero eso también dependerá de las condiciones económicas en las que se encuentra el país".
Considerando que en materia de financiamiento se ha establecido que, en caso de ampliar el universo de personas beneficiadas, se busque recursos a través de aumentar el impuesto al carbón, señaló: "Esperamos que sea la mayor cantidad posible de recursos para ese subsidio bajo las condiciones que las autoridades definan que es la mejor opción".
Robo de cables
En esa línea, en la relación de aumentar la red y la calidad que implica inversiones con el reto de no elevar las tarifas eléctricas, sostuvo que hay espacio para buscar fórmulas que permitan desarrollar inversiones "sin que eso signifique que las cuentas se disparen y estemos hablando de alzas de precios desmesuradas".
De todas formas, reconoció que es "prematuro" tener la certeza que todas las inversiones que se requieran para avanzar en calidad y ampliar la red no sean totalmente traspasadas a los clientes, considerando que no hay una reforma en el segmento. Pero -advirtió- "parte de los esfuerzos que se tienen que hacer es cómo somos capaces de configurar una forma de distribución que permita realizar las inversiones y que eso no signifique que los clientes vean un efecto en sus cuentas finales que no sea sostenible en el tiempo".
Entre otros temas de la industria, adelantó que es muy probable que este año se cierre con un récord en robos de cables, lo que rondaría sobre los 600 kilómetros de línea. Frente a este problema precisó que han estado empujando la necesidad de un cambio en el estatuto jurídico de la persecución que sea probablemente más sensible a lo que fue el cambio en la legislación por el robo de madera. Según explicó, este estatuto entregaría mayores facultades de investigación a organismos que cumplen un rol en la cadena de este delito.
La idea de soterrar cables versus el costo de desarrollar redes áreas -dijo- es seis o siete veces mayor. "Será posible avanzar en eso en la medida que haya ciertos acuerdos entre distintas partes para el financiamiento de esos proyectos, en zonas urbanas eso es mucho más factible y lo vemos cuando hay disposición de algunos municipios, por ejemplo, para apoyar el desarrollo de su proyecto o cerca de proyecto inmobiliario. Pero en zonas rurales probablemente eso es un poco más complejo, pero no es una conversación a la que tengamos que hacerle el quite. Eventualmente es un tema que hay que ver de qué manera es posible de realizar".
Medidores inteligentes
Si bien en Chile hay una experiencia fallida el año 2017 a la hora de implementar la medición inteligente, Meriches reconoció que esto "no obsta que en el futuro efectivamente volvamos en algún minuto a plantearnos la necesidad de avanzar en este tema". En ese sentido, añadió que probablemente habrá que hacer todos los aprendizajes de la experiencia anterior para que la ciudadanía pueda visualizar los beneficios de esta política.
"Vemos que este es un tema que -tanto nosotros como industria y como el mismo Estado- vamos a tener que en algún minuto conversar respecto a cuál es la mejor manera de hacerlo en términos de disponibilizar, por ejemplo, tarifas horarias flexibles en términos regulatorios", dijo. Meriches aclaró que internamente en el gremio no se ha iniciado un trabajo en cuanto a cómo se trabajará con la ciudadanía este tema, pero reconoció que "tendremos que hacerlo más temprano que tarde".
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