Los socios fundadores de Vial y Vives, liderados por Gabriel Vives, mantienen una soterrada disputa con la ex Graña y Montero (GyM), actualmente llamada Aenza, derivada de la compra de la constructora chilena por parte de la firma con sede en Lima, Perú.
En octubre de 2012, GYM compró a Inversiones VyV, representada por Gabriel Vives, el 73,91% de la reconocida constructora nacional en US$ 55,4 millones. En mayo de 2016, la firma peruana adquirió un porcentaje adicional de la firma en US$ 12,8 millones, pagadero en dos paquetes y en cuotas mensuales.
Según los exsocios fundadores de VyV, el comprador dejó de pagar siete cuotas por US$ 5,7 millones, más un interés moratorio de 10% anual. Dado esto, y según estaba estipulado en el contrato, solicitaron un arbitraje en contra de GyM Chile y de GyM Perú en julio de 2017. Dos años después, el abogado Felipe Ossa dictó sentencia y les dio la razón a los demandantes.
“Se acoge la demanda principal interpuesta por Inversiones VyV SpA, condenándose solidariamente a GyM Chile SpA y a GyM S.A. a pagar a Inversiones VyV SpA la cantidad de US$ 5.690.312, más un interés moratorio del 10% anual contado desde el 15 de junio de 2017 hasta el pago íntegro de las cantidades adeudadas”, dice la sentencia del juez árbitro.
Los abogados de GYM recurrieron a la Corte de Apelaciones, la que, a fines de 2019, rechazó el recurso de nulidad en contra de la sentencia arbitral.
“El laudo en estudio es un fallo completo que analiza pormenorizadamente las alegaciones de las partes y la abundante prueba rendida. Durante el procedimiento, las partes fueron debidamente emplazadas, presentaron numerosos escritos, rindieron copiosa prueba y ejercieron todos los derechos franqueados, todo lo cual es posible de ser apreciado de la lectura del laudo impugnado, el cual se encuentra suficientemente fundamentado y fue dictado con apego al mérito del proceso y al marco establecido por las partes”, dice el fallo del tribunal de alzada.
Tras esto, la defensa de GyM llegó hasta la Corte Suprema, la que, en mayo del año pasado, declaró inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo.
Con todos estos antecedentes bajo el brazo, los exsocios de VyV presentaron una demanda civil de ejecución y embargo en contra de GyM Chile SpA por los US$ 5,7 millones reclamados desde el juicio arbitral, más el interés moratorio.
En agosto del año pasado, el juez del 26 Juzgado Civil de Santiago ordenó despachar mandamiento de ejecución y embargo por $ 4.353 millones.
Durante este juicio, la demandada ha presentado una serie de recursos. El último fue el pasado 31 de mayo, cuando solicitó al tribunal la reducción del embargo, lo que fue rechazado de plano. La firma insisitó sobre este punto, lo que aún está pendiente de resolución.
Ante la consulta de Diario Financiero, desde GyM Chile se señaló que la solicitud de ejecución se funda en un título que, a su juicio, no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, por haber omitido un trámite esencial bajo la referida Ley. “A mayor abundamiento, la solicitud de embargo afecta bienes que cuadriplican el monto de la deuda, lo que también atenta contra los derechos de GyM SpA”, dijo la sociedad.
Y añadió: “Es importante destacar que GyM confía en las instituciones judiciales y con la finalidad de no interferir en asuntos bajo su conocimiento, no es posible profundizar más en este tema que se encuentra en manos de las autoridades competentes”.
El caso Odebrecht
Como parte del juicio arbitral, GyM dijo que los exdueños de la constructora local incumplieron una serie de obligaciones, lo que, aseguraron, les produjo un perjuicio cercano a los US$ 20 millones.
Entre estas, mencionaron que los socios fundadores de VyV debían colaborar en los ámbitos comerciales y de relación con los clientes. Esto, se aseguró, fue considerado en la decisión de compra de la compañía y en el precio pagado. “Sin embargo, dicha asesoría no habría sido prestada”, señaló la defensa de la sociedad, la cual afirmó que, dado que la demandante incumplió con sus obligaciones, no puede solicitar el cumplimiento de los deberes de GyM Chile y de GyM Perú.
La respuesta de los fundadores de VyV no se hizo esperar y acusaron “imputaciones falsas y de mala fe”. Además, señalaron que las sociedades demandadas omitieron una serie de hechos que explicarían los malos resultados.
Entre estos mencionó la desvinculación de ejecutivos y trabajadores que habían fundado el éxito de la constructora y malos negocios liderados por la nueva administración del grupo GyM. También apuntó a la vinculación de propietarios y ejecutivos del grupo peruano con el escándalo de la constructora Odebrecht. Esto, señalaron, pudo afectar la posibilidad de la compañía de recibir adjudicaciones en virtud de las normas de compliance de los clientes.
Hace una semana, el fondo brasileño IG4 lanzó una OPA por hasta el 25% de la ex Graña y Montero, casi un año después de haber alcanzado un acuerdo con los actuales controladores para adquirir su participación en la firma. La oferta estará vigente durante 20 días.
Tras la OPA, la nueva composición accionaria dará la calidad de accionista principal a IG4 Capital -con su casa matriz en Sao Paulo, y oficinas en Londres y Santiago, esta última liderada por su socio Pablo Kühlenthal-, junto a otros accionistas relevantes como Megeve (del clan Solari Donaggio, socios controladores de Falabella), Quimpac Perú y las AFP peruanas.
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