Comercio en alerta por actos de violencia: apuntan a que el Estado debe garantizar la seguridad para el sector y la ciudadanía

El jueves 30 de diciembre de 2021, la multinacional de comercio electrónico Mercado Libre dio a conocer el tercer asalto registrado durante todo ese año en una de sus instalaciones.

Fue el caso de su centro de distribución ubicado en Colina, en la Región Metropolitana, el que había sido inaugurado pocos meses antes, en agosto. Y ya a en noviembre y a inicios de diciembre, la empresa también había sido afectada por robos similares en el mismo sitio.

Sobre los hechos ocurridos, las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la compañía mostraron que 43 individuos, provistos de herramientas y armas de fuego, ingresaron alrededor de las 21:38 horas al establecimiento, afectando a una sección de productos. En su huida, los sujetos hicieron barricadas en la vía pública y hubo dos trabajadores que resultaron con lesiones leves.

En respuesta a lo ocurrido, la compañía trasladó los artículos de más alto valor a otras dependencias mientras implementa las medidas de mejora sugeridas por la Subsecretaría de Prevención del Delito y Carabineros de Chile.

El alto nivel de organización de los delincuentes, además de generar reacción en la industria, causó preocupación entre las autoridades. Sin embargo, el tema también destapó una problemática entre privados y el Estado, en relación a la agenda de seguridad.

Problema mayor

Respecto de la intervención que ha tenido el Estado en esta materia, Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), indicó que "en materia de seguridad existe consenso de que el Estado está al debe".

"Independientemente de los esfuerzos y el gasto que los privados deben realizar en materia de seguridad para intentar proteger sus instalaciones, nos enfrentamos a un problema mayor que nos afecta a todos como ciudadanos y que debemos enfrentar a nivel nacional. Estamos en conocimiento, y somos parte de los esfuerzos y las coordinaciones público-privadas en la materia, pero se debe contar con una política de Estado para poder enfrentarlo como un tema país", subrayó.

Mewes explicó que las medidas de seguridad con las que cuenta el comercio no son entregadas por el Estado, corren por cuenta del sector y se ajustan a la realidad de cada PYME o empresa. En total, agregó, los privados han llegado a gastar en esta materia hasta US$ 2.000 millones al año.

Reiteró que "es el Estado el que debe garantizar la seguridad para el comercio y para la ciudadanía", y agregó que creen que se debe mejorar o profundizar la coordinación público-privada.

Desde la CNC añadieron que a través del Observatorio del Comercio (OCI) están trabajando en los temas de seguridad que afectan al comercio.

Durante 2021, dentro de las gestiones realizadas, destacan las audiencias sostenidas con los altos mandos de Carabineros.

Por su parte, María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago comentó que como gremio están "muy preocupados" debido a la irrupción de métodos masivos para realizar robos, "porque generan una fuerza imposible de contrarrestar para cualquier privado".

"Si no se detiene esta escalada, este tipo de métodos se harán cada vez más frecuentes, afectando otro tipo de empresas y propiedades, e incrementando la sensación general de inseguridad, al no tener oposición aparente", agregó Vial.

La visión de la autoridad

Consultado por cómo se ha manejado la escala de delitos en contra del sector comercial desde la institución que dirige, el subsecretario de Prevención del Delito (s) Fernando Salamé, sostuvo que han asumido y comprometido sus esfuerzos y capacidades en cooperar y participar en la solución del problema.

Sin embargo, indicó que "las propias compañías deben asumir también los temas vinculados a la seguridad, sobre todo cuando tienen varias hectáreas de bodegas o productos atractivos para el delincuente, y pedir ayuda a Carabineros o a la SPD para diseñar sistemas de seguridad eficientes".

En tanto, Salamé puntualizó que "es importante destacar que, tanto Carabineros como la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de su programa Sello de Seguridad, están totalmente dispuestos a hacer recomendaciones para subsanar las deficiencias de seguridad de las compañías que, por el giro o características de su negocio, pueden estar expuestas a este tipo de delitos".

No obstante, añadió que "es fundamental que ello se solicite previo a que se cometa un delito y no a posteriori, pues la prevención siempre es más eficiente y menos costosa que la reparación".

Consultado por la proliferación de este tipo de incidentes, el subsecretario señaló que las cifras muestran que el robo en lugar no habitado -lugares que no están destinados para pernoctar- se ha reducido en un 29,4% entre enero y noviembre de 2021, en comparación al mismo período 2020 a nivel nacional. En tanto, los robos en lugares vigilados disminuyen su frecuencia en 9,1%, registrando ambos la cifra más baja de los últimos cinco años.

En detalle, la autoridad explicó que entre los meses de enero y noviembre del año pasado, el 21,4% de los casos de robos en lugares deshabitados y lugares vigilados, se concentran en la Región Metropolitana. De estos, la comuna de Colina registró en 2021 ocho casos en lugar deshabitado y lugar vigilado, que se comparan con los cuatro en 2020 y los 12 en 2019.

"Nuestra evaluación es que, en el caso particular de Mercado Libre, se conjugaron un alto nivel de organización de los delincuentes, con una complejidad logística de Mercado Libre que ahora están resolviendo", dijo Salamé.