Un inicio difícil tuvo el gobierno la semana pasada en el Congreso. Pero, al final, llegó un respiro gracias a los votos que logró en la oposición que les permitieron iniciar el trámite del proyecto de reforma previsional en la Cámara de Diputados, aunque aún reste por precisar quién administrará por fin el alza de cotización de 4%.
Como sea, es un aliciente para quienes están esperando una mejora en la jubilación, mas no necesariamente para los expertos que mira con expectación cómo de a poco se comienza a configurar un futuro escenario laboral con mayores costos.
Unida a la iniciativa que avanza hacia un derecho a sala cuna de carácter universal, la realidad de quién se lleva el peso de la seguridad social de pensiones y salud de la fuerza laboral será otra.
En la actualidad, la carga para el empleador se ubica bajo el 5% de la renta imponible de cada persona de su plantilla, mientras que para los trabajadores la cifra supera el 17%.
Y esto es porque en Chile los costos en seguridad social de pensiones y salud son considerados a cargo de quien trabaja, correspondiendo a un 10% y 7%, respectivamente de la renta imponible. Y en materia de pensiones lo que es de cargo del empleador es el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que es pequeña; el seguro de la Ley de Accidentes del Trabajo y dentro de ella está la Ley Sanna (Seguro obligatorio para padres y madres trabajadores de niños y niñas afectados por una condición grave de salud) que tomó una parte de una cotización transitoria que pagaba el empleador para accidentes del trabajo para no aumentar los costos laborales.
¿Qué está cambiando? Se estima que a partir de 2020 el empleador comenzará a aportar 0,3% de la remuneración o renta imponible del trabajador en que sube la tasa de cotización para la pensión, porcentaje que irá aumentando gradualmente hasta completar el 4% en 2027. A esto se añadirá un 0,2% correspondiente a lo que se llamará seguro de dependencia, ideado para financiar una pensión adicional y creciente para aquellas personas que por sufrir una dependencia severa, física o mental y no sean autovalentes requieran apoyo y ayuda especial.
Para ir hacia un acceso universal a la sala cuna, el proyecto considera un aporte de 0,1% con cargo a quien contrate, porcentaje que podría subir durante el debate parlamentario, pues ya hay voces que piden una contribución de 0,2% ó 0,4% para que sea para que sea un servicio de mayor calidad.
Hoy el beneficio de cuidado para los infantes si bien es de costo íntegro del empleador, lo es solo para cuando tiene 20 o más trabajadoras y sólo respecto de quienes hagan uso del beneficio. “En el proyecto en discusión, en cambio, la cotización del 0,1% de cargo del empleador es respecto de todos los trabajadores de la empresa, hombre y mujeres que tengan o no hijos”, explica el abogado Jaime Salinas, de PPU Legal.
Todo un cuadro que se traducirá en un alza del costo de seguridad social directo de cargo del empleador que se acercará al 10% de la renta imponible del trabajador a 2027.
Y el total pasará del orden de un 22% a uno de 27%.
Un camino empinado
Para el exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, en los últimos años las reformas y proyectos en el ámbito laboral -incluido pos natal y permisos para el cuidado de los hijos en caso de enfermedad grave- se han traducido directa e indirectamente en mayores costos laborales. “Esto no tiene que ver con un juicio de valor, sino que con hechos objetivos”, dice.
El último de ellos, recuerda, se dio con la vigencia desde el 1 de enero de este año de la ley que regula los contratos de trabajadores circunscritos a una obra o faena, que da derecho a una indemnización por despido equivalente a dos días y medio de remuneraciones por cada mes trabajado y que tiene una implementación gradual de 37 meses.
“Ese es un costo obligatorio para los sectores que requieren de estos trabajadores como la agricultura, el turismo, la construcción, el retail. Esto le pega bastante al trabajo temporal y Chile es uno de los países de la OCDE con más trabajo de este tipo”, añade Albornoz.
El abogado menciona también que a partir del 1 de abril de 2017 el plazo para la negociación colectiva bajó de cuatro a tres años, por lo que puede haber más presión sobre los salarios, ya que se suele usar este instrumento para elevar las remuneraciones, otorgamientos de descansos y beneficios pecunarios.
Otro elemento que habla de un contexto distinto es la justicia laboral que data de 2010, que ha incentivado más demandas de parte de los trabajadores a las empresas cuando han sentido vulnerados sus derechos. “Así lo demuestran las estadísticas y la jurisprudencia de la Corte Suprema muestra que ha ido corriendo la vara y está más cercana a los beneficios de los trabajadores y sindicatos. Todo eso se va incluyendo en el manejo de costos de la empresa”, acota Albornoz.
“Vamos en una senda en que los costos van al alza, independientemente de dónde partimos”, sentencia.
Al jurista también le preocupa el avance en el Congreso de la moción parlamentaria de la diputada Camila Vallejos (PC), que establece la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, y que fue analizado el 22 de abril en la comisión de Trabajo. Si se aprueba, calcula que tendría un alto impacto en las empresas, pues podría modificar procesos productivos y alterar la forma de trabajo en el país con un consecuente aumento en los costos.
La iniciativa tendrá un contrapeso en el proyecto de ley de adaptabilidad laboral que acaba de presentar el gobierno, el cual busca generar un cuadro de más flexibilidad para trabajar e integrar a más sectores de la población al mercado.
Ecos en la economía
A la hora de evaluar el impacto de un mayor costo laboral en la economía, las visiones se dividen.
Para el abogado Huberto Berg, de Berg Consultores, el efecto dependerá de la situación económica del país. Lo que sí, advierte, “los gobiernos y los políticos deben tener claro que ningún proyecto va a ser viable si no hay crecimiento”.
Su punto es que si el escenario es propicio y la inversión se expande, habrá contratación, “y si se pone énfasis en la capacitación, el incremento en la cotización previsional y el aporte en sala cuna se pagará solo”.
De lo contrario, no se genera el círculo virtuoso y se resentirá el empleo y los salarios en este marco de más costos.
Bajo la lógica de la teoría económica, explica la economista de LyD, Carolina Grünwald, “mayores cotizaciones pueden ser percibidas al final como un impuesto al trabajo”.
De hecho, estima que las plantillas actuales recibirán los beneficios incluidos en las leyes antes citadas con cargo al empleador, pero con la contraparte de que las nuevas contrataciones enfrentarán un sueldo más bajo.
Grünwald plantea dos reparos al incremento de las pensiones: por un lado, estima injusto que quienes pertenecen al mercado laboral coticen para todos los beneficiarios; y, segundo, advierte que si el costo de contratar personas sube demasiado, podría incentivar la informalidad.
“Al menos la lectura de los proyectos de ley en trámite sugieren un impacto acotado en el mercado del trabajo, pero le tengo susto a la tentación de que sigamos sumando”, señala.
El abogado y exasesor de los ministerios del Trabajo y Hacienda, Roberto Godoy, considera que el impacto de un mayor costo es limitado. Incluso, en el caso de aquellos empleadores con más de 20 trabajadoras que cuentan con el beneficio de sala cuna, considera probable que el peso sea menor al de hoy. “Para quién será un costo directo es para las empresas más pequeñas, pero aun así es una cotización chica, su efecto es poco”, afirma.
El experto sí admite que un real efecto en el costo laboral podría darse si la cotización para pensiones sube del 4% establecido en el proyecto, pues en algún momento el Presidente habló de llegar a 18%, donde 10% era aportado por el trabajador y 8% por el empleador.
Todas consideraciones relevantes dado que el crecimiento se ha ido enfriando en el país. Si bien la administración Piñera partió con una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 4%, para este año Hacienda ya redujo su estimación de 3,8% a 3,5%, mientras que el mercado apunta a 3,2%. Para el período 2020-2023 la expectativa apunta a 3,6%.
El mayor peso: indemnización
Dentro de los ranking internacionales de competitividad, Chile pierde puntos en el ámbito laboral con las indemnizaciones por año de servicio, siendo considerado un costo alto por los expertos.
Así, en caso de despido las empresas tienen que pagar un mes por año de servicio con tope de 11 años y debe ser provisionado por las firmas para enfrentar la contingencia. Por lo general, las empresas a quienes se hace balance y auditoría efectúan la provisión, pero no ocurre lo mismo con las más pequeñas.
"Ese pago es alto. Reducir la indemnización es algo que podría haber hecho este gobierno, y es una discusión que valía la pena dar porque da flexibilidad al mercado laboral, y bien diseñado podría generar más protección, porque hoy los trabajadores que acceden a la indemnización son pocos. Pero, al final, en materia laboral va a terminar haciendo casi nada", advierte Roberto Godoy.
Carolina Grünwald también lamenta que no se haya dicho nada más sobre esta materia, pues todo indica que la iniciativa no llegaría al Congreso bajo esta administración.
Huberto Berg cree que no es el momento de plantearlo. A su juicio, es preferible esperar al recambio generacional de la masa trabajadora, para cuando los millennials sean mayoría.
Salinas agrega que en España, Portugal y Alemania los costos de la indemnización son mayores que en Chile, mientras que en Austria, Holanda, Suiza, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón y otros no existe este derecho.
La mirada en el contexto OCDE
Si de comparaciones se trata, los costos laborales de un trabajador del sector privado en el medio local son de los más bajos de la región e inferior al promedio de la OCDE.
En otros términos, detalla Jaime Salinas, de PPU Legal, "Chile es un país de la OCDE en donde hay menos diferencia entre el costo empresa de una remuneración y el sueldo líquido que finalmente recibe un trabajador promedio, análisis que surge luego de un estudio comparado (Tax Wages 2018) que la misma OCDE realizó acerca de cómo disminuyen los sueldos de los trabajadores producto del recuento que se efectúa por impuestos y cotizaciones de seguridad social".
No obstante, aclara Salinas, hay que tener presente que esta estadística no considera para Chile los descuentos a las remuneraciones que se hacen con cargo al sistema de pensiones administrado por las AFP, ya que el estudio considera que hay una relación entre tales aportes de los trabajadores y sus futuros ingresos de pensiones.
Pese a lo anterior, el aporte promedio para la pensión en los países de la OCDE es del orden de 20%, mientras que en Chile es de un poco más de un 10%, por lo que aún considerando los descuentos por concepto de AFP, Chile mantendría una estructura de menores costos que el resto de los demás países de la región.
Los aportes del Estado
Tanto el proyecto de sala cuna universal como el de reforma al sistema de Isapres-Fonasa y pensiones consideran aportes provenientes del Estado.
En el primer caso, se trata de un total de unas 225.792 UTM, es decir, más de US$ 16 millones al año.
En cuanto al ámbito previsional, el costo para el Estado alcanzaría US$ 3.500 millones anuales.
En el caso de salud, recientemente el gobierno anunció que el costo para el Estado de la reforma a las Isapres será de $ 70.000 millones y la de Fonasa $ 1.000 millones.
¿Qué efectos podría tener la mayor cotización previsional? Para el Banco Central, habría más ahorro. En régimen se acumularía un mayor flujo anual de cerca de US$ 4.500 millones y considerando la gradualidad propuesta, se generaría un flujo nuevo al sistema de US$ 550 millones al año. Más US$ 200 millones con el seguro de dependencia.
A nivel macro, si los recursos van a las cuentas de capitalización individual, según el BC, el impacto sería positivo y acotado en ahorro, capital y actividad, aunque en el empleo podría ser levemente negativo.
De hecho el propio gobierno calculó la pérdida de 5.700 empleos por año, mientras que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) estimó 60 mil ocupaciones menos en régimen.
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