A inicios de octubre, el Servicio de Impuestos Internos (SII) remeció al mundo político al presentar una denuncia por eventual delito tributario contra los representantes legales de seis sociedades relacionadas al Grupo Penta, por eventual falsificación ideológica de boletas de honorarios.
Con este paso, el fiscalizador dio vía libre para que la Fiscalía Metropolitana Oriente ampliara su investigación de eventuales aportes irregulares a campañas políticas de parte del holding ligado a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, proceso que es liderado por el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejiidad de dicha zona, el fiscal Carlos Gajardo, y en cuyo marco se ha aludido a figuras relacionadas a la UDI, como Jovino Novoa, Ena von Baer, Pablo Zalaquett y Laurence Golborne, además del ex ministro de Hacienda del primer gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco.
Jorratt responde a las críticas debido a la presentación de una denuncia -y no una querella- por parte del organismo y desestima haber recibido presiones políticas para investigar a financistas relacionados con la oposición.
- Se criticó mucho que el SII no presentara una querella por delito tributario contra los representantes legales del Grupo Penta. ¿No había antecedentes suficientes para hacerlo?
- Con la denuncia, lo que hicimos fue habilitar al fiscal para que pueda investigar, porque él tiene más atribuciones que nosotros para fiscalizar ciertas situaciones. Por ejemplo, él puede incautar computadores, cuestión que nosotros no podemos hacer.
Entonces, efectivamente la denuncia tiene el objetivo de habilitar al fiscal para que investigue, y dependiendo del resultado de esa investigación, nosotros podemos posteriormente querellarnos.
- ¿Están analizando una eventual querella?
- Es una opción probable, dependiendo de cómo marche la investigación. No hay una decisión tomada en ese sentido aún porque la investigación está en curso.
- En la primera denuncia que se hizo contra los controladores del Grupo Penta por emisión de eventuales boletas falsas a sus cónyuges, ¿por qué no se rechazó ese gasto -como comúnmente se hace- y en lugar de eso se presentó una denuncia?
- Eso no es efectivo. Obviamente, esas boletas son gastos rechazados, pero no sólo eso: además, hay un delito tributario que está tipificado en el código. Y hay cientos de casos de denuncias o querellas por las mismas razones. Entonces, no es efectivo que hayamos actuado de manera distinta en este caso. Actuamos como lo hemos hecho siempre.
- O sea, se rechaza el gasto y adicionalmente se presenta la denuncia.
- Claro, quizá la confusión radica en que la propia Ley de Impuesto a la Renta dice que las remuneraciones pagadas a los cónyuges son gastos rechazados. Y son sólo eso en la medida que haya habido una prestación real de servicios. O sea, que el cónyuge trabaje en la empresa y se le pagó una remuneración, entonces eso es un gasto rechazado. Pero una cosa distinta es cuando hay un servicio no prestado.
Entonces, ahí está la figura de una boleta a honorarios ideológicamente falsa, lo que está penado por el Código Tributario.
- Efectivamente, ¿cómo pueden determinar la existencia de una falsificación ideológica?
- Es un tema complejo, pero debería haber contratos que respalden la prestación de servicios. Las declaraciones también ayudan mucho, como las realizadas por personas al interior de la empresa, por ejemplo.
- ¿Van a fiscalizar independiente del color político de las personas relacionadas a este caso?
- Por supuesto, se perseguiría exactamente igual independiente de su eventual afiliación política. Eso no es un factor relevante a la hora de realizar eventuales denuncias.
SII fortalece contraloría interna y refuerza probidad administrativa
La imagen del Servicio de Impuestos Internos (SII) se ha visto deteriorada en años recientes a raíz del surgimiento de una serie de polémicas que pusieron en entredicho la transparencia con que operaba el fiscalizador tributario.
En primera instancia fue la millonaria condonación de multas e intereses a Johnson´s aprobada durante la administración de Julio Pereira (2010-2013), operación cuestionada por los eventuales conflictos de interés del funcionario por sus vínculos con Cencosud, empresa que compró posteriormente al retailer.
Y hace poco el caso del denominado fraude al FUT puso bajo la lupa los procedimientos del organismo y la posibilidad de colusión entre contribuyentes y fiscalizadores.
Consciente de esto, Jorratt puso como uno de los énfasis de su gestión el recuperar la imagen de probidad que caracterizó al servicio durante décadas.
- El denominado caso del fraude al FUT reveló que como toda persona, los funcionarios del SII son susceptibles de corrupción. ¿Qué medidas internas han tomado para evitar que casos como este se repitan?
- En ese ámbito, estamos fortaleciendo nuestra contraloría interna, apuntando a mayores controles en el ámbito de la probidad. En el fondo, queremos que cada día tengamos funcionarios más probos, pero lo fundamental es que en el SII los casos de corrupción son mínimos. En algunos medios se ha dicho que hay una red de corrupción en el SII y la verdad es que lo que tenemos son dos funcionarios -que fueron despedidos y uno está declarado reo- y eso es lo que hay por ahora. En ningún caso, hay una red de corrupción.
Por lo tanto, siempre estamos fortaleciendo el tema de la probidad, porque es el principal activo que tenemos como administración tributaria.
- ¿En qué se materializa específicamente el fortalecimiento de la contraloría interna?
- A propósito del aumento de dotación por la reforma tributaria, también se está aumentando la dotación en la contraloría interna, tanto en fiscales como en auditores internos.
- ¿Qué otras medidas han tomado para aumentar la probidad?
- Hace poco dictamos una resolución para normar los conflictos de interés. Queremos actuar sobre esas situaciones y la resolución explicita cuáles son las causales para que un funcionario tenga que inhabilitarse para tomar una decisión. Esto se firmó a los dos o tres meses desde que asumí la dirección del SII.
Además, tenemos un plan permanente de capacitación en tema de probidad y conflictos de interés. Los funcionarios deben cumplir con esa capacitación.
- ¿Esta resolución nació producto del fraude al FUT o se venía analizando desde antes?
- El SII siempre ha tenido una fuerte contraloría interna que toma acciones, pero que yo quería fortalecer porque considero que la probidad es uno de los principales activos que tenemos. En el fondo, aumentar la probidad nos ayuda en el concepto de aceptación del sistema tributario. Que la gente vea que hay más funcionarios probos, hace que sean menos adversas a aceptar el sistema tributario y tendrá mayor disposición a cumplir con sus obligaciones de impuestos.
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