Se desata millonaria disputa por los “edificios fantasmas” en Estación Central: inmobiliaria exige indemnizaciones
Empresa acusa al Fisco, al alcalde y al director de Obras de la comuna por retrasos en la recepción de una obra. “Existen omisiones y actuaciones ilegales y arbitrarias”, afirma.
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Una millonaria disputa que podría marcar un importante precedente se desató tras los denominados “edificios fantasmas” en la comuna de Estación Central, inmuebles que fueron construidos pero que han debido enfrentar extensos plazos para lograr su recepción definitiva (permiso municipal).
La Inmobiliaria Ecuador -vinculada al grupo Norte Verde, ligado a los hermanos Roberto y Francisco Bascuñán- presentó una demanda en contra del Fisco de Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Seremi de la Región Metropolitana, la Municipalidad de Estación Central, su alcalde Felipe Muñoz y el director de Obras, Juan Hernández.
La empresa solicitó condenar a los demandados “a resarcir los perjuicios causados, más intereses y reajustes, debido a sus responsabilidades y negligencias en los entorpecimientos graves en la tramitación y obtención de la recepción definitiva del denominado Edificio Ecuador”, en calle Coronel Godoy 0157, Estación Central. “Existen omisiones y actuaciones ilegales y arbitrarias”, aseguró.
En su acción judicial, la firma explicó que el edificio de 14 pisos -de carácter aislado, con 172 unidades para fines habitacionales y una placa comercial con seis locales- fue terminado en agosto de 2021 e inmediatamente ingresó la solicitud de recepción final a la DOM.
Luego de seis meses sin ningún pronunciamiento, la inmobiliaria dijo que la dirección de obras municipales rechazó la solicitud de recepción final aludiendo una supuesta “inconsistencia” en el permiso de edificación.
“Esta inexplicable negativa, que detuvo tanto al Edificio Ecuador como a otros proyectos, logró la paralización arbitraria de más de 6.000 unidades habitacionales. El factor común entre ellas es que, la solicitud de recepción, fue rechazada durante la administración, en comisión de servicio proveniente de la Municipalidad de Recoleta, del demandado don Juan Fernando Hernández Zepeda, como director de Obras Municipales a la Ilustre Municipalidad de Estación Central”, destacó la empresa, la cual afirmó que, estando en las últimas etapas de ejecución del proyecto, la alcaldía estableció como un nuevo requisito para la obtención de la recepción final el emitir una boleta de garantía por 5.890,73 UF, cuyo beneficiario sería el Tesorero Municipal, con el supuesto fin de garantizar la ejecución de los espacios públicos (los cuales a la fecha de la solicitud ya estaban ejecutados y terminados). “Ante tal situación, aun cuando se trataba de un cambio arbitrario que no se encontraba contemplado en el proyecto, la inmobiliaria emitió el referido instrumento, todo a fin de poder obtener la recepción final del edificio y proceder con la venta de sus unidades”, afirmó.
Además, la inmobiliaria sostuvo que el alcalde de Estación Central –“sin fundamento legal o reglamentario alguno”, señaló- solicitó a las inmobiliarias afectadas por situaciones similares, pagar por unas supuestas “compensaciones por el impacto urbano” que habrían generado.
“Los daños patrimoniales”
En el intertanto, la compañía solicitó la recepción parcial del mentado edificio, la que fue concedida el 26 de octubre de 2022. Esto, afirmó la compañía, permitió salvar parcialmente la situación general del inmueble. “Pero no morigeró en nada los enormes perjuicios generados a la inmobiliaria, no solo por los contratos de promesa resciliados y los pagos que debieron ser devueltos, sino que por todos los costos financieros, de mantención y otros que se originaron a consecuencia de la demora en la materialización de la venta de las unidades del proyecto”, manifestó.
Luego, añadió que el 7 de febrero de 2023, es decir, más de 15 meses después de solicitada en primera oportunidad la recepción definitiva del proyecto, es emitido el certificado por parte de la DOM municipal.
“Es de especial relevancia atender al hecho de que, en tiempo intermedio, entre el rechazo y la recepción final, Inmobiliaria Ecuador no realizó modificación o enmienda alguna a los antecedentes aportados en primera oportunidad, como tampoco realizó modificaciones a la construcción, siendo aprobado en idénticas condiciones que cuando fue emitido el rechazo ilegal y arbitrario de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Estación Central”, destacó.
La compañía apuntó a una “falta de servicio” y a un “actuar irregular e ilegal” de la Municipalidad de Estación Central, materializado a través de su Dirección de Obras Municipales, al rechazar la solicitud de recepción definitiva. También cuestionó “la demora en la conclusión de actos administrativos de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo; y las falencias de coordinación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que dilataron innecesariamente la corrección de dicho rechazo, y provocaron con ello, el aumento de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que afectaron a Inmobiliaria Ecuador”.
Con todo, la inmobiliaria solicitó una serie de indemnizaciones. Dentro de éstas, exigió el pago por daño emergente, en que consideró los costos de administración, mantenimiento y de servicios de la propiedad, los que avaluó en más de 5.500 UF; costos propios de gastos comunes y cuentas básicas por más de 2.957 UF; y el valor de implementación de un nuevo proyecto de marketing por 4.910 UF.
También cuantificó la pérdida de dineros por gastos propios de las comisiones, transacciones o resciliaciones de las promesas de compraventas terminadas debido a la imposibilidad de obtener la recepción municipal, avaluadas en más de 14.681 UF, y costos asociados al crédito de la construcción y financiero de no recibir ingresos por más de un año, estimados en 16.644 UF.
Todo suma unos $ 1.683 millones, aunque la inmobiliaria anunció que también buscará el pago de indemnizaciones (que no cuantificó) por concepto de lucro cesante (por las ventas no concretadas) y daño moral.