Gobierno actualiza costo de reforma de notarios ante mayor fiscalización y nombramientos vía ADP

Un nuevo informe financiero elaboró el Gobierno para actualizar los costos que significan las indicaciones del Ejecutivo a la reforma al sistema registral y notarial que impulsa el Ministerio de Justicia.

La citada iniciativa, entre otros aspectos, aumenta la fiscalización, modifica funciones, exige nuevas tecnologías; y cambia el sistema de nombramientos traspasando al sistema de Alta Dirección Pública (ADP) parte del proceso de selección que hasta hoy realiza el Poder Judicial.

Para el primer año de puesta en marcha de la reforma que actualmente analiza la comisión de Constitución del Senado -y que el Gobierno espera sea despachada desde el Congreso el próximo año-, se calcula un costo de $ 2.745 millones y para cuando la reforma esté en aplicación se estima en $ 1.899 millones.

Para el primer año de puesta en marcha de la reforma se calcula un costo de $ 2.700 millones y para cuando la reforma esté en régimen se estima en unos $ 1.900 millones.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, presentó hace unos días las indicaciones al proyecto que cambia el sistema de notarios.

El destino de los recursos

El proyecto de ley irroga gastos en la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en las fiscalías judiciales de cada Corte de Apelaciones y en el Servicio de Registro Civil e identificación.

En el caso de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que asumiría una nueva facultad de seleccionar nuevos notarios, conservadores y archiveros, se establece que los costos de los concursos en el primer año ascienden a $ 538 millones y en régimen a $ 318 millones.

Respecto a personal de apoyo el primer año se calcula un costo de $ 213 millones y en régimen a $ 193 millones.

El Servicio Nacional del Consumidor, que incorporará cuatro nuevos fiscalizadores, el costo anual estimado es de $ 147 millones.

¿Cómo se financiara?

En el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos se precisa que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de entrada en vigencia se financiará con cargo a los presupuestos de las partidas del Poder Judicial, ministerios de Justicia, Hacienda y Economía y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que disponga la respectiva ley de Presupuestos del Sector Público.