Municipalidades aceleran gestiones para evitar el término de las concesiones de casinos en 2015

Por I. Edwards y J. Castillo



Las municipalidades de los siete casinos (Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Punta Arenas ) que aún se rigen por la antigua ley, preparan su artillería para evitar perder las concesiones de los establecimientos de juegos y así mantener los ingresos que provienen de ellos.

La más activa ha sido la Municipalidad de Viña del Mar -la que más ingresos recibe y, por ende, la que se vería más afectada-. Su alcaldesa, Virginia Reginato, encabeza la petición -que realiza en conjunto con los demás municipios- que busca una audiencia con el Presidente para poder expresar su postura frente al tema. “Durante los primeros días de enero solicitamos una reunión, la que esperamos sea acogida a la brevedad puesto que el tema es de gran preocupación para nosotros”, explica. Esta iniciativa se suma a dos anteriores: La adhesión a la propuesta de modificación a la ley para la extensión de la concesión hasta 2030 y a la iniciativa del Ejecutivo que busca que el ajuste del presupuesto sea progresivo con recortes del 4% anual.

Paralelamente Viña del Mar, está apelando a lo que ellos consideran la “expropiación” de los casinos. “Por cuanto ni el estado o la actual ley, consideran compensaciones para los municipios, que en gran parte, dependen de los recursos que generar estos establecimientos”, informaron en la municipalidad. 
Por su parte, el superintendente de Casinos de Juego, Francisco Javier Leiva, aclara que esa iniciativa busca un proceso de transición más lento, pero que ya se le dio espacio a la municipalidades para adecuarse y mantiene su postura afirmando que “el mismo marco regulatorio busca que no hayan dos industrias”, agregando que el funcionamiento es muy dispar entre uno y otro.
En el caso de que los municipios deban adherirse a la nueva ley el 1 de enero de 2016, la reducción del presupuesto sería importante (en algunas comunas de hasta un 40%), se estima en unos US$ 90 millones anuales en conjunto. De esta manera verían disminuido el capital que se destina principalmente a servicios comunitarios, educación y salud, además de mejoramiento de infraestructura y temas sociales.