Un final abierto. Esa fue la conclusión de la reunión que ayer -tras más de dos años y medio de espera- sostuvo el Comité de Ministros, instancia que definió parcialmente respecto de las 35 reclamaciones que tanto la empresa como los detractores del proyecto presentaron en contra de la aprobación del complejo hidroeléctrico HidroAysén.
Este desenlace no sólo desencadenó distintas reacciones en el sector privado (ver notas relacionadas), sino que amenaza con abrir un nuevo frente judicial para esta iniciativa, pues los socios del proyecto podrían impugnar este acto ante el Tribunal Ambiental.
Poco más de tres horas sirvieron para que los seis ministros optaran finalmente por finiquitar cinco de los siete grupos en los que fueron organanizadas las 1.013 objeciones contenidas en los reclamos. De esta forma, dos de las temáticas planteadas por la ciudadanía: medio físico hidrológico y medio humano y patromonio cultural, quedaron pendientes.
Lo anterior por la necesidad de realizar dos nuevos estudios “para mejor resolver”, indicó a la salida del encuentro la presidenta del comité, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, quien precisó que las mediciones serán pagadas por el Estado y licitadas a organismos externos, como universiddaes.
“El estudio hidrológico dice relación con la variación diaria de caudal que tendría la operación de la central y con el efecto de vaciamiento de glaciares (Glof). El otro es para medir el impacto potencial que significa para la provincia el hecho de que hay un grupo importante, de más de 5.000 trabajadores, que van a estar al mismo tiempo en la zona de trabajo”, precisó la secretaria de Estado.
Benítez precisó que de acuerdo con los resultados de estos estudios, sería posible que se establezcan nuevas condiciones al proyecto que comprende la instalación de cinco centrales hidroeléctricas de embalse en la Región de Aysén.
De esta forma y tal como se adelantó y se temía en el sector privado, la opción del gobierno fue resolver pero sin decidir, pues no hubo una definición total de las reclamaciones, sino que como explicó la titular de Medio Ambiente, los temas que quedaron pendientes podrían implicar la determinación de nuevas condiciones que podrían afectar la viabilidad del negocio en términos técnicos y económicos.
Asimismo, fuentes de Gobierno indicaron que la estimación es que el 90% de los temas fue resuelto, aunque no hay claridad respecto de las implicancias de aquello.
Acciones de la empresa
“Una vez conocida la decisión formal de la autoridad y sus efectos concretos, la compañía evaluará y resolverá las acciones a seguir”, fue la escueta reacción oficial de HidroAysén, que a su vez precisó que antes de comentar “esperará una notificación formal de las resoluciones de dicho Comité de Ministros, o una información clara de parte de la autoridad acerca de las decisiones adoptadas respecto de las reclamaciones y otros aspectos”.
Pese a ello, trascendió que recurrir al Tribunal Ambiental para impugnar el pronunciamiento del comité figuraría entre las acciones legales y administrativas que la directiva de la empresa podría interponer, tras la autorización de los socios del proyecto, las eléctricas Endesa Chile y Colbún.
Conocedores del tema indicaron que esta presentación podría apuntar a la decisión concreta de aprobar o rechazar las reclamaciones, así como a la arbitrariedad asociada a la orden de realizar nuevos estudios.
Tampoco se descartan otras medidas. Entre ellas estarían recurrir a la Contraloría por el notable abandono de deberes de los ministros, así como acciones de tipo civil contra los mismos por los daños y perjuicios asociados a los más de dos años y medio que pasaron antes del pronunciamiento de la instancia.
“Una demanda civil por daños y perjuicios se sustenta en la no prestación de servicio durante más de dos años y medio ante un requerimiento y luego, además, postergar el pronunciamiento, lo que implica una serie de daños para ese solicitante”, aseguró un abogado.
Plazos
En materia de plazos no lucen más simples, pues fuentes del Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) explicaron que para que los reclamantes sean notificados, lo que detonaría las acciones -por parte de la empresa y de los detractores- primero tiene que redactarse el acta de la sesión del comité y ser visada por las autoridades, lo que podría tomar dos semanas, en condiciones normales y sin considerar que algunos de ellos salen hoy de vacaciones.
En lo que respecta a los nuevos estudios hay que definir las condiciones de la licitación. Llama la atención que aunque esta decisión se tomó ayer, en el SEA precisaron que los términos de referencia de ese concurso están “casi listos”. Tras la adjudicación las conclusiones de los estudios se conocerían dentro de 18 meses, porque las mediciones deben considerar las cuatro estaciones del año.
La conclusión del comité no habría caído nada bien entre los ejecutivos y directivos de Endesa y Colbún, ya que habría quedado en evidencia el uso político de esta instancia que le dejó la decisión al próximo gobierno, pues el contar con un permiso ambiental aprobado, como dijo ayer Benítez, no les da la certeza necesaria, pues los temas que quedaron pendientes son vitales para la iniciativa.
La visión del Contralor mendoza
Ayer el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, se refirió a la sesión del Comité de Ministros. Esto en el marco del pronunciamiento sobre el rol de esta instancia que fue solicitado hace casi un año por un diputado.
"La reunión de hoy día (ayer) puede alterar un poco la resolución. No necesariamente a favor al comité de ministros", dijo la autoridad fiscalizadora.
Añadió que la presentación parlamentaria apunta a la inactividad del Comité de Ministros en la solución o resolución del tema, acogiendo o denegando los reclamos. Mendoza se refirió a la presión que ha existido en torno a este pronunciamiento del Comite y añadió que "si no sale la decisión y nos pronunciamos en un sentido que reste dimensión al comité, no va tener sentido que se reúnan", planteó.
Bajar la cuenta de luz en Aysén: veredicto parcial
Uno de los 20 puntos de la reclamación de HidroAysén decía relación con que la autoridad precisara el mecanismo regulatorio para ejecutar la rebaja de 50% en las cuentas de luz de Aysén, condición que fue incluída al momento de aprobar el proyecto.
La resolución del comité fue parcial, pues no definió este mecanismo, sino que, como comentaron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, la decisión fue que se establecerá una mesa de trabajo de carácter público privado en la que junto a la empresa y la autoridad deben participar la distribuidora eléctrica de la zona, Edelaysen (filial del grupo Saesa).
Si este grupo no logra un acuerdo, la empresa quedó facultada para entregar en forma directa a la concesionaria los recursos económicos que permitan concretar la citada rebaja.
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