Ministro de Justicia critica a los empresarios luego que el Tribunal Constitucional diera el visto bueno a la Ley de Delitos Económicos

El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó esta mañana la resolución que trascendió del Tribunal Constitucional (TC) de no analizar los "téngase presente" presentados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y parlamentarios de oposición respecto a la Ley de Delitos Económicos, lo que significa que el texto superó la etapa de control constitucional y quedaría en condiciones de ser ley.

En conversación con Radio Universo, el secretario de Estado dijo que lamentaba la actitud de los grandes empresarios, señalando que hubiera esperado una propuesta más proactiva para sancionar a los ejecutivos que incumplieran la ley.

“Esta es la reforma más importante al Código Penal desde que se dictó, con una asesoría especializada de primer nivel”, afirmó Cordero.

"La principal preocupación que en particular yo tenía es que la discusión del proyecto de ley tomó cuatro años en el Congreso, fue un debate muy documentado. Esta es la reforma más importante al Código Penal desde que se dictó, con una asesoría especializada de primer nivel, fueron escuchados todos los interesados, las agencias públicas, el sector privado. Y a mí me parece que esta es una decisión, que le corresponde evaluar tanto a la CPC como a la Sofofa, que su presentación solo implicó costos reputacionales para ellos", lanzó.

El ministro continuó señalando que el principal costo lo ha asumido el sector privado, lo que "yo lamento".

"Me parece que en proyectos de esta envergadura, principalmente pensados para impedir que se utilicen conductas ilícitas, para aceptar la competencia en el mercado, me parecía que el sector privado tenía buenas razones para promover una legislación mucho más estricta para quienes infringen la ley, y por esa vía, infringen las reglas elementales de participación en un mercado", enfatizó.

Cordero también abordó los argumentos tanto de la CPC como de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), quienes apuntaron a que la ley podría tener impacto sobre la actividad económica.

"Es problemático, porque de tanto repetir, la verdad sea dicha, son palabras que se las lleva el viento. Uno no sabe distinguir en qué momento entonces ese impacto puede ser efectivo y en qué momentos entonces simplemente constituye un argumento de etiqueta", complementó.

La autoridad cerró recordando que esta no es la primera vez que el sistema legal establece mecanismos de responsabilidad dependiendo de la posición del sujeto. "Además, particularmente en el caso de los ejecutivos, no es la simple posición en la que se encuentra, sino que dada su posición, la participación activa en el delito. Mirado así, es razonable que usted pueda tener mecanismos agravantes calificados para personas que, utilizando esas posiciones jerárquicas, participan activamente de los delitos", concluyó.