No para: otra constructora al borde de la quiebra recurre a la justicia para refinanciar sus deudas

La compleja situación que vive el sector construcción producto de la pandemia sigue latente, pese a las medidas de apoyo que ha lanzado el gobierno, como el reajuste retroactivo en los contratos por el alza de los costos.

Ahora, la constructora San Felipe S.A. solicitó a la justicia la apertura de un proceso para lograr un acuerdo de reorganización financiera con sus acreedores y así evitar su liquidación. La empresa acumula pasivos por más de $ 19 mil millones, y sus principales acreedores son Banco Estado, Oil Malal Chile y Copec.

La compañía fue fundada por Winston Villanueva, Carlos Montero y Carlos Trautmann, iniciando sus operaciones en 1982. Se especializa en movimiento de tierras y obras viales, y su principal mandante ha sido el Departamento de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de Chile. También ha realizado trabajos privados de minería, alcanzando más de 200 obras en total en su historia.

“Durante estos años, hemos mantenido un incremento sostenido gracias a la calidad de nuestro trabajo y nuestro compromiso. En su historia San Felipe ha terminado todas las obras que se ha adjudicado y nunca ha dejado una obra inconclusa”, dijo Winston Villanueva en su presentación a la justicia, asesorado por el estudio liderado por Luis Felipe Castañeda.

El empresario añadió que la compañía se encontraba en una sana situación financiera, con un buen nivel de ventas y personal técnico idóneo. Precisó que, actualmente, maneja ocho obras en plena ejecución en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Los Lagos, con más de 700 trabajadores, y en próxima adjudicación cuatro contratos, sumando obras por más de $ 45 mil millones.

“Como a todo el rubro de la construcción, la pandemia Covid-19 le provocó a mi representada, una disminución en la productividad de las obras, disminuyendo su rentabilidad y aumentando el plazo de éstas, debido a las cuarentenas sanitarias, restricciones en el abastecimiento de materiales y alzas de precios. Los históricos e impredecibles aumentos de costos de nuestros principales insumos, impactaron fuertemente en los resultados”, sostuvo Villanueva.

Dijo que, a fines del año 2022 e inicios del año 2023, la empresa comenzó su recuperación en productividad y rentabilidad, adjudicándose nuevos y buenos contratos a precios actualizados.

“Sin embargo, aún no nos ha sido posible recuperar los niveles prepandemia, agregándose un retraso en el pago de algunas de las obras a nuestro cargo”, sostuvo. Y añadió: “Atendido lo anterior, se tomó la difícil decisión de solicitar la reorganización judicial de la empresa, teniendo la convicción que es la mejor medida para cumplir con nuestros trabajadores, acreedores, mandantes, instituciones previsionales y Tesorería y permitir la continuidad de Constructora San Felipe, seguros de su viabilidad, atendida su historia y las proyecciones a futuro, lo cual le permitirá cumplir con sus obligaciones”.

Según las estadísticas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, durante la primera mitad del año se recibieron 72 solicitudes de liquidaciones de empresas relacionadas con la construcción, lo que representó un aumento del 2% respecto al periodo anterior. Mientras tanto, las compañías deudoras del sector que entraron a reorganización durante este semestre fueron cuatro, misma cantidad que se presentaron en 2022.

Caso de corrupción

A mediados de agosto, funcionarios de la constructora San Felipe fueron formalizados en un caso vinculado a delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno y lavado de activos. Antes, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica y Parinacota, junto a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron la sede de la Dirección Regional de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

Tras las diligencias, se informó que diez personas están siendo investigadas: cinco de los imputados ejercían como funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad, además de ejecutivos y trabajadores de la empresa constructora que se adjudicó distintas obras en la zona.

A los imputados se les acusa de diversos delitos de corrupción pública: según la Fiscalía, habrían recibido pagos ilícitos para fiscalizar y aprobar distintas obras en Arica y adjudicarse algunas por medio de una empresa de fachada.

Los funcionarios públicos, según la Fiscalía, recibieron distintos pagos por parte de las constructoras para favorecerlas y manipular los reportes de inspección y cumplimiento de los contratos. En cuanto a los ejecutivos y trabajadores de la firma San Felipe, dijo que realizaron maniobras para concretar traspasos de dineros, entre ellos la transferencia de platas a la cuenta corriente de la cónyuge de uno de los inspectores, a fin de disimular su origen ilícito.