Proyecto sube los requisitos fiscales para aumentar la cobertura de la gratuidad universitaria

La creación de un nuevo sistema que reemplaza al Crédito con Aval del Estado (CAE), dando nacimiento al régimen público de Financiamiento de la Educación Superior (FES) ha puesto el foco también sobre el alto costo que genera la gratuidad universitaria en las arcas fiscales, ya que el nuevo esquema permitirá a beneficiarios de esta política también acceder al FES.

Hoy, la cobertura de la gratuidad estudiantil asciende a un 60% de la población más vulnerable, y la Ley establece que su ampliación a otros deciles de ingresos depende principalmente de la situación de las arcas fiscales.

El proyecto que crea el FES se hace cargo de la activación inminente del gatillo que lo amplía a deciles superiores, postergando dicha meta y generando importantes ahorros fiscales.

El informe financiero, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), advierte que en 2027 se alcanzaría el gatillo que ampliaría la cobertura de la gratuidad, ya que los ingresos fiscales estructurales como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzarían un 23,5% ese año y un 24,5% el 2029.

“Esto extendería la gratuidad a nuevos deciles en los años 2028 y 2030, respectivamente, lo cual se postergaría con los nuevos guarismos propuestos”, dice el reporte.

Dado lo anterior, en los artículos del proyecto de ley ingresado ayer a la Cámara de Diputados, se modifican los guarismos que permitirían incrementar la cobertura en los próximos años, ahora determinándolos como un nivel de los ingresos estructurales del Fisco como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) tendencial no minero.

Así, se modificaron los niveles de ingresos que activan el aumento de la cobertura, desde 23,5% del PIB a 29,5% para 2027; y de 24,5% a 30,5% en 2029.

Lo anterior, dice Dipres, implica que se dejará de realizar un gasto adicional anual respecto de lo ya considerado en becas o CAE, de cerca de $ 40.000 millones y $ 100.000 millones, respectivamente.

Este año, el gasto fiscal relacionado con la gratuidad universitaria superaría los US$ 2.100 millones, explicando más de la mitad de los recursos destinados a la educación superior.

Impacto en sustentabilidad

El artículo 37 del proyecto de ley también aborda materias en compromiso de sustentabilidad fiscal del nuevo sistema, relacionada con la proyección de flujos financieros de largo plazo.

Así, plantea que la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y el Servicio Ingresa publicarán cada tres años un informe actuarial de proyección de flujos financieros de largo plazo del instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior.

En caso de detectarse que se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, el referido informe deberá contener las propuestas de ajustes al instrumento que se consideren necesarias para adecuar dichos flujos financieros de largo plazo, dice el artículo.