CPC lleva propuestas al Congreso para modificar el polémico proyecto del Sernac

Las reformas tributaria y laboral no son los únicos dolores de cabeza que ha enfrentado el empresariado durante el último tiempo. El proyecto que reforma el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), ingresado al Congreso en junio del año pasado y que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, se encamina sigilosamente como una nuevo "traspié" para el mundo privado. Así lo hicieron sentir ayer los gremios de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) al exponer en la comisión de Economía del Senado.

"La intención del proyecto de ley es buena y confiamos en la voluntad de los redactores en contribuir al mejoramiento de las relaciones de cosumo, pero disentimos del camino propuesto para materializar dicho objetivo y particularmente de la gravedad del diagnóstico que fundamenta algunas de las medidas contenidas en el proyecto", señaló de entrada el timonel de la multigremial.

Luego de presentar un diagnóstico de la situación del Sernac en la actualidad, Salas se mostró preocupado por la racionalidad del sistema de multas propuesto por el proyecto. En esa línea, propuso rescatar la sana aplicación de los principios de gravedad y proporcionalidad en relación a las multas. "La asignación de una multa por conducta infractora y la eliminación de la distorsión que se produce al multiplicar las multas por el número de consumidores es, en nuestra opinión, el camino correcto", afirmó.

Asimismo, agregó que se debe atender a la gravedad de la conducta para efectos de establecer el techo de la multa. Salas afirmó en este punto que "conductas dolosas debieran soportar una multa alta por ejemplo hasta de un 30% de las ventas del producto o servicio comprometido, pero, conductas descuidadas debieran tener un techo de multa no superior a un 10%".

En cuanto a la concentración de funciones, puntualizó que se debería mantener la función jurisdiccional en los juzgados de policía local.

Un punto relevante del texto legal que también fue abordado por el máximo representante del empresariado fue las facultades que tendría el Sernac. Frente a esto, Salas indicó que esta institución debiera estar facultada para proponer cambios o modificaciones legales en las áreas de su competencia a las autoridades respectivas, siendo una facultad similar a la que se ha aprobado para la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Por esto, aseguró, "no compartimos el que el director del Sernac pueda dictar normativa de carácter general", proponiendo "la construcción de un buen gobierno corporativo para el Sernac en cuyo seno estén claramente delimitados los márgenes de acción de la autoridad".

Un tercer aspecto abordado por el líder de la cúpula empresarial fue el cálculo del daño moral. Al respecto, puso sobre la mesa que este daño sea indemnizado en el marco de un procedimiento individual en que cada consumidor afectado, invocando los hechos probados en el procedimiento colectivo, se limite a probar la existencia del daño moral y el monto necesario para su debida indemnización.

Eso sí, el dirigente reconoció que la conformación de un Consejo Coordinador Regulatorio "va en el camino correcto".

Nuevo modelo de gobierno
Tres fueron las propuestas que expuso la Asociación de Bancos al proyecto que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor.
La primera, que el gobierno corporativo del organismo replique el modelo propuesto por el Ejecutivo para la Comisión de Valores y Seguros, esto es, que quede a cargo de un consejo.
Lo anterior, en la lógica que las designaciones deben realizarse por un plazo que exceda el ciclo político y renovarse individualmente; con causales objetivas de cesación en el cargo establecidas en la ley y acuerdos por mayoría de los consejeros con voto dirimente del presidente.
En segundo término, plantean que haya co-regulación, es decir, que cualquier norma que quiera dictar el Sernac requiera del informe previo favorable del regulador sectorial. Y, finalmente, que la repartición en el centro del debate no ejerza un rol de mediación cuando se trate del interés colectivo o difuso de los consumidores, ya que por definición, el servicio no es imparcial.

"REDEFINIR SISTEMA DE MULTAS"
Las críticas también se hicieron presentes desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Su líder, Ricardo Mewes, afirmó ayer en su exposición que las multas propuestas en el articulado "representan la destrucción de muchas empresas, particularmente de aquellas pymes o micro empresas". En ese sentido, enfatizó que tal como está planteando el proyecto, "el efecto de las multas colectivas (establecidas sobre la base de un tope de un 30% de las ventas) podría representar hasta el 90% del patrimonio de una micro, pequeña y mediana empresa; y entre el 60% y 45% de una grande. Es decir, el efecto podría ser devastador".
Según afirmó Mewes, en la propuesta actual, no se aprecia una proporcionalidad entre la gravedad del daño que se busca sancionar y la multa impuesta. Mewes propuso redefinir "el sistema de multas" y sostuvo que "una rebaja del techo de la sanción al 10% sobre las ventas del producto en cuestión encuentra razón en lo que hemos planteado: constituye una multa importante, pero no destruye a la empresa".

"eventual colisión con la sec"
A pesar que desde el mundo energético, el director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN), Carlos Cortés, reconoce que el proyecto en discusión perfecciona la actual legislación de derechos del consumidor, incorporando la experiencia de más de 15 años, tiene algunas diferencias frente a determinados apartados que contempla la iniciativa.
Por ejemplo, es enfático en señalar que "las nuevas facultades conferidas al Sernac podrían derivar en la existencia de más de un procedimiento en contra de una misma empresa de gas y, por tanto, una duplicidad de sanciones por un mismo hecho e igual bien jurídico protegido". Por esto, propuso ante la comisión de Economía que, para el caso de los servicios regulados, se mantenga la potestad sancionatoria exclusivamente en manos del órgano técnico sectorial que -mediante una ley especial- ha sido facultado para ello. "Se debe robustecer a la SEC como organismo especializado, en vez de entregar facultades a otros órganos", enfatizó Cortés.