Está cumpliendo 15 meses en el cargo el ministro de Justicia, Luis Cordero, tiempo que afirma “ha sido de un gran aprendizaje” para impulsar una agenda tan intensa como variada de temas, incluida la reforma al sistema de notarios -que está avanzando en el Senado-, la implementación de inhibidores de celulares en cárceles y proponer al Presidente los nombres para un nuevo contralor general.
Sobre el primer punto, el abogado -quien llegó al gobierno en medio de los polémicos indultos otorgados por el mandatario-, destaca avances que considera centrales en las siguientes dimensiones: cambiar el sistema de nombramiento, sacándolo del Poder Judicial y llevarlo al sistema de Alta Dirección Pública (ADP); los elementos sobre los cuales se presta el servicio, considerando la calidad del mismo, tecnologías y la lógica de lo que implica el oficio notarial como una provisión de servicio de interés general; y el fin de los notarios y conservadores vitalicios.
Sobre esto, Cordero añade que “es un tema que había quedado mal regulado en el pasado. Son 98 personas aproximadamente que están en esa condición y la ley va a tener aplicación inmediata una vez publicada la ley más allá del periodo de nueve meses de vacancia al cual está asociado”.
“Me alegra mucho que el sector privado cada vez sea más explícito en condenar a aquellos que degradan el funcionamiento de los mercados”.
“Concentrar poder en muy pocas manos le hace mal a la confianza, a la economía, la competencia y a la democracia”.
“Esas personas que ejercen una actividad con un propósito deliberado de defraudar no merecen llamarse ni empresario ni emprendedor”.
El ministro dice que esto es “significativo”, porque va a implicar que un grupo importante de oficios notariales ingresen rápidamente al nuevo sistema de nombramiento, a un régimen concursal de evaluación externa, de evaluación técnica, con un sistema especializado en reclutamiento como es ADP.
- El sistema de notarios parecía intocable. ¿Cree que estos cambios permitirán mejorar la confianza de las personas en funcionamiento de las instituciones?
- Concentrar poder en muy pocas manos para el Estado y la sociedad le hace mal a la confianza, a la economía, particularmente a la competencia y le hace mal a la democracia. Concentrar mucho poder genera incentivos muy inadecuados para comportamientos indebidos.
Entonces, todas las políticas destinadas a generar transparencia, pero también a desconcentrar poder para que la economía funcione bien y para que el Estado funcione bien, es clave para la calidad del sistema democrático.
Por eso, uno también tiene que mirar en perspectiva cómo esa reforma contribuye a la credibilidad de las instituciones y a recuperar espacios de confianza perdidos.
- ¿Qué pasa con el decreto presidencial que regula las tarifas de las notarías, que no se actualiza desde los ‘90?
- Hay un problema de retraso en la actualización de los aranceles de los auxiliares de la Administración de Justicia. Son decretos que están vigentes desde 1998 aproximadamente y no han sido actualizados, pese a que la Corte ha aplicado o ha permitido regímenes de reajustabilidad.
Los tipos de clasificación de servicio por los cuales se cobra son extremadamente enredosos.
En el caso de receptores, lo que se hizo fue un estudio de actualización de aranceles. De hecho, se hizo un proceso de consulta pública, se requirió el informe de la Corte Suprema y el próximo mes debiéramos tener el arancel final.
Lo que viene es la actualización de aranceles en materia de notarios y conservadores, que también implicará tener estudios, informes técnicos, económicos, sobre el tipo de actuaciones, la simplificación de las mismas y la actualización de los valores, pero sobre todo la publicidad de los mismos, para efectos de que se pueda fiscalizar adecuadamente el actual sistema de aranceles, en ambos casos está demasiado disgregado, es confuso y carece de transparencia.
“Sin confianza, no hay inversión”
- Casos como el de Democracia Viva, los municipios, caso Hermosilla, pareciera reflejar que la corrupción está más extendida de lo que se pensaba acá en Chile. ¿Cómo lo evalúa?
- Para mí esto es una preocupación central, porque los casos de corrupción no solo son complejos por el ilícito que suponen (...) Pero en los casos donde hay delitos, donde se viola la fe pública, donde se obtienen provechos ilícitos, el impacto de eso es que lesiona severamente la confianza, que es clave para el funcionamiento de los mercados y de la economía. Sin confianza no hay inversión, no hay intercambios lícitos, etcétera.
Pero en segundo lugar, es clave para el funcionamiento del sistema democrático. Chile tiene niveles de confianza interpersonal que son muy bajos y la confianza sobre las instituciones ha ido decayendo significativamente.
Entonces, recuperar la confianza tiene que ver con darle espacios de credibilidad también a las instituciones y a quienes se desempeñan en ellas. Por eso, quienes ejercen una función pública tienen exigencias y obligaciones más allá de las estrictamente legales, porque está en juego en esto la credibilidad, la confianza.
- Y a raíz del caso Hermosilla, ¿cómo se solucionan estos espacios de opacidad que habla la Corte Suprema respecto a los nombramientos de los jueces?
- La situación del caso Hermosilla y la declaración que hizo el Pleno de la Corte Suprema, recuerda que en la reforma al sistema de nombramiento de separar la función de gobierno judicial de aquella que está vinculada a la jurisdiccional existe acuerdo hace un rato y que la propia Corte Suprema la viene promoviendo del año 2015.
- ¿Y por qué no se avanza?
- Pese a los esfuerzos que ha hecho la Corte Suprema en transparencia igualmente existen espacios de opacidad y estos uno los puede eliminar por dos vías: prohibiéndolos directamente; o, más bien, estableciendo reglas tan estrictas que disuadan de esa intermediación por la sanción jurídica pero también social que puede provocar.
Una cantidad importante de intermediaciones en ocasiones se pueden realizar en espacios que hoy no están regulados por la ley. Por ejemplo, la conversación que realizan dos autoridades públicas, aunque una de ellas interceda por un candidato, no es considerado ni gestión de intereses ni lobby.
- ¿Qué lecciones saca del caso Hermosilla, donde para algunos revela de que somos un país propenso a delitos de cuello y corbata?
- Revela dos cosas. La primera es que creo que expone muy bien las razones del por qué haber realizado la reforma a delitos económicos con la severidad que se dictó esa ley, pese a que algunos se opusieron.
En las páginas de su diario fue muy evidente quienes aparecían oponiéndose a la severidad de la Ley de Delitos Económicos.
¿Y por qué es tan importante? Porque en el caso de delitos económicos, al igual que en la corrupción privada, hay muchos de los delitos económicos que defraudan también la fe pública, defraudan la fe en los mercados, afectan la competencia lícita en los mercados.
Pero, además de eso, los delitos económicos en ocasiones provocan un impacto social mayor. Muchos delitos habitualmente que nosotros reconocemos como de mayor connotación social, porque afectan a muchas personas, en ocasiones lo que hacen es que liquidan los ahorros de su vida, perjudican a una cadena productiva y, por eso, la importancia de haber aprobado el año pasado -con un consenso transversal- la Ley de Delitos Económicos.
También es un mensaje para el sector privado, que -en la medida que el tiempo ha pasado- ha ido avanzando en ser más explícito, en repudiar a quien ocupando falsamente la condición de empresario, lo que hace es que especula a costa del Fisco, a costa de los contribuyentes o especula a costa de personas que no tienen condición o posición de poder defenderse adecuadamente. Y, por eso, esas personas no pueden ser calificadas de empresario. Esas personas que ejercen una actividad con un propósito deliberado de defraudar no merecen llamarse ni empresario ni emprendedor.
A mí me alegra mucho que el sector privado cada vez sea más explícito en condenar a aquellos que precisamente degradan el funcionamiento de los mercados.
Nuevo contralor, General Yáñez y clima electoral
El ministro reitera que “la formalización es para efectos de la función pública un punto de inflexión” respecto de la permanencia en el cargo del director de Carabineros.
- ¿En qué está la etapa de búsqueda del nuevo contralor, considerando la necesidad de tener a una persona como titular?
- Sí, nosotros estamos en eso. Pero no solo por esto, sino que en conversaciones para la regularización y la normalización de los nombramientos pendientes. Uno, el de contralor o contralora; y otros, son los de ministros o ministras de Corte Suprema.
-¿En el caso de la Contraloría, Dorothy Pérez es una opción?
- Nosotros estamos en conversaciones para la normalización de los procesos de nombramiento, sobre nombres y alternativas. Es algo que a mí no me corresponde hablar públicamente.
- ¿Teme que el clima electoral limite el accionar del Gobierno este año, considerando que ya estamos hablando de las municipales?
- Sí, pero hay un conjunto de reformas que están en el Congreso que están vinculadas a la agenda de seguridad. Varias de esas han implicado o implican cambios significativos en el sistema de justicia. Entonces, hay una que es la dinámica electoral, pero hay otra serie de reformas que se han ido aprobando en el Congreso, que van a seguir tramitándose y que requieren de etapas de implementación.
Es cierto que la dinámica electoral condiciona algunos proyectos de ley, pero también hay otro conjunto de medidas y políticas que requieren de implementación.
En este período, el Estado no se detiene aun cuando tengamos elecciones recurrentes. Así que creo que el desafío para buena parte de nosotros es no perder el ritmo también de la continuidad y ejecución de un conjunto de políticas públicas.
- ¿Sigue pensando que el director general de Carabineros debe renunciar antes de su formalización?
- Ya lo señalé. Y hay un criterio de política del Gobierno de por qué las formalizaciones constituyen el eje sobre el cual se evalúan estas decisiones y fundamentalmente por una cuestión de gestión pública. En parte por las razones que son darle continuidad a la función estatal, que no tiene que ver con opiniones sobre una persona u otra, si no que esencialmente por qué la formalización es para efectos de la función pública un punto de inflexión.
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