Angélica, Antonella, Nahiara, Flor, Nacho, Vera y Mayra son solo algunos de los nombres de ciudadanos uruguayos que vieron cambiar una dimensión de su vida hace un par de años. Algunos pudieron estudiar, otros encontraron alguien que velara por sus hijos pequeños para poder salir a trabajar y otros a alguien que los acompañara en sus día a día o momentos de soledad. Logros que fueron manifestación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el que debutó luego que el Congreso de ese país aprobara la ley respectiva en 2015.
Destacado por organizaciones como ONU Mujeres y la Cepal, la institucionalidad promueve el desarrollo de la autonomía de las personas en situación de dependencia, su atención y asistencia, dando espacio a las mujeres para ser parte del mercado laboral. Está compuesta por la Junta Nacional de Cuidados -que reúne a nueve instituciones y ministerios, o sea, un desafiante engranaje-, la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, y el órgano asesor consultivo de la sociedad civil, coordinados por el Ministerio de Desarrollo Social.
Florencia Krall, directora de Cuidados Uruguay. Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva comunidad mujer. Francisco Delgado, viceministro Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica. Julio Bango, exsecretario Cuidados Uruguay. Francisca Perales, subsecretaria de servicios sociales del MDS. María Inés Salamanca, coordinadora onu mujeres en Chile.
De la mano, el Estado -como principal prestador de cuidados integrales- se alía en esta tarea con los privados. El foco está en la niñez, adolescencia y personas en situación de dependencia, entendiendo que esta labor debe ser responsabilidad de toda la sociedad y no solo de un determinado grupo, como las mujeres.
Las personas están en el centro pareciera ser el mantra, según explica desde Montevideo la directora del Sistema Integral de Cuidados, Florencia Krall. “La verdadera humanización se da cuando uno le pregunta al paciente qué es lo que quiere de la asistencia”, señala, en el entendido que ello requiere “profesionalizar” también los cuidados.
En el proceso hubo aprendizajes. El exsecretario de Cuidados, Julio Bango, relata que inicialmente construyeron un sistema de bienestar que tenía como foco “garantizar los derechos básicos” de la población, pero que eso perpetuó una división de roles entre hombres y mujeres, “donde el varón es el que sale a trabajar y ellas se quedan en la casa”.
Fue así como en 2015, mientras se aprobaba la ley que creó el sistema, se diseñó un plan quinquenal a 2020 con objetivos y metas, tanto en servicios como en otros cuatro componentes: regulación, formación, gestión de la información y conocimiento, y comunicación.
Si bien el país contaba con varios programas que se hacían cargo de ciertos aspectos de los cuidados, esto no se configuraba como un sistema integrado, por lo que se apuntó a unificar estos servicios.
Asistentes personales
De esta “sistematización” de la oferta ya se han visto resultados favorables: además de contar con una sólida institucionalidad para la niñez -que incluye los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) y el modelo de Sindicatos y Empresas (SIEMPRE) de colaboración pública-privada-, tienen más de seis mil relaciones laborales con asistentes personales, que a la vez entregan cuidados a seis mil personas en situación de dependencia en sus domicilios, cuenta Krall.
A esto se suma un sistema de becas para brindar educación y cuidados a menores, el que esperan duplicar este año y aumentar a tres mil en 2023. Esto, entre otras acciones, ha permitido a Uruguay ser el país con la mayor cobertura de educación en menores de tres años en la región.
Bango detalla que una meta fue universalizar la oferta de servicios de cuidado para niños y niñas de tres años, y en los primeros dos años llegaron a cerca de un 60%.
Para personas en situación de dependencia no había mucha oferta y cobertura, pero en tres años y medio de gestión -cuando recién estaban montando el sistema- llegaron a un 20% de esa población.
Todo un trabajo que ha permitido ponerles nombre a los beneficios de la institucionalidad. Hay espacios que atienden a hijas e hijos de estudiantes del turno nocturno de liceos -entre 18 y 21.30 horas-, mientras sus madres y padres acuden a clases; además de asistentes que trabajan a cargo de personas en situación de dependencia severa durante 80 horas mensuales; y becas de inclusión socioeducativa, que permiten que niñas y niños de 0 a 2 años de zonas donde la oferta pública es insuficiente concurran a jardines privados y reciban cuidados de calidad.
En Costa Rica, también por envejecimiento
Con metas de corto, mediano y largo plazo Costa Rica lanzó el año pasado su Política Nacional de Cuidados, con un horizonte hasta 2031. El modelo nació como respuesta a dos fenómenos: las tendencias de envejecimiento de la sociedad, y la “carga desproporcionada” sobre las mujeres en esas labores de cuidado, cuenta el viceministro de Desarrollo Humano, Francisco Delgado. Aclara también que se apunta a que las labores de cuidados sean asumidas por los diferentes sectores de la sociedad, no solo por las mujeres.
Los objetivos de esta política son dos: llegar al 80% de las personas en situación de dependencia severa y al 60% de las personas en situación de dependencia. Para lograrlo el país tendrá que invertir un 0,5% del PIB anual hasta 2030, un salto desde el 0,1% que se destina hoy.
Las autoridades estuvieron tres años reuniendo la evidencia que decantó en el sistema y en estas metas. Así se gestó una articulación de servicios ya existentes para cuidado y desarrollo infantil -al igual que en Uruguay-, con inversiones para crear infraestructura adicional y ampliar la cobertura de la oferta programática. También se crearon nuevas entidades, administradas por el Ministerio de Desarrollo Humano, en colaboración con otros ministerios y organizaciones.
El Banco Central de Costa Rica calculó que el valor económico del trabajo doméstico no remunerado alcanzaba el 25,3% del PIB en 2017, a lo que se suma que siete de cada diez personas cuidadoras son mujeres y el 90% sin salario.
¿Y Chile?
“Se está haciendo un cambio de paradigma pasando de un enfoque donde los cuidados eran algo resuelto en el ámbito privado y dentro de las familias, hacia uno de darle a todos los sectores de la sociedad la responsabilidad de asumir las tareas de cuidados”, opina Delgado.
Esto es algo en lo que coincide la representante de ONU Mujeres en Chile, María Inés Salamanca, quien desestima que avanzar en esta línea sea un beneficio solo para las mujeres. “Es necesario para toda la sociedad, es una inversión que trae impacto a las familias y a la productividad del país”, dice.
Por eso, afirma que es clave trabajar con las cuidadoras y cuidadores en la profesionalización y certificación de los servicios de cuidado, para sacar de la informalidad laboral a quienes ejercen estas tareas, a la vez, mejorar la calidad de los servicios que se entregan.
En el país el gobierno ya trabaja en las bases del Sistema Nacional de Cuidados y el derecho al cuidado ya es parte del borrador de nueva Constitución que se votará el 4 de septiembre (ver notas relacionadas).
Todo un reto que se asume en un escenario donde interesa recuperar la participación laboral femenina, la cual retrocedió más de una década en medio de la pandemia; y en el que ellas realizan en promedio -según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2015- más de tres horas al día de cuidados que los hombres. Llevado a cifras, el valor del trabajo doméstico no remunerado equivale a un 26% del Producto Interno Bruto (PIB), alertó el año pasado el Banco Central.
Diálogos sociales, registro nacional
y ampliar la oferta: la hoja de ruta
del gobierno para este año
La subsecretaria de Servicios Sociales explica que en el plan Chile Apoya también se incluyeron medidas relacionadas con la política.
El Sistema Nacional de Cuidados plantea asumir con corresponsabilidad social los cuidados que hoy recaen sobre todo en las mujeres, enfocándose en la niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas mayores con y sin dependencia y personas cuidadoras. Y es que los cuidados son un pilar central del modelo de bienestar que busca construir el gobierno, explica la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales.
Aunque aún no hay fecha, un punto de partida será -tal como se está haciendo para otras reformas emblemáticas- impulsar diálogos sociales con diversos actores y organizaciones que quieran aportar insumos, adelanta la autoridad.
Este año también se avanzará en la creación de un Registro Nacional de Cuidadores, iniciativa que nace desde diálogos con organizaciones que ya han tenido experiencia a nivel local, y que considerará a municipios, gobiernos regionales y organizaciones sociales. Perales detalla que el objetivo es dual: se busca sistematizar el detalle de los tres segmentos de la población que requieren cuidados -niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; y adultos mayores con o sin dependencia-, y saber cuántas cuidadoras hay, para garantizarles derechos.
Otro hito de 2022 será la creación de una credencial para cuidadoras, cuenta Perales. Con esto se busca abordar que las personas que cuidan requieren de un trato preferencial en ciertas áreas, por el rol que cumplen -de forma casi permanente- con quienes reciben los cuidados. Entre los beneficios en el sector público estará una atención más rápida sin necesidad de hacer filas y convenios en el sector privado en la misma dirección.
Esta tarjeta tiene como inspiración el modelo de Andalucía, en España, bajo el nombre de “Tarjeta+Cuidado”. Quienes portan esta credencial acceden a una atención personalizada primaria y de urgencia en centros de salud, además del acompañamiento a su paciente durante la estadía y toma de exámenes en el recinto hospitalario.
Perales enfatiza que se debe reconocer el rol de las personas que cuidan, así como la economía que hay detrás de los cuidados.
Solo para mejorar la oferta programática existente se requiere un 0,4% del PIB, pero la autoridad explica que, para definir el presupuesto necesario para el modelo completo, se abrirá un espacio interministerial en los próximos meses, con quienes conformarán el Sistema: Salud, Educación, Trabajo, Hacienda, Dipres, entre otras.
El Ejecutivo también apunta a ampliar la oferta programática de los cerca de 16 programas relacionados a los cuidados, que hoy no son un Sistema Nacional de Cuidados, afirma Perales. En esa línea, y dentro del plan Chile Apoya presentado en abril, se anunciaron medidas relacionadas al cuidado que se activarán de inmediato o el segundo semestre. Ampliar el Subsidio Protege, la red local de apoyos y cuidados a 90 municipios y fortalecer el Programa 4 a 7 de cuidado de niños y niñas son algunas de ellas.
El reconocimiento a “cuidar,
ser cuidado y cuidarse”
de la Convención Constitucional
Organizaciones que impulsan el tema defienden que el que este derecho esté consagrado en la nueva Constitución es la base para el futuro marco institucional.
“Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad”.Con ese artículo, el pleno de la Convención Constitucional dio el vamos a que el derecho al cuidado esté consagrado en el borrador de la carta magna sobre que el se pronunciará el país el 4 de septiembre.
También se estipula que el Estado garantizará este derecho “a través de un Sistema Integral de Cuidados y otras normativas y políticas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de género y la promoción de la autonomía personal”.
ComunidadMujer impulsó -junto a la Universidad Alberto Hurtado- la Iniciativa Popular de Norma que derivó en este artículo, y su presidenta ejecutiva, Alejandra Sepúlveda, asevera que el que esté en el borrador “impone deberes concretos al Estado, donde el titular del derecho son las personas”.
Sepúlveda destaca que también se aclara la bajada hacia el diseño de las políticas públicas, “desde la normativa y estructura que hay que montar”, haciendo alusión directa a un Sistema Nacional de Cuidados.
María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres Chile, afirma que consagrar este derecho en el borrador “es un paso fundamental, porque es uno de los nudos estructurales para el empoderamiento de las mujeres”.
A su juicio, “si se incorpora el principio de avanzar a esta sociedad que cuida y protege vamos a ser una mucho más sostenible y ayuda a eliminar brechas que han sido muy difíciles de deshacer”.
También hace hincapié en que la incorporación de los cuidados es una “inversión para la sociedad”, en su opinión “pura ganancia”.
Salamanca detalla que no solamente es un beneficio social, sino que el cambio de modelo conlleva un impacto económico. “Cuando se invierte en un sistema de cuidado hay retornos directos. Esto va en beneficio de las familias, comunidad y sociedad en su conjunto”, afirma.
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