Los ingresos que recibe el sector público para financiar sus operaciones han sido un verdadero dolor de cabeza para el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) este año.
Los cálculos han estado por debajo de lo esperado este año y se han traducido en dos ajustes de gasto, por casi US$ 1.000 millones en lo que va del año, además de la salida del jefe de la División de Finanzas Públicas de Dipres, David Duarte, y del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett.
A la fecha, lo recolectado por el Gobierno Central se contrae un 4,4%, en circunstancias de que el Ejecutivo proyecta que crecerán un 5,3% en todo el ejercicio.
Entre enero y agosto, los ingresos del Gobierno Central se contraen un 4,4%, en circunstancias de que el Ejecutivo proyecta que crecerán un 5,3% en todo el ejercicio.
En la circular, Hacienda instruye que los servicios agilicen las gestiones para evitar la prescripción de hechos que podrían lesionar la recaudación del Estado.
Una preocupación que quedó plasmada en un oficio circular que envió el 21 de agosto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a 309 reparticiones del aparato estatal, solicitándoles redoblar los esfuerzos para contabilizar y lograr efectivamente los ingresos que requiere el Fisco para su operación.
“Con el objetivo de mejorar la gestión del presupuesto en relación con los ingresos que contabilizan y perciben los servicios públicos del Gobierno Central, se imparten las siguientes instrucciones”, dice el documento, que recalca que estas son “obligatorias” en el marco del erario de este año.
En un primer punto, la circular señala que la Dipres ha revisado la imputación que realizan los servicios de gastos a determinados subtítulos de ingreso, donde detectó “espacios de mejora” en el registro de los hechos económicos.
Por lo mismo, Hacienda instruye que se revise la imputación de los ingresos, evitando registrar en un clasificador presupuestario de índole general (como el ítem “otros”) hechos económicos para los cuales hay una categoría definida. ¿Un ejemplo? Las multas deben ser anotadas en el ítem “otros ingresos corrientes, multas y sanciones pecuniarias”.
Acto seguido, Teatinos 120 pide a los organismos contabilizar “con mayor precisión y diligencia” los ingresos, para así permitir un “mejor control y recaudación”.
Así, les instruye que un ingreso se debe registrar en la contabilidad financiera del Fisco al momento de que se produce el hecho económico que le corresponde (por ejemplo, un fallo que genera como resultado una multa en favor del Fisco), independiente del momento en que se perciben efectivamente esos recursos.
Una vez que el Fisco contrae el derecho a recibir el monto (o se devenga el ingreso), se debe anotar en la respectiva cuenta por cobrar.
“Respecto de la percepción de los recursos, los servicios públicos deberán implementar las medidas que agilicen el proceso, saldando la cuenta por cobrar lo antes posible. Si no se produce el cobro efectivo, se ejercerán las acciones administrativas y judiciales correspondientes oficiando, en ese último caso, al Consejo de Defensa del Estado. Todas estas acciones deberán ser adoptadas en los plazos que permitan el ejercicio efectivo de los derechos por parte de la administración”, dice el documento oficial, recordando que la prescripción de las acciones “aparejará la responsabilidad administrativa de los funcionarios responsables de estas demoras”.
Licencias, cobro de multas y reintegros
La circular contempla otras seis instrucciones, relacionadas por ejemplo con agilizar la recuperación y reembolsos por licencias médicas de isapres.
“El devengamiento asociado a la recuperación de licencias médicas de beneficiarios de isapres deberá realizarse dentro del mes siguiente al que se presentó dicha situación. Además, el servicio público deberá realizar todas las gestiones para percibir dicho integro en el plazo máximo de 45 días contados desde la fecha de pago de la respectiva remuneración mensual”, señala la instrucción.
Asimismo, se solicita a los organismos estatales velar para agotar todas las gestiones para asegurar el cumplimiento de los contratos o convenios que haya suscrito. Y en caso de incumplimiento, ejecutar y cobrar las sanciones correspondientes, como multas o garantías en un plazo máximo de 30 días contados desde la verificación.
También Hacienda requiere agilizar los procesos para el reintegro de fondos no utilizados relacionados a convenios, así como el saldo de la respectiva cuenta por cobrar.
En el penúltimo punto de la circular, Marcel aborda las devoluciones y descuentos a funcionarios por atrasos o inasistencias injustificadas, aclarando en cuál clasificador presupuestaria deben contabilizarse, instruyendo que el descuento debe anotarse como máximo durante el mes siguiente en el que se generó.
Por último, la autoridad refuerza que las entidades fiscales deben realizar todas las acciones de regularización y cobro para evitar que caduquen los documentos bancarios respectivos.
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