Macarena Lobos, subsecretaria general de la Presidencia: “Vamos a ampliar el ámbito de aplicación respecto a lo que se va a entender por lobby”

Un escritorio copado con carpetas de proyectos en curso, trámites administrativos y las iniciativas legales en preparación copan el escritorio de la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien reconoce que luego de dos meses de intenso trabajo para sacar adelante el presupuesto 2024 en el Congreso no hay tiempo para descanso. De hecho, ya prepara la presentación de nuevas normativas, como el proyecto de lobby 2.0 y el que establece prohibiciones al paso de funcionarios públicos al sector privado.

“En el Presupuesto 2024 están las cifras ahí aprobadas, pero tenemos que garantizar que se ejecute en tiempo y forma; y para eso el gabiente económico tendrá un rol clave”.

- ¿Cuáles son las lecciones de la reciente discusión de la ley de Presupuesto?

- En general, todas las tramitaciones de presupuesto son complejas. Si bien partimos con temas muy complejos, que no hacían avizorar que fuera una tramitación fácil, como los temas de salud y de educación, finalmente después de un diálogo constructivo de la gran mayoría de los parlamentarios -solo se restaron los republicanos- logramos construir compromisos muy relevantes que permitieron viabilizar la tramitación de la Ley de Presupuesto con 57 compromisos.

- ¿No se pudo sacar todo el brillo que correspondía? Incluso el Presidente anunció de inmediato el gabinete procrecimiento.

- Eso es muy relevante. El Presupuesto 2024 se estructura sobre las bases de tres seguridades: económica, social y ciudadana. Y, en ese sentido, esto también se liga con los desafíos que tenemos en el marco del pacto fiscal, donde el tema del crecimiento, de la modernización del Estado, la innovación, el control de la informalidad, son relevantes y van muy enlazados.

Tenemos mejores perspectivas económicas para 2024 y, por tanto, es muy relevante que el trabajo de los ministerios del área económica pueda verse reforzado, como dijo el Presidente. Tendrá una periodicidad de trabajo para hacer un seguimiento a uno de los pilares del Presupuesto 2024, que es la inversión pública, que sabemos que eso puede apuntalar y dinamizar la economía. Porque una cosa es el Presupuesto 2024, donde están las cifras ahí aprobadas, pero después tenemos que garantizar que eso efectivamente se ejecute en tiempo y forma.

- El caso convenios fue parte también de la discusión del presupuesto. ¿Hasta qué punto esa situación está empañando la agenda del Gobierno?

- Sin duda, es un hecho crítico, del que nos hemos hecho cargo. Más allá de las críticas, la principal conclusión es que efectivamente fallaron una serie de cuestiones regulatorias y, en la medida en que podamos mejorar esos espacios o esas vulnerabilidades regulatorias, vamos a tener un mejor Estado.

Lo dijo el Presidente de la República cuando presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Hay que buscar un equilibrio entre generar regulaciones que no den espacio a actos de corrupción, pero que no impliquen que finalmente no podamos llegar de manera eficiente y oportuna a satisfacer las necesidades ciudadanas. El esfuerzo que se hizo en la Ley de Presupuestos 2024, las recomendaciones de la comisión Jaraquemada y, en general la propuesta de integridad, van en esa línea.

- ¿La Estrategia de Integridad Pública centró el debate en que se levante el secreto bancario?

- La Estrategia Nacional de Integridad Pública es una herramienta robusta que contiene más de 200 medidas, en la cual una de ellas es el tema vinculado al secreto bancario, además hay que recordar que ya hay iniciativas en esta materia. El proyecto de reforma tributaria presentado originalmente avanzaba en flexibilizar el tema del secreto bancario y en el proyecto de inteligencia económica para los temas de crimen organizado y narcotráfico. Entrar en este tema efectivamente puede generar ciertas controversias y no solo entre gobierno y oposición, entre los mismos especialistas. Pero el tema del levantamiento de secreto bancario es parte de los compromisos internacionales que la mayoría de los países de la OCDE y que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI ) también nos ha pedido. Por tanto, uno puede conciliar el tema de dar mayores herramientas para poder controlar la evasión y la elusión, sin que eso signifique vulnerar el derecho a privacidad y la protección de los datos personales.

- La ley del lobby 2.0 es uno de los temas pendientes. ¿Ya están claros algunos de sus lineamientos?

- La Ley de Lobby lleva ya más de 10 años vigente. No hemos presentado el proyecto, porque en enero va a ser en la entrega del informe final del trabajo colaborativo que hemos estado haciendo con la OCDE, que están actualizando su normativa y para traer a nuestra legislación las mejores prácticas.

Pero ya tenemos los ejes principales respecto a lo que debiera tener esta normativa. Ampliar el tema de los sujetos pasivos afectos a la Ley de Lobby. Nuestra ley se refiere básicamente de los sujetos activos y no pasivos. Cambiar ese modelo, ampliar el ámbito de aplicación respecto a lo que se va a entender por lobby. No solo que quede registrado aquello que está pedido como audiencia propiamente tal. Queremos avanzar también en un mayor control respecto al cumplimiento de esta normativa; y también se ha planteado, como las mejores prácticas, poder liberar las agendas de todas las autoridades para generar más transparencia.

- ¿También se buscará cerrar las llamadas puertas giratorias del paso del rol público al privado?

- Hoy existe una legislación en la Ley General de Bases de la Administración, pero que es bastante inaplicable, porque no tiene previsto sanciones; y tampoco es omnicomprensiva respecto de todos los funcionarios que debieran estar ahí, está solo circunscrito a quienes cumplen a las superintendencias. Pero hoy sabemos que hay entes que cumplen roles fiscalizadores, por ejemplo, la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones, que no es una superintendencia y, por tanto, está sustraída del ámbito de aplicación (...).

Segundo, establecer plazos claros y una mezcla entre transparencia y prohibición de emplearse en ciertos sectores; y por cierto, eso tiene que tener ciertas compensaciones para efectos de que no sea atentatorio a la libertad de trabajo de estas personas que quedan con estas prohibiciones mezclado por cierto, también con el deber general de abstención que contempla nuestra normativa respecto de que si uno tuvo una participación en algún asunto en el que tenga un interés, tenga que abstenerse de participar luego en la toma de decisiones vinculado a ello.

- El Gobierno inició conversaciones para el próximo Contralor ¿Cómo está viendo estos contactos, considerando que en algunas publicaciones su nombre se menciona de posible candidata?

- Yo estoy acá como subsecretaria general de la Presidencia, muy contenta con la labor que me compete. Efectivamente, el cargo de Contralor es muy relevante y se están haciendo las conversaciones.

El Senado tiene que ratificar este nombramiento, tiene un quórum de 3/5 (30 votos) y, por tanto, también se tienen que construir los consensos necesarios para poder llegar a un nombre que efectivamente pueda desempeñar durante los próximos ocho años esta importante labor de control tanto preventivo como expost y garantizar que haya un adecuado funcionamiento del Estado.