La falta de capacidad de responder a las necesidades urgentes de la ciudad que tienen los procesos de planificación urbana llevó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a ingresar en la mañana del miércoles un nuevo proyecto de ley que busca fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país.
La iniciativa contiene una serie de modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyo objetivo final es establecer límites, reglas y rangos de tiempo para los distintos procesos de planificación territorial, como la creación o actualización de un Plan Regulador Comunal (PCR).
Hoy, de acuerdo a datos de la cartera liderada por Carlos Montes, la elaboración de un PRC tarda 6,4 años en promedio; con el proyecto buscan que este proceso se realice en un máximo de tres años.
Actualmente la elaboración de un Plan Regulador Comunal tarda 6,4 años en promedio; con el proyecto buscan que este proceso se realice en un máximo de tres.
Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo
Para eso la normativa está enfocada en mejorar procedimientos, aclarar conceptos y reducir la burocracia. Además, procura aumentar los instrumentos de gestión urbana para acelerar los procesos de regeneración o reconversión, y cambiar normas que permitan que el Estado pueda realizar proyectos de inversión de forma anticipada y estratégica.
“Modernizar los procesos de planificación territorial es clave para enfrentar el déficit habitacional y la construcción de mejores barrios y ciudades para las personas. Por eso hemos impulsado una robusta agenda para la agilización de los permisos de construcción, y ahora, con este proyecto de ley, medidas para que la tramitación de los planes reguladores sea un proceso moderno, transparente y con plazos claros para todos los actores de la ciudad”, recalcó Montes.
El titular de cartera agregó que este es un proyecto relevante para enfrentar los problemas latentes, presentes y futuros que plantea la emergencia habitacional, los déficits urbanos y el cambio climático.
Grueso de la ley
Uno de los principales ajustes que plantea la normativa es la unificación del régimen de aprobación de los PRC, es decir, que sean aprobados solo por decreto alcaldicio. Así, este procedimiento ya no tendrá que pasar por la Contraloría General de la República, sólo estará bajo la responsabilidad de los respectivos municipios y Seremis de Vivienda.
La norma también apunta a fortalecer la aplicación de instrumentos de gestión urbana que permitan elaborar propuestas específicas para necesidades y oportunidades de las comunas, de manera de integrar más equipamientos, infraestructura y viviendas; sin tener que pasar por un proceso de actualización del PRC.
Por otro lado, el proyecto busca simplificar las etapas de planificación. Por ejemplo, hoy los municipios tienen que pasar por la fase de la imagen objetivo, la cual presenta los acuerdos entre los diferentes actores de una comuna sobre el desarrollo futuro de ésta.
El proyecto de ley plantea que las municipalidades pasen por esta etapa solo cuando se esté evaluando un nuevo PRC o cuando haya una modificación que altere más del 50% del territorio comunal.
Además, la nueva normativa reunirá ciertos procedimientos que ahora se hacen sucesivamente, como la audiencia pública y las observaciones; y adelantará ciertas etapas, como la revisión del anteproyecto por parte de la Seremi.
“Poner al día la planificación territorial significa racionalizar los plazos de los planes reguladores y, al mismo tiempo, dotar a ministerios, gobiernos regionales y municipios, de instrumentos de gestión urbana para desarrollar proyectos habitacionales y de ciudad en terrenos específicos. Muchos de ellos existen, pero tienen un carácter transitorio o extraordinario, por ello, la idea es consolidar su aplicación para responder oportunamente a las oportunidades que se presentan”, señaló el jefe de la división de desarrollo urbano del Minvu, Vicente Burgos.
Informes bienales
Otra modificación relevante que plantea el proyecto de ley es la implementación de los informes bienales.
De acuerdo a la normativa actual, los instrumentos de planificación territorial deben actualizarse periódicamente en un plazo no mayor a diez años; si este supera dicho tiempo, la norma queda desactualizada.
En concreto, el proyecto busca que, cada dos años, los municipios elaboren un informe de monitoreo en base a los indicadores de seguimiento y criterios de actualización y rediseño del instrumento. Dicho documento deberá concluir con un pronunciamiento expreso respecto de si es o no necesaria la actualización del instrumento, expresando las razones y antecedentes que fundamentan su conclusión.
Para que los respectivos municipios tengan las capacidades para llevar a cabo esta tarea, el Gobierno plantea la necesidad de agrupar toda la información para diseñar planes reguladores en una sola plataforma, para así tener un mejor acceso a estos datos.
Además, el ministerio quiere establecer un sistema de formación y capacitación para los actores que participan en el proceso de creación o actualización de un PRC -como consejeros, vecinos y concejales-, para que éstos tengan las capacidades suficientes para trabajar en un proceso de esta envergadura.
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