La reciente publicación en el Diario Oficial del decreto que pone fin a la fijación de precios de las cuentas de la luz, que aplica la nueva ley de estabilización que fue promulgada en agosto del año pasado y se conoció como PEC2, y que supone un alza en las boletas de la población que iría desde un 2,5% a un 16,5% dependiendo del consumo energético, subió la presión sobre el gobierno por buscar una pronta fórmula o solución que ayude a mitigar los impactos.
El miércoles pasado, ocho diputados ingresaron a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución -cuya votación en Sala aún no se ha realizado- en que se solicita al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley con urgencia calificada de discusión inmediata que modifique la Ley General de Servicios Eléctricos para reducir el límite actual de potencia conectada para que los usuarios logren optar a precios de energía del mercado de clientes libres desde los 500 KW actuales a 100 KW, beneficiando -dicen- "a un total potencial de 129.778 clientes finales y, al mismo tiempo, reduzca de 12 a tres meses el plazo de aviso del cliente que decida cambiar de modalidad a la empresa distribuidora correspondiente".
“Estas alzas en las tarifas resultan complejas por cuanto en dicho segmento se encuentra un número relevante de PYME, para las que podrían significar un duro golpe”.
Los autores de la iniciativa son en su mayoría militantes del Partido Comunista: Luis Alberto Cuello, Boris Barrera, Karol Cariola, Carmen Hertz, Lorena Pizarro, Mariseña Santibáñez y Daniela Serrano. Solo Félix Bugueño pertenece a Federación Regionalista Verde Social.
En concreto, la cuenta de luz en el 90% de los hogares aumentará en promedio un 2,5%. Sin embargo, hogares cuyo consumo se ubique entre los 350 KWh y 500 KWh tendrá un aumento promedio del 10%, mientras los que su consumo sobrepase los 500 KWh será del 16%.
Así, según el proyecto de resolución, "los clientes con consumos sobre los 500 KWh verán fuertes incrementos debido al sinceramiento total del valor real de la energía y a la aplicación de un sobrecargo solidario" establecido en la ley, destinado a sostener la mantención de tarifas estables en el segmento de consumo menor a 350 KWh. Las alzas para este segmento de clientes con consumos mayores a los 500 KWh serán -dicen- muy por encima a los estimados originalmente, pudiendo alcanzar incrementos en promedio superiores al 70%, y llegando incluso al 90% en algunas regiones del país.
"Estas alzas en las tarifas resultan complejas para el segmento de clientes de consumos superiores a los 500 KWh mensuales de energía eléctrica, por cuanto en dicho segmento se encuentra un número relevante de pymes, sector que ha sido golpeado sistemáticamente por efecto de distintos fenómenos nacionales e internacionales y sobre las cuales no se ha logrado sostener políticas públicas de apoyo efectivo. En este escenario, alzas como las señaladas, podrían significar un nuevo y duro golpe en un factor de producción, que a muchas de ellas les resulta fundamental", argumentan los autores de la iniciativa.
Se suman también -agregan- como eventuales afectados por estas alzas, establecimientos educacionales, de salud y recintos municipales, entre muchos otros. Además, expresaron, de los clientes residenciales de mayor consumo, donde destacan las familias numerosas, o aquellos clientes del sistema de distribución donde se suministra energía eléctrica a más de una vivienda. "De no mediar una medida rápida y efectiva, estas alzas impactarán fuertemente en el sector productivo y otros sectores fundamentales para el país", sentencian.
En la legislación existe la alternativa de realizar una modificación administrativa del límite establecido para optar al cambio de modalidad desde cliente regulado a libre. Estos últimos son llamados así al no estar sujetos a regulación de precios, pudiendo negociar el valor que pagan por la energía eléctrica. La condición para que un cliente pueda optar a esta categoría es que la potencia conectada del usuario final sea superior a los 500 KW.
Considerando que es requisito que ese ajuste se realice previo aviso de 12 meses por parte del cliente a la empresa distribuidora correspondiente, lo que podría implicar que la solución no logre implementarse antes que se produzcan las alzas en las tarifas aunque se tome la decisión, los diputados piden al Ejecutivo la presentación de un proyecto de ley.
A juicio de los diputados, la medida no tendría impacto financiero para el Estado, ya que -explican- la propia ley 21.472 del denominado PEC 2 establece el mecanismo para asegurar que el aporte que realizan los clientes que consumen más de 500 KWh y que pudieran cambiar de régimen desde clientes regulados a clientes libres sigan aportando al Fondo de Estabilización.
Pero no ha sido la única arremetida desde el Congreso. A fines de marzo, la diputada y expresidenta de la comisión de Minería y Energía, Loreto Carvajal, envió una propuesta al ministro de Energía, Diego Pardow, para amortiguar el alza tarifaria que generaría el PEC 2 en los clientes con consumo superior a 500 KWh desde septiembre. Especialmente, pymes productivas y de servicios, colegios y municipios.
En la minuta de trabajo dirigida a Pardow -la que también fue apoyada por el resto de los senadores de la comisión de Minería y Energía del Senado- se propone "reducir por la vía administrativa el límite actual de potencia conectada para que los usuarios logren optar a precios de energía del mercado de clientes libres desde los 500 KW actuales a 300 KW, beneficiando a un total potencial de 60 mil clientes finales".
La arremetida de los senadores y las conversaciones del gobierno
Consultada por el proyecto de resolución de los diputados, la senadora Carvajal indicó que la propuesta va en la línea de lo propuesto también en el Senado como un mecanismo rápido que permita a un conjunto de clientes finales de energía aminorar las alzas en las cuentas de electricidad que se comenzaron a sentir para todos aquellos consumidores de más de 500 KWh y que con el decreto tarifario dado a conocer hace pocos días se incrementaron en promedio en un 16%.
"Durante el segundo semestre de este año se debiera dar a conocer un nuevo incremento, que sumado al anterior, elevarían según los cálculos de distintos especialistas, a un promedio de hasta 90% las cuentas eléctricas de estos consumidores", advirte Carvajal.
Para la senadora, "en el caso que estos pudiesen optar al mercado de los clientes libres, al poder negociar el precio de la energía con una empresa de generación o comercialización, podrían reducir la tarifa final en un valor cercano al 20% de lo que están pagando actualmente".
"La propuesta contenida en el proyecto de acuerdo le pide al gobierno la presentación de un proyecto de ley que modifique la normativa actual rebajando el límite de potencia contratada para optar al cambio desde cliente regulado a libre, pero al mismo tiempo modifique el plazo exigido en la ley de aviso de un cliente a la empresa de distribución que actualmente le suministre la energía que está fijado e 12 meses", dijo.
Y agregó: "Entendemos que esto se hace con el objeto de que el cambio de modalidad de quienes quisieran realizarlo se haga en un plazo que permita enfrentar las alzas".
En tanto, desde el Ministerio de Energía, sobre el proyecto en particular de los diputados, puntualizaron que se han reunido con parlamentarios y sus equipos desde el año pasado abordando esta materia y evaluando conjuntamente medidas.
"Particularmente en la sesión del 10 de abril de la comisión de Minería y Energía del Senado presentamos respecto de la reducción del límite de potencia e indicamos, entre otros antecedentes, que los niveles medios de precio de clientes libres y regulados han cambiado su tendencia, siendo actualmente mayores los precios de los primeros, elemento que debe considerarse en atención a los objetivos de la propuesta", replicaron.
Fuentes comentan que las conversaciones para buscar una fórmula que mitigue las alzas siguen activas. De hecho, en el carril de la arremetida de los senadores, este viernes se tendrá una reunión entre asesores y el Ministerio. Mientras, los diputados, aunque no han tenido conversaciones, la inquitud ha nacido tras la preocupación planteada por algunos académicos y pequeños empresarios. Por esto, esperan que su proyecto de resolución sea priorizado y votado prontamente.
Tarifa de invierno
Además, en el proyecto de resolución presentado por los diputados se solicita que se presente urgencia calificada de "discusión inmediata" al proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para impedir la aplicación de la tarifa de inverno a clientes residenciales regulados. La moción aludida fue ingresada el 10 de junio del año pasado a la Cámara de Diputados y está en su primer trámite constitucional. Es de autoría de la diputada Cariola y patrocinada por sus pares Eric Aedo, Yovana Ahumada, Luis Cuello, Ana María Gazmuri, Jaime Mulet, Daniela Serrano, Raúl Soto, Cristián Tapia y Nelson Venegas.
Según se indica, el límite de invierno ha sido criticado por expertos en la materia, ya que su forma de cálculo y el número de utilización de energía que se utiliza para sancionar el sobreconsumo termina siendo un incentivo a utilizar mayor cantidad de electricidad en el período de verano para que el límite de invierno suba.
La moción en cuestión llega a la convicción que la tarifa de invierno es ineficaz para el objetivo que se propone; potenciar el uso de electricidad en el invierno es una medida que aportaría a la reducción del uso de otras formas de calefacción en el invierno, como la leña, la parafina y el gas, y con ello, sería una medida con potencial ecológico; y la eliminación de la tarifa invierno sería una medida que reduciría el gasto de los bolsillos de miles de chilenas y chilenos, siendo un aporte significativo en un contexto de recrudecimiento económico.
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