Caso Hermosilla: Corte Suprema reconoce “espacios de opacidad” en nombramiento de jueces y ministros y se compromete a mayor transparencia

El pleno de la Corte Suprema analizó la situación generada por la supuesta influencia que habría tenido el abogado Luis Hermosilla en el nombramiento de algunos ministros, anunciando que están dispuestos a mejorar el sistema de nombramientos de ministros y jueces.

En un comunicado de prensa, la Suprema partió recordando que la Constitución contempla la participación de los tres poderes del Estado en el nombramiento de los ministros y ministras de la Corte Suprema. Agregaron que corresponde al Poder Judicial la elaboración de una quina, al Ejecutivo efectuar una propuesta y al Senado su ratificación. En el caso de los demás miembros del escalafón primario, el Poder Judicial elabora una terna y compete al Ejecutivo el respectivo nombramiento.

Los ministros reconocieron que están “conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad", por lo que señalaron que esta Corte ha adoptado medidas "en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros”, citando que han “afinado los procedimientos para ponderar, previo cumplimiento de los requisitos legales, la evaluación curricular y trayectoria profesional de los y las postulantes, y, en especial, la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones”.

Por lo tanto, los ministros se comprometieron a que “el  Poder Judicial seguirá trabajando para mejorar la transparencia y rendición de cuentas”.

La Corte afirmó que “se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura, como lo hizo presente al informar el proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, y ha instado por cambios en el sistema, en los procesos constituyentes recientes, particularmente, en lo que se refiere a separar la función jurisdiccional del gobierno judicial, conforme a los acuerdos adoptados en diferentes jornadas de trabajo”.

Las autoridades concluyeron la declaración señalando que el Poder Judicial “continuará ejerciendo sus facultades disciplinarias para corregir prácticas o conductas que infrinjan la normativa vigente, con el objeto de preservar su independencia y correcta administración de justicia”.