Tras arribo del exministro de Hacienda a Cencosud, presentan proyectos para prohibir el ingreso de exaltas autoridades a directorios
Las iniciativas tienen su origen en el ingreso del extitular de Hacienda Felipe Larraín a Cencosud, tras sólo seis meses de haber dejado el cargo.
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A raíz del aterrizaje del exministro de Hacienda Felipe Larraín en el directorio de Cencosud, diputados de oposición presentaron hoy sendos proyectos de ley a fin de prohibir que diversas autoridades puedan acceder a esos cargos en un plazo determinado de tiempo que va entre uno y cuatro años, desde que cesen en sus funciones, poniendo nuevamente en debate el tema acerca de los riesgos de pasar de un cargo público a uno privado sin un tiempo lo suficientemente prudente para evitar algún conflicto de interés.
Ambas iniciativas de artículo único, modifican los artículos 35 y 36 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, que se refieren a las inhabilidades para ser directores en estas instancias.
La iniciativa presentada por el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Daniel Núñez (PC), establece, por su parte, la inhabilidad de integrar directorios específicamente para "los exministros de Hacienda, hasta el término de un año, contado desde que hubieren cesado en el cargo".
Mientras que el proyecto respaldado por la bancada del Partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y promovido por el diputado Esteban Velásquez, es más amplio, estableciendo dicha prohibición para "las personas que hayan cesado en los cargos de ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales y embajadores, jefes de servicio y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos". Y regirá por cuatro años, desde la cesación en el cargo.
Entre los fundamentos para este último proyecto, sus suscriptores plantean que "la normativa vigente no tiene disposiciones que regulen el tránsito de exautoridades políticas y administrativas desde el sector público al privado, al menos en lo que dice relación con los altos cargos de las sociedades anónimas del país, en especial las abiertas".
Y, por otra parte, argumentan que este paso de un cargo al otro "constituye un espacio proclive a la corrupción (...), puesto que puede ser un incentivo a que se otorgue un trato preferente a determinadas sociedades anónimas o, en el peor de los casos, a que se entreguen dádivas para ejercer una determinada competencia pública (o no ejercerla), bajo la promesa de ser nombrado, con posterioridad a la cesación del cargo, como director de dichas sociedades".
Velásquez, señaló que con su iniciativa "queremos dejar establecido que, más allá de los diversos gobiernos, los marcos regulatorios deben ser drásticos, contundentes, de probidad absoluta".
En la misma línea, pero apuntando específicamente al exministro Felipe Larraín, Núñez argumenta que su reciente incorporación a Cencosud, a sólo seis meses de su salida del gobierno, "pone de relieve la falta de normas eficaces para evitar que el poder de las corporaciones permee las decisiones políticas", por lo que a su juicio "es indispensable separaciones y barreras para impedir la multiplicación de relaciones espúreas entre los grandes grupos económicos y el Estado".
Lo que, desde el punto de vista de Núñez, es "especialmente preocupante respeto de la cartera de Hacienda, que maneja información estratégica sobre la política económica del gobierno", advierte. El diputado instó a aprobar estos proyectos, tanto el propio como el de Velásquez, porque "la famosa puerta giratoria está operando en forma escandalosa" y con su iniciativa busca "clausurar esa puerta giratoria que permite que se pase del sillón de Teatinos 120, del Ministerio de Hacienda, y se dé el salto hacia el directorio de grandes empresas, como es el caso del exministro Larraín que saltó al directorio de Cencosud".
Núñez hace hincapié en que Larraín con ello "accede al uso de información privilegiada y conlleva a que hace un evidente tráfico de influencias, por lo que estamos lidiando con situaciones que rompen con todos los criterios de transparencia y probidad que deben regir el comportamiento de una exautoridad".