Claro, Vicuña, Valenzuela tiene más de 1.400 acreedores: fondo de Vantrust y Santander representan el 23%

Más de 1.400 acreedores suma la empresa constructora Claro, Vicuña, Valenzuela, que el viernes pasado inició los trámites para solicitar su quiebra. La compañía anunció que desmovilizará más de 30 obras y despedirá a 2.500 personas. Sus pasivos superan los US$ 60 millones.

“Esta es la más dolora y significativa decisión adoptada por la empresa, por su amplia y reconocida trayectoria, así como también por el gran impacto que esto provoca en sus colaboradores, proveedores, subcontratos, clientes y comunidad”, dijo la firma, asesorada por el abogado Nelson Contador.

La compañía detalló una serie de juicios con organismos públicos, en los cuales reclama el pago de $ 38.800 millones.

Los principales acreedores son un fondo de Vantrust y el banco Santander, que representan el 23% de acreencias por más de $ 44.884 millones.

En la lista también figuran los bancos Estado, De Chile e Itaú, la Tesorería, grandes proveedores como cementos Bío y Bío y Melón, y pequeñas firmas ligadas a la construcción.

A esto se suman pasivos contingentes, lo que incluye boletas de garantía bancarias, pólizas, facturas de mandantes cedidas a factoring con responsabilidad, y anticipo de clientes. En este último grupo figuran el Servicio de Salud de la Araucanía, Minera Centinela, Celulosa Arauco, Concesionaria Aeropuerto Diego Aracena, el Ministerio de Obras Públicas, entre otros, con un monto que superan los $ 13.800 millones.

Valorización de activos

La compañía informó a la justicia activos valorados en $ 76.115 millones, entre los que figura 23 cuentas corrientes en bancos (que suman $ 1.084 millones), un terreno en Coyhaique (valorado en $ 870 millones, con hipoteca), maquinaria (como una planta de asfalto de $ 200 millones y varios camiones Caterpillar y Mack, entre otros), además de existencias materiales, cuentas e impuestos por cobrar, facturas pendientes de pago de clientes, entre otros ítems.

La firma excluyó de la lista sus oficinas en Alonso de Córdova, Vitacura, arrendada a Cronos Inversiones Inmobiliarias SpA, y su sede en Concepción, alquilada a Constructora e Inmobiliaria Monte K2, según detalló la empresa. También dejó fuera dos terrenos y una serie de máquinas que estaban en arriendo con opción de compra.

También informó una nómina de 2.658 trabajadores al 31 de agosto, los cuales cuentan con preferencia de pago en un proceso de quiebra.

Junto con detallar una serie de juicio en su contra, la constructora también dio cuenta de cuatro demandas que mantiene vigentes contra la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional Arica y Parinacota, el Instituto Nacional del Deporte, la Municipalidad de Concepción y el Gobierno Regional del Biobío.

En estos procesos, la empresa demandó por cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, exigiendo el pago de $ 38.800 millones.

La compañía dijo que entre los factores que la llevaron a la debacle está su relación contractual con el Ministerio de Obras Públicas, mandante en varios proyectos de infraestructura pública que desarrollaba la constructora.

“Hoy la compañía debe avanzar hacia su liquidación afectada por los cambios estructurales que enfrenta la industria de la construcción y la burocracia de los mandantes públicos, en especial del Ministerio de Obras Públicas, para gestionar pagos”, dijo el abogado Contador.

El MOP negó cualquier responsabilidad y dijo que la constructora “mantuvo bajos niveles de rendimiento, incumpliendo con sus compromisos en las obras”. Además, la cartera liderada por Juan Carlos García acusó a la firma de no pagar el sueldo de sus trabajadores de acuerdo a los contratos vigentes.

Errázuriz: “Fue en este Gobierno en
que se tomó el peso de esta situación”

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, nuevamente comentó la delicada situación que vive el sector y que quedó más en evidencia con la quiebra de la constructora Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV). En conversación con radio Infinita respondió a quienes sostienen que las empresas debieron anticipar el escenario. “Hay una creencia de que los márgenes del sector de la construcción son muy jugosos… Y en las empresas enlistadas en bolsa ninguna supera el 4%. Cuando en un proyecto los materiales suben un 37% o 40%, habría que ser mago para saber cómo enfrentar esa situación”.
Además, valoró las gestiones hechas por el actual Gobierno, asegurando que hay un diálogo fluido con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. “Debo reconocer que el ministro, en el poco tiempo que lleva en su cartera, hemos tenido una muy buena relación”, comentó. En efecto, la autoridad anunció que modificará los contratos de obras de infraestructura pública debido al alza de los materiales de la construcción.
Sobre el origen del escenario actual, Errázuriz señaló que “lo de los contratos en ejecución ha tomado mucho tiempo… viene del Gobierno pasado; con el ministro (Alfredo) Moreno conversamos de esta situación”, punto sobre el cual el representante gremial puntualizó: “Tengo que ser muy sincero, fue en este Gobierno en que se tomó el peso de esta situación… pero la situación de CVV requería una solución en cosa de días”.

Quiebra de constructora Claro, Vicuña, Valenzuela esta semana llega al Congreso que pide explicaciones al MOP

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