Notarios: comisión del Senado aprobó la reforma luego de la votación de 525 indicaciones

Después de un intenso trabajo de un año y medio de revisión, análisis y debate de cada una de las 525 indicaciones presentadas, la comisión de Constitución del Senado terminó de votar el articulado del proyecto que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales y que contempla un cambio sustantivo en sus nombramientos, fiscalización y funcionamiento.

Debido a la gran cantidad de modificaciones, la iniciativa impulsada por el Gobierno será revisada por la secretaría para su armonización con otras leyes antes de ser despachada para su votación por parte de la Sala del Senado.

El presidente de la comisión, Alfonso De Urresti (PS), destacó la aprobación del proyecto señalando que debe ser de las leyes más esperadas por años: “Cuando se señalaba que era imposible modificar el sistema notarial y de conservadores, hoy día hemos dado una respuesta contundente”.

“Lo relevante es que vamos a tener un nuevo sistema notarial con más transparencia. Se saca el sistema de nombramientos y de fiscalización del Poder Judicial y se da mucha mayor transparencia en su nominación a través de la Alta Dirección Pública y, principalmente, también a través de los aranceles y del funcionamiento de cada una de las notarías en nuestro país”, señaló.

Entre los cambios aprobados se considera un nuevo procedimiento para el nombramiento de notarios, conservadores y archiveros en el que no participará el Poder Judicial, sino que estará radicado en el Ministerio de Justicia junto con la dirección nacional del Servicio Civil.

Asimismo, se establecieron inhabilidades para acceder al cargo y se fijó un límite de 75 años para que los notarios, archiveros y conservadores de bienes raíces puedan ejercer tales cargos.  En esa línea, se aprobó una disposición que establece un plazo de un año para que quienes fueron nombrados antes de 1995 puedan cesar sus funciones.

Del mismo modo, se estableció un procedimiento para la fijación de tarifas que señala que el Ministerio de Justicia deberá establecer mediante decreto fundado, previa consulta a la Fiscalía Judicial, y de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas previamente con este fin, los precios máximos a cobrar por cada servicio. Este decreto tarifario deberá ser actualizado a lo menos cada dos años.