Como un avance histórico califican los Gobernadores Regionales (Gores) el proyecto de ley anunciado por la administración Boric, denominado “Regiones Más Fuertes”, el cual fortalece sus fuentes de ingreso, entrega mayor autonomía financiera, flexibilidad en el uso de los recursos públicos y eleva los estándares de transparencia y probidad.
Los gobernadores Ricardo Díaz (Antofagasta), Claudio Orrego (Santiago), Cristina Bravo (Maule); Patricio Vallespín (Los Lagos); y Jorge Flies (Magallanes), sacan al pizarrón la medida y anticipan también lo que esperan del debate legislativo que se inicia este martes con el ingreso que personalmente realizarán en la Cámara de Diputados el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a algunas autoridades de regiones.
“Queda trabajo por hacer”
Junto con valorar la norma, el Gore de Antofagasta, Ricardo Díaz, destaca el trabajo realizado con parlamentarios para mejorar el proyecto y que considere un mayor aporte a aquellas comunas con vocación productiva minera.
“Entiendo que ello se ha logrado y que hay un compromiso del gobierno de otorgar mayores recursos a comunas que sufren las externalidades negativas de la minería”, indica.
Sin embargo, anticipa que “aún se debe mejorar el polinomio que se usa para entregar recursos a las regiones”, pues el sistema de asignación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) hace tiempo que no se renueva y no ha considerado los aumentos de población de cada región o las problemáticas de cada una. En su caso, menciona el impacto de la migración o de remediación de terrenos contaminados. “Aún queda mucho trabajo por hacer para tener una distribución más justa”, dice.
“Llena un vacío”
Desde la Región Metropolitana, Claudio Orrego señala que el proyecto “viene a llenar un vacío que había en el proceso de descentralización”, al que no le ve sentido “sin descentralización fiscal”.
Así, destaca la autonomía para administrar sus propios recursos y no ser parte del mismo ciclo de la administración central del Estado. Ante ello, espera que se genere la posibilidad de un endeudamiento calificado por los niveles de riesgo de cada región, para efectos de adquirir bienes de capital, no para gasto corriente.
“Responsables del manejo”
Este “gran paso en la descentralización fiscal”, afirma la gobernadora del Maule, Cristina Bravo, les permitirá priorizar las necesidades de acuerdo a lo que ven en terreno, les dará independencia en el manejo del presupuesto; y, “obviamente añade-, “nos hará responsables de ese manejo”.
La autoridad espera que en el parlamento se mejore la iniciativa “para permitir una mayor toma de decisión en materia del Programa Público de Inversiones Regionales”.
“Se nos permiten nuevos ingresos”
Para el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, lo central es que “se nos permiten nuevos ingresos a las regiones, la cuántica que estimamos significa que puede ser un 30% en promedio más de los recursos solo por el imperio de la ley para regiones”.
A esto se añade la autorización para un endeudamiento “responsable”, que estima permitirá tener una mirada más estratégica para el desarrollo de las regiones. “Vamos a dejar de pertenecer a la ley de Presupuestos como una losa y vamos a pasar al Tesoro Público”.
Para el exdiputado, el proyecto es “un buen punto de partida”, aunque admite que siempre les gustaría que fueran más los recursos, en el ideal impuestos nacionales que, en algún porcentaje, fueran directo a las regiones. Pero, añade, “esa es otra historia que todavía se puede escribir en la discusión en el Congreso”.
“Inversión en bienes de capital”
Desde Magallanes el gobernador, Jorge Flies, pone el foco en lo que califica como uno de los mayores logros de la nueva normativa: la posibilidad de inversión en bienes de capital, especialmente si disponen de un saldo final de caja. “Eso hoy lo debemos tener en cuenta corriente y ahora podremos pasar a tener en cuentas de plazo fijo para que no pierdan valor o en otro instrumento financiero, eso siempre con autorización de la Dipres”, destaca.
Sobre la posibilidad de endeudamiento, precisa que “será de un máximo de un 5% del presupuesto regional anual, lo que hoy es el FNDR. Y agrega que ese endeudamiento debe tener objetivo claro en el ámbito de la infraestructura y estar visado por la Dirección de Presupuestos.
En el ámbito de control y transparencia, señala que han pedido que se apliquen los más altos estándares de transparencia y control, como los que establecen para la rendiciòn de gastos la Contraloría y el Consejo para la Transparencia, de forma de “no repetir los malos ejemplos que hemos visto en algunas municipalidades”.
Sobre el alcande del fondo de equidad territorial que se crea, opina que habrá un reconocimiento de aquellas regiones con más ingresos de aquellas que -por distribución histórica o matriz económica- cuentam con menos. “Esto funcionaría muy similar a lo que es el Fondo Común Municipal”, dice.
Iniciativa contempla una regla fiscal regional
El proyecto de ley se estructura sobre tres ejes que agrupan nuevas herramientas de gestión, competencias, habilitaciones y mejoras a la institucionalidad actual.
El primero contiene modificaciones de las actuales fuentes de ingresos de los gobiernos regionales, cambios sustantivos a los actuales fondos, particularmente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y otras transferencias del Gobierno central. También reconoce la facultad para establecer derechos regionales, por ejemplo, asociados a concesiones nacionales de uso público y permisos por el uso de bienes fiscales, entre otras modificaciones.
El segundo eje apunta a otorgar mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria a los gobiernos regionales para decidir sobre el destino de sus ingresos, junto con establecer un régimen financiero propio, con mejores instrumentos de gestión presupuestaria. Ejemplos de algunos cambios son que se establece un nuevo tratamiento para los gobiernos regionales -dejarán de estar en una partida presupuestaria para pasar a ser parte de las transferencias del Tesoro-; y que se crea un nuevo régimen presupuestario, ya que el Congreso revisará el monto global del presupuesto, pero la decisión de esos recursos la establecerán los gobiernos regionales a partir de discusiones en los consejos regionales.
El tercero introduce mejores herramientas de responsabilidad y disciplina fiscal, así como herramientas que fortalecen la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de los recursos y la participación ciudadana para resguardar la probidad en la función pública regional. Se creará una regla fiscal regional cuya especificación quedará para una regulación del Ministerio de Hacienda, y se exigirá a los gobiernos regionales confeccionar una programación financiera de mediano plazo.
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