El ministro de Justicia, Luis Cordero, ratificó este jueves que el Gobierno repondrá la indicación que busca que los parientes de parlamentarios tengan inhabilidad para ser notarios o conservadores. Esto, luego que la norma del Ejecutivo fuera rechazada en la comisión de Constitución del Senado en el marco de la discusión de la reforma al sistema de notarios.
El tema volvió al debate esta semana justamente luego que la Cámara Alta acordara enviar el texto a la comisión de Gobierno Interior a solicitud del senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, a pesar de que el texto ya había sido analizado durante 18 meses.
Sin embargo, aún falta que la comisión de Constitución entregue su informe final, el cual está en etapa de armonización de los artículos en un documento que se anticipa tendrá más de mil páginas.
“La afirmación que se hizo en torno a que el Ejecutivo tenía una especie de libre disponibilidad de 95 cargos es completamente incorrecta en relación al texto aprobado”.
“Hay razones de eficiencia económica, de libre competencia y de calidad de servicio para avanzar en la reforma; pero sobre todo hay razones de desconcentración del poder”.
Uno de los fundamentos de Ossandón para enviar nuevamente a comisión el texto es que quiere reponer la norma rechazada en Constitución, la que buscaba inhabilitar a familiares de parlamentarios para que sean notarios, conservadores o archiveros.
La reposición en Sala
En este contexto, el ministro Cordero explicó que esta es una discusión en que el Ejecutivo presentó una indicación con amplias inhabilidades junto con proponer cambios en el régimen de nombramientos vía Alta Dirección Pública (ADP), dado que el principal objetivo de la administración Boric es retirar al Poder Judicial de todo el sistema de nombramiento por lo consideró efectos negativos. “Se buscó inhabilidad amplia no solo a senadores y diputados, sino que en general a los altos funcionarios de la administración pública y además se había hecho extensiva a los familiares, pero no prosperó”, señaló el secretario de Estado.
De todas formas, defendió que el Ejecutivo tiene argumentos para sostener la indicación en disputa, sin perjuicio de que entienden que la comisión de Constitución es soberana para aprobar o rechazar el contenido de los proyectos.
“Es una indicación sobre la cual el Ejecutivo va a insistir en Sala. Pero también es cierto que producto del debate de estos días, percibimos que hay una disposición de los senadores de volver a revisar esta parte de la inhabilidad en la comisión de Constitución”, dijo Cordero.
“No se nombrarán suplentes”
Consultado por la otra discrepancia que surgió en torno a un eventual nombramiento de cerca de 90 notarios interinos en forma indiscriminada por el Ejecutivo -debido a que cesan en sus cargos los notarios mayores de 75 años-, el ministro precisó que los cargos vitalicios que deben terminar funciones son una regla que afecta a 94 funcionarios, de los cuales 44 son notarios y los demás conservadores archiveros.
“No es cierto que este Gobierno vaya a nombrar los suplentes, los interinos en ese tiempo”, afirmó.
Lo anterior, según explicó, porque este es un proyecto que tiene vacancia seis meses y la norma para el fin de los vitalicios es de un año.
“Entonces, dada la tramitación legislativa, eso es prácticamente imposible”, indicó.
Lo segundo, mencionó Cordero, es que en el nombramiento de notarios, interinos y suplentes en las normas que están aprobadas por la comisión de Constitución “no hay discrecionalidad del Ejecutivo debido a que cambiamos todo al sistema a Alta Dirección Pública”.
A juicio de Cordero, “la afirmación que se hizo en torno a que el Ejecutivo tenía una especie de libre disponibilidad de 95 cargos es completamente incorrecta en relación al texto aprobado”.
Desconcentrar el poder
Lo relevante para el ministro de Justicia es que la discusión de estos días volvió a poner foco en un proyecto que es esencialmente complejo de abordarse y que se intenta desde la primera administración de la Presidenta Bachelet.
“Hay razones de eficiencia económica, de libre competencia y de calidad de servicio para avanzar en la reforma, pero sobre todo hay razones de desconcentración del poder”, enfatizó, entendiendo que “dejar demasiado poder en determinados operadores del sistema institucional, cualquiera que sea, si no tiene una adecuada regulación, tiende a ser excesivo; y, en general, a la democracia y a la economía, siempre le hace bien desconcentrarlo”.
Cordero consideró que existen “muy buenas razones” para que finalmente se pueda avanzar en una reforma al sistema de notarios y conservadores, que recordó aborda tres aspectos: nombramientos, calidad de servicio y régimen de fiscalización.
En este contexto, admitió que “probablemente el proyecto que ha sido aprobado hasta ahora en la comisión en el Senado, no es el que el que fuera del agrado del Ejecutivo. Pero también el Gobierno entiende que en el contexto del debate parlamentario, hay márgenes que hacen posible determinadas modificaciones”.
Lo que no puede suceder, añadió, “es que esta sea una reforma que se retrase, porque los costos reputacionales para el sistema institucional, no solo para el Congreso, sino que para el sistema institucional en general, son extremadamente grandes”.
Régimen penal para colusión: el proyecto para armonizar las sanciones estará listo en septiembre
El ministro Cordero informó que está en etapa final la redacción del proyecto de ley asociado al régimen de la acción penal en materia de colusión, donde el Ejecutivo va a sumar la dimensión de armonización de multas en materia de delitos económicos.
La iniciativa se trabaja en conjunto con el Ministerio de Economía y será presentado en septiembre. Según adelantó, se buscará permitir “una persecución penal eficaz en el caso del delito de colusión”.
La propuesta considera tres aspectos. El primero es la secuencialidad, es decir, en qué momento interviene la investigación penal.
En la actualidad, explicó el secretario de Estado, la Ley lo que establece es que una vez que se acaba la discusión en libre competencia, solo después se puede iniciar la investigación penal. “El Ejecutivo está trabajando en una propuesta que permita que la secuencialidad sea en menor tiempo, es decir, que permita la investigación de la Fiscalía Nacional Económica con el conjunto de atribuciones que tiene, pero que no sea necesario esperar la sentencia definitiva del Tribunal de Libre Competencia para poder eventualmente ejercer la acción”, precisó.
El segundo tema tiene que ver con titularidad de la acción penal, que ahora depende de la FNE, y estima que podría tener un impacto en un tiempo muy lejano. “El Ejecutivo está analizando la posibilidad de que pueda ser el Ministerio Público, pero que sea preferentemente la FNE y solo frente a determinadas condiciones la puede hacer de oficio el Ministerio Público”, señaló.
Lo tercero, es coordinar las sanciones. En libre competencia, indicó el ministro, hay una multa “que es mucho más grande, pero hay otros aspectos que están vinculados a las condenas de esos casos”.
De ahí la necesidad, de que el sistema de libre competencia y el sistema penal dialoguen entre sí respecto de las medidas y las sanciones que aplica. Esto, opinó, evitaría el “paralelismo de que puedan obstruirse unas medidas con otras”.
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