El pasado 12 de septiembre en medio del ya iniciado debate de la reforma tributaria, el gobierno presentó una nutrida agenda pro inversión para contener su caída en 2023, lo que implicará un gasto de US$ 1.500 millones y creará entre 50 mil y 70 mil puestos de trabajo. Sin embargo, tras la presentación en el Congreso, la oposición no quedó conforme con los anuncios y desde la bancada de diputados de Renovación Nacional hicieron un detallado análisis de aquellos aspectos en los que no están de acuerdo.
Después de profundizar en la agenda presentada por el gobierno, llegaron a la dura conclusión -según sostiene el documento elaborado por la bancada- de que “muchas de las medidas anunciadas no son nuevas y ya formaban parte del trabajo realizado dentro de la discusión de la Reforma Tributaria, propuestas tanto por Pymes como de la oposición”.
Adicionalmente, el texto señala que hay muchas medidas administrativas que, si bien son positivas, tienen un bajo impacto en la decisión de inversión por parte de chilenos o extranjeros. No obstante, muchas de ellas efectivamente sí elevan la inversión esperada, “pero hay dudas razonables respecto de que logren el objetivo de los 5 puntos de inversión adicionales”.
Dudas sobre depreciación y royalty
En el primer eje, sobre estímulos tributarios a la inversión privada, en la propuesta sobre restringir el impuesto al diferimiento de impuesto a la renta, por acumulación de utilidades retenidas sólo a sociedades pasivas, sostienen que sólo se trata de un paliativo a una mala política pública, cuyo impacto aún no ha sido cuantificado; y aunque sobre la creación de un fondo de US$ 500 millones de créditos tributarios de impuesto de primera categoría para proyectos de inversión son menos drásticos, de todos modos sostienen que pese a ser “apropiado” para atraer inversión, alertan sobre el hecho de que se requiere poner atención en la gestión para que efectivamente cumpla su propósito.
Agenda pro-inversión y escenario tributario
Respecto al mecanismo de depreciación acelerada durante 2023, recuerdan que es idéntico al introducido en la Ley de Modernización Tributaria de 2020 y advierten que es poco probable que sea efectivo, por cuanto es muy posible que se mantenga más allá del año 2023.
Sobre la propuesta relativa a que solo proyectos nuevos de minería del cobre estén exentos del royalty a las ventas durante cinco años, el texto señala que con ello, “el Ejecutivo reconoce que la introducción de un impuesto de estas características es nociva para la inversión minera”, por lo que resulta extraño que sea sólo para minería del cobre y por un periodo muy acotado, de baja producción en la vida útil de una minera.
Y en este ámbito, la que sí consideran una buena medida para atraer la inversión es aquella que apunta a eliminar una disposición de la ley 21.420 -que terminó con exenciones tributarias para financiar la Pensión Garantizada Universal -que impedía rebajar como gasto tributario el arriendo de una propiedad en leasing y que el arrendatario pudiera depreciar tales bienes.
Respecto al segundo eje, relativo a mejorar el acceso al financiamiento, el texto indica que una garantía estatal en el financiamiento del 10% del pie del crédito hipotecario tiene un impacto indirecto en la inversión al subsidiar la demanda; y que aumentar a 100% la cobertura de la garantía estatal al remate de viviendas nuevas adquiridas mediante subsidio del DS 01 o DS 19 independiente del monto es más bien una política de acceso a la vivienda.
“Agregados de inversión” y resaltar la figura de Jackson
El tercer eje dice relación con propuestas para mejorar la inversión pública. Aunque admiten que es bienvenido que se aumente en un 10% el gasto en inversión pública en el presupuesto 2023 y se reemplace el Fondo de Emergencia Transitorio (FET) por el Programa de Infraestructura para el Desarrollo por US$ 1.840 millones, advierten que siendo la inversión pública solo el 1,8% del PIB y la privada 21,6% -según datos de la Dipres- la primera no es suficiente por sí sola para generar empleo.
Y en cuanto a la propuesta de encargar al Ministerio de Desarrollo Social la conservación de obras públicas, “en desmedro del Ministerio de Obras Públicas u otros más apropiados. Claramente se busca resaltar la figura del ministro Giorgio Jackson con esta decisión, más que facilitar las conservaciones”, critican desde la bancada de RN.
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Por lo que concluyen que los anuncios en esta área no constituyen grandes medidas que solucionen la necesidad de mayor inversión en el país.
Tampoco quedaron satisfechos con el cuarto eje relativo a las medidas para atraer la inversión extranjera. Primero, sostienen que resulta extraño que se calcule atraer unos US$ 1.500 millones en inversión creando la figura de “agregados de inversión” consulados y/o embajadas de Europa y Norte América. El mismo análisis respecto a las cifras hacen con la iniciativa de fortalecer la agencia de inversión, InvestChile, ya que el gobierno plantea atraer inversión extrajera por unos US$ 2.000 millones.
Dispar análisis sobre las mesas de trabajo
Respecto del quinto eje que establece mejoras a la eficacia de los procedimientos en regulaciones y permisos, fortaleciendo la Oficina de Grandes Proyectos; implementando un fondo especial para agilizar la tramitación de permisos necesarios para implementar inversión y una ventanilla única para permisos sectoriales para que funcione en 2023, el documento de la bancada sostiene que “no se trata de medidas que solucionen la necesidad de mayor inversión en el país”.
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Por último, el sexto eje sobre alianzas público-privadas para la inversión, corre mejor suerte, ya que, según sostienen en el documento, estiman positiva la creación de mesas de trabajo sectoriales para promover la inversión y que la conformen de manera permanente, al menos, los ministerios de Energía, Minería, Economía, InvestChile y las divisiones de Fomento e Inversión de cada Gobierno Regional, permitirá detectar problemas en la ejecución y su posible solución, por lo que efectivamente incentiva la inversión al asegurar una mayor probabilidad de éxito.
Sin embargo, no tuvo buena recepción la propuesta de conformar una mesa de trabajo de coordinación entre los organismos encargados de orden público e instituciones productivas, para abordar los problemas de seguridad en actividades productivas y logísticas, pues estiman que esta medida, “si bien necesaria, solamente es un paliativo a la evidente inseguridad existente en el país, por lo que su efectividad en atraer inversión es limitada en cuanto no se aborde con decisión, por ejemplo, en La Araucanía”.
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