El expresidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, fue designado como juez árbitro en la nueva disputa que se abrió entre el fondo de inversión Southern Cross y la familia Repetto por una participación en la propiedad de SMU, matriz de la cadena de supermercados Unimarc.
La firma ligada a Raúl Sotomayor y Norberto Morita recibió el respaldo tras haber solicitado a la Corte de Apelaciones un nuevo arbitraje para especificar la cantidad de acciones de SMU que el fondo deberá adquirir a los Repetto (y precio), como parte del contrato de compraventa de la cadena supermercadista de la Región del Biobío.
Cuando Supermercados del Sur, fundada por Southern Cross y luego adquirida por SMU, adquirió Keymarket, los Repetto recibieron casi US$ 100 millones en efectivo y otros US$ 39 millones quedaron en acciones del Fondo Omega, administrado por Sotomayor y compañía.
Por eso, y como señala el contrato, exigen que se les devuelvan esos US$ 39 millones más reajustes, que totalizarían unos US$ 60 millones. La contraparte estima que el valor sería sustancialmente menor.
En su solicitud a la justicia, el fondo de inversión señaló: "Solicitamos la designación de juez árbitro, con el propósito que se aboque al conocimiento y resolución de las controversias surgidas entre nuestra representada con Agrícola Corniglia Limitada (sociedad ligada a los hermanos Repetto, de Concepción)".
La defensa de Southern Cross precisó que para poder dar ejecución a la obligación de compra de acciones, tras el fallo del juez árbitro Víctor Vial -que fue ratificado por la Corte Suprema-, "resulta necesario determinar previamente una serie de cuestiones relativas al cumplimiento, interpretación y eficacia de la referida obligación de hacer y que no fueron sometidas a la decisión del árbitro o no fueron resueltas por él, entre ellas, la exigibilidad, eficacia y validez de la estipulación conforme a nuestro Derecho, la cantidad precisa de acciones de SMU S.A. y otros elementos sobre los que recae la opción de venta y, por consiguiente, los términos y condiciones del contrato de compraventa que debe suscribirse así como los términos y condiciones de la prenda que también debe celebrarse para garantizar el pago del precio de las acciones de conformidad al pacto".
Según el escrito presentado a la justicia, Southern Cross intentó resolver dichos puntos directamente con la familia Repetto. De acuerdo a sus abogados, el fondo de inversión pidió formalmente una reunión mediante carta para este efecto, pero Agrícola Corniglia dijo que era inconducente e impertinente referirse a la materia propuesta en el encuentro planteado.