Los argumentos detrás de las acusaciones constitucionales a tres jueces de la Suprema

La Cámara de Diputados comenzó a analizar este lunes en forma inédita tres acusaciones constitucionales presentadas en forma simultánea en contra de tres de una veintena de ministros que componen la Corte Suprema del país. Se trata de Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean-Pierre Matus, todos cuestionados por la misma causal: “Notable abandono de deberes” en el ejercicio de sus funciones, para lo cual fueron sorteadas tres comisiones de cinco integrantes en la Cámara Baja que deberán estudiar los respectivos libelos.

Ya comenzaron a correr los tres días de plazo para notificar a los acusados y luego cada comisión recibirá opiniones de expertos, dará oportunidad de exponer a la defensa de cada ministro y emitirá un informe a la Sala, que no será vinculante.

Si se aprueba alguna acusación, será el Senado quien actúe como jurado para resolver el futuro de cada ministro. 

Los reparos a Vivanco: faltas a la probidad y bloqueo de ascensos

Cargos apuntan a entrega de información de causas activas, recibir peticiones para integrar salas y sugerencias sobre cómo fallar.

De las acusaciones, la que tendría más apoyo es la presentada contra la ministra Ángela Vivanco, hoy suspendida y con un cuaderno de remoción abierto. El libelo fue firmado por la DC y las bancadas del oficialismo, pero ha recibido apoyo de diputados de oposición.

Los cargos sugieren entrega de información de causas no falladas, recibir peticiones para integrar salas y sugerencias de cómo fallar, así como proveer o bloquear el ascenso de colegas a la Suprema.

Basada en conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, el primer capítulo acusa la entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la Tercera Sala de la Corte Suprema “antes de la firma de la sentencia y su notificación”. Aquí, se atribuye, “aparece de manifiesto que la magistrada Vivanco incumple los deberes relativos a la reserva de causa en estado de acuerdo”. Se añade que su actuar “es demostrativo de una grave afectación de la independencia externa, pues eran conocidos los vínculos del abogado Hermosilla con el Gobierno del exPresidente Piñera (...) Lo anterior refleja un claro ámbito de injerencia sobre las decisiones de la Corte, particularmente graves en el contexto de violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante el denominado estallido social”. 

El segundo capítulo de la acusación apunta contra lo que considera una “concertación” con Hermosilla para obtener el nombramiento de miembros de la Suprema afines a sus intereses. Y la última parte la acusa de la entrega de consejos y recomendaciones procesales a Hermosilla ante petición de éste para la instalación de la Segunda Sala penal.

Chile Vamos contra Muñoz por advertir a su hija de proyecto inmobiliario

Se trata de un proyecto inmobiliario e que la jueza Graciel Muñoz invirtió parte de su patrimonio.

Los diputados de Chile Vamos presentaron el libelo acusatorio contra Vivanco y el ministro Sergio Muñoz. Para la primera, son dos capítulos referidos a mantener contactos indebidos sobre determinadas causas y no declarar la inhabilidad que le asistía; y por injerencias indebidas en procesos de designación de determinados cargos públicos.

En el caso de Vivanco, los acusadores exponen como ilícitos “la ejecución de conductas que afectaron gravemente la imparcialidad e independencia con que debía obrar como jueza (...) y actuaciones e injerencias indebidas en el contexto de procesos de designación de determinados cargos públicos con el objeto de beneficiar a terceros”.

Vivanco, según el libelo, “efectuó interferencias indebidas o impropias en la más reciente designación del fiscal nacional” en favor del fiscal regional Carlos Palma, contenidas en las comunicaciones incautadas a Luis Hermosilla.

En cuanto a Muñoz, los acusadores detallan en el primer capítulo que “incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial”. Esto, sobre el proyecto inmobiliario Fundamenta en Plaza Egaña, donde su hija, la jueza Graciel Muñoz, había invertido.

Los diputados señalan que el juez comentó el contenido de una sentencia que se encontraba en acuerdo con una finalidad patrimonial en una descendiente directa, agregando que el magistrado “conoció y falló una causa en donde existía un deber evidente de inhabilitarse dado el interés patrimonial de su hija”.

Oficialismo tras Matus por “olvidar” chats con Hermosilla

Los acusadores cuestionan falta de imparcialidad al emitir frases tras la aprobación de su designación en el máximo tribunal.

La DC y los partidos oficialistas acusan al ministro Jean Pierre Matus en tres capítulos de haber mentido al país sobre sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, por inhabilidades no declaradas; y por una frase que pronunció tras aprobarse su designación en la Corte Suprema.

En el primer capítulo se acusa “faltar a la verdad, mintiendo a la opinión pública”, lo que constituye -dicen- el notable abandono de deberes “a raíz de que sus declaraciones han sido incoherentes en varios momentos, particularmente respecto a su relación con todo lo relativo al caso llamado ‘Audio’ y su estrecha vinculación con el abogado Luis Hermosilla, donde primero afirmó no tener vínculos cercanos con Hermosilla, ni profesionales ni personales. Sin embargo, conversaciones por WhatsApp reveladas posteriormente muestran que sí existió esa relación cercana”.

En el capítulo de inhabilidades se señalan eventuales actos de Matus contrarios a la probidad, como ocultamiento de inhabilidades; la mentira sobre lazos con terceros; insistir en la inexistencia de comunicaciones con terceros; y la búsqueda de acuerdos y apoyos para su designación como ministro.

El tercer capítulo dice que Matus pronunció la frase “ni perdón ni olvido” tras aprobarse su designación al máximo tribunal, lo que transgredería el principio de imparcialidad.

“El mantenimiento de la tradicional e histórica incorruptibilidad de los órganos del Estado de Chile para el cumplimento del mandato que los chilenos le han entregado, es de estar al servicio de la persona humana, siendo su finalidad promover el bien común, no estando al servicio de ningún particular en desmedro de otros”, dice el libelo.