Cuarto retiro enfrenta adverso panorama en la Cámara y abogados ven vicios en rentas vitalicias

Ya se inició la cuenta regresiva de la votación en Sala de la Cámata de Diputados del informe de la comisión mixta por el cuarto retiro de fondos desde las AFP y un segundo anticipo de rentas vitalicias, debido a que la urgencia de discusión inmediata asignada por el Ejecutivo forzó una decisión para hoy. Y todo indica que no estarían los votos para que sea aprobado.

Desde las 10:00 horas los parlamentarios analizarán el texto que necesita 93 votos para avanzar y que se vota en un solo acto, es decir, sin separación de temas.

Según cálculos de la oposición, al menos once diputados no asistirían presencialmente a votar por estar en el extranjero o con licencia médica, varios de los cuales respaldaron el proyecto en el primer trámite.

El senador y presidente de la comisión mixta, Pedro Araya, reconoció que “el panorama es complejo, sobre todo porque esto es una jugada electoral, le ponen discusión inmediata, porque saben que el proyecto corre riesgo de no aprobarse, hay varios diputados fuera del país y aprovecharon esta contingencia citando a una sesión extraordinaria”.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, retrucó que la discusión inmediata es una herramienta jurídica que está disponible, enfatizando que el interés del Ejecutivo es que “haya la menor incertidumbre posible, porque esto está teniendo efectos económicos y sociales”.

Esto ha contribuido a tensionar el ambiente en la Cámara a tal punto, que el diputado Jorge Durán (RN) amenazó con presentar un quinto proyecto si se confirma que la citada urgencia es parte de una estrategia del Ejecutivo para entorpecer la votación del cuarto giro, haciéndolo caer por falta de quórum. Algo que el legislador DC Gabriel Silber da por sentado, señalando que “acelerando la votación, lo que quiere el Gobierno es que el cuarto retiro se caiga”. Todo, mientras desde el Senado toman palco, por ahora.

Como los votos no sobran, el candidato presidencial, Gabriel Boric, suspendió su asistencia al debate organizado por la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) de hoy por tope de horario y poder votar, lo que generó la molestia de la organización que afirmó le tendrán igual reservado su asiento.

La mirada constitucional

Pero la cantidad de votos no es el último problema que enfrenta lo resuelto por la comisión mixta. El abogado Patricio Zapata advirtió que el informe presenta varios problemas -“algunos de ellos muy serios”-, como es el anticipo de rentas vitalicias.

A su juicio, el primero “violó gravemente el derecho de propiedad”, tanto en relación a la parte permanente de la Constitución como a las obligaciones internacionales del país. Y el hecho de que ahora se proponga -una vez pagado el anticipo- que el afiliado vuelva a recibir la renta vitalicia originalmente pactada, constituye una reforma constitucional a la que facultó el tercer retiro. “Lo que ya era muy inconstitucional a fines de abril en materia de rentas vitalicias, ahora, ocho meses después, pasaría a ser, si se aprueba el proyecto, algo megainconstitucional”, afirmó.

El constitucionalista Tomás Jordán no ve “un escenario más complejo” para que el Gobierno recurra al TC. No sólo por su última experiencia en dicha instancia, a raíz del tercer retiro, donde el tribunal optó por no acoger a trámite su requerimiento; sino también debido a que, en paralelo, la Convención Constitucional está evaluando el funcionamiento de los poderes públicos.

Le parece que eso “puede ser un factor de inhibición para el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, con menores posibilidades de que prospere un requerimiento”.

Mientras que para la abogada de LyD, María Paz Valenzuela, el anticipo de rentas vitalicias con cargo a un préstamo fiscal “se trata de una propuesta mal orientada, puesto que no posee ningún sustento técnico ni numérico” y “no existe información sobre el impacto financiero que implicaría para el Fisco dicha medida”.

Precisa que si bien el proyecto establece que el pensionado deberá devolver el adelanto efectuado a través de la rebaja de un 5% de las rentas que le resten “se trata, en muchos casos, de un crédito incobrable por cuanto la esperanza de vida es menor al plazo del pago del crédito”.