Categórica y crítica se muestra la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, respecto al proyecto de sala cuna universal de la exadministración de Sebastián Piñera, que la semana pasada avanzó en el Congreso.
Para la autoridad, se trata de una “mala” política pública que ignora por completo la arista educacional y que, además, podría repercutir negativamente en las muejres.
“No es universal y tampoco tiene corresponsabilidad, como se ha dicho, porque sitúa el derecho a sala cuna solo en quien tiene la tuición. O sea, es una corresponsabilidad con letra chica, y que además podría exponer a muchas mujeres a un trámite engorroso o que incluso sea foco de violencia en tribunales de familia”, asegura.
“La indicación sustitutiva, tal como he señalado, va a tener que ser como cuando el gásfiter dice ‘hay que entrar a picar’. Y todos sabemos que cuando el gásfiter dice eso, significa que no va a ser una tuerquita nomás”.
“Creo que no hay un consenso, pero hay una voluntad general respecto a hablar del tema de cuidados”.
- ¿Cuál será la estrategia ante el avance del proyecto de sala cuna?
- El Gobierno siempre ha tenido la posición de que una ampliación del derecho a sala cuna, que no retrocede en estándares educativos, tiene que ir anclada a un mecanismo de financiamiento permanente.
Es por eso que en el primer proyecto de reforma tributaria se proponía que el 0,3% de la recaudación extra iba para sala cuna y cuidados. Lamentablemente, el mismo día que anunciamos las líneas generales de Sala Cuna para Chile -el 8 de marzo de 2023-, se rechazó la reforma tributaria; y eso quedó en pausa. Durante el verano, a propósito de la muerte del exPresidente Sebastián Piñera, quedó muy claro que la oposición iba a presionar por este proyecto. Tienen mayoría en el Senado, tienen todo el derecho a hacer uso de esa mayoría, pero como Ejecutivo hemos señalado que este es un mal proyecto, por lo que vamos a ingresar una indicación sustitutiva.
- ¿En qué línea irá esa indicación? Hay senadores oficialistas, como Francisco Huenchumilla, que han advertido que lo que se presente deberá ir en línea con la matriz del proyecto de la anterior administración, y que eso limitaría las indicaciones…
- Un elemento fundamental y en lo que coincidimos no solo en el Gobierno, sino que, por ejemplo, lo señaló también la economista Andrea Repetto, lo han señalado los gremios de la educación inicial y también los académicos especialistas en desarrollo de la primera infancia, es que este proyecto carece de toda perspectiva educativa.
Las salas cuna no son solo fierro y cemento, son espacios de desarrollo y protección de la infancia. Y, en ese sentido, este es un proyecto que está planteado solo desde la perspectiva del derecho laboral.
Es un proyecto que tiene muchos flancos. Por eso, la indicación sustitutiva va a tener que ser como cuando el gásfiter dice ‘hay que entrar a picar’. Todos sabemos que cuando el gásfiter dice eso, significa que no va a ser una tuerquita nomás.
Por supuesto, que hay que remitirse a la idea matriz, pero creo que nuestro país, en base a normas tan importantes como la Ley de Garantías de la Infancia y las normas constitucionales sobre el derecho a la educación, nos permiten buscar que esto no sea un retroceso en los estándares educativos.
- Organizaciones como ChileMujeres han planteado algunas fórmulas de financiamiento, a través de una mayor cotización con cargo al empleador. ¿Evalúan considerar esos planteamientos?
- Estamos barajando varias alternativas en el Ejecutivo y vamos a tener el diálogo prelegislativo pertinente antes del 6 de mayo.
Cuidados
- En noviembre lanzaron las bases del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Cuáles son los próximos plazos que esperan tener listo este semestre o en el año?
- Esperamos poder ingresar un proyecto de ley tal como se ha dicho. Este semestre estamos trabajando en dos líneas al mismo tiempo. Una, que no requiere de proyecto de ley, que son, por ejemplo, los 130 nuevos centros comunitarios de cuidado y protección que ya se están construyendo; y, en segundo lugar, en la ampliación de la red local de apoyo y cuidados.
- ¿Cuándo esperan presentar el proyecto ? ¿Cómo ve la discusión en el Congreso?
- Esperamos presentarlo este semestre. Va a ser una discusión súper interesante. Creo que no hay un consenso, pero hay una voluntad general respecto a hablar del tema, porque me parece a mí que, por ejemplo, los alcaldes, no hay comuna a la que no le pase, que hoy -cada cierto tiempo- aparece una persona mayor que murió sola y se enteraron semanas después. No hay comuna que, a través de sus oficinas, no tenga que apoyar el cuidado de alguna u otra forma alguna.
- El grueso de la agenda Mujer ha estado condicionada al avance del Pacto Fiscal. ¿Hacen algún mea culpa por no haber planteado o diseñado otras fórmulas de financiamiento? Se ha retrasado el avance de algunos temas justamente por esto…
- Nadie se podría arrepentir de haber pensado en políticas ambiciosas de protección social con financiamiento permanente. Al Gobierno siempre se le critica desde el ámbito económico y la verdad es que la catástrofe que algunos auguraron no llegó. Sí creo, y esto lo he dicho públicamente, que se perdieron valiosos meses a la espera del proceso constituyente.
- A marzo se han registrado 85 mil personas en el Registro Nacional de Cuidadores. ¿Qué balance hacen de esa cifra? ¿Va en línea con las expectativas que ustedes tenían?
- Es un buen número al ser una identificación voluntaria en el Registro Social de Hogares, que además por el momento no conduce a ningún beneficio en sí misma. De hecho, esto yo siempre se los digo a las organizaciones de cuidadoras, hasta el momento nos ha servido a nosotras para tomar decisiones de política pública más que a quienes portan la credencial.
A través de estos nuevos convenios público privados, esperamos seguir difundiendo la relevancia de esta labor, el poder seguir aumentando, porque las proyecciones de instrumentos como la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (Endide) nos muestran que las portadoras o portadores de la credencial debieran ser muchas más.
Los alcances de la Ley que enfrenta la violencia hacia las mujeres
La ministra considera que la norma “ataca los factores que hemos detectado que producen que no se denuncie”.
A principios de marzo, el Congreso despachó la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que a juicio de la ministra ataca los factores que han detectado que producen “que no se denuncie o que se desista, o que lleguemos a casos más graves”.
Entre otras medidas, la norma introduce un nuevo sistema de gestión integrado -basado en la iniciativa GovTech del Banco Mundial, que permitirá interoperabilidad- con el sistema de gestión social local, el cual está presente en 300 comunas del país y que está anclado al Ministerio de Desarrollo Social.
Además, incorpora a hijas e hijos como víctimas directas de la violencia de género y fortalece las medidas cautelares y su vigilancia.
El proyecto contempla un aumento de 18% del presupuesto, pero la mayoría de este no va asociado al Ministerio de la Mujer, sino que a la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud para reforzar la primera acogida de las víctimas.
Adicionalmente, se fortalece el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y su rol de representación jurídica, ya que en casos de suicidio femicida, femicidio consumado o femicidio frustrado podrá actuar como querellante institucional.
“También estamos fortaleciendo las competencias jurídicas del ministerio a nivel local y, por supuesto, también tiene los gastos asociados para esta innovación en interoperabilidad del sistema de gestión”, dice la ministra Orellana.
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