La Moneda instruye a ministerios reforzar el control al ausentismo laboral en el sector público

La preocupación por el alto nivel de ausentismo de los funcionarios del sector público llegó hasta La Moneda. Así lo muestra un oficio circular enviado a mediados de julio por algunos de los principales ministros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en el que instruyen medidas adicionales a las carteras y servicios públicos para atacar este fenómeno.

Las cifras más recientes de la Dirección de Presupuestos (Dipres) revelan que cada funcionario del aparato estatal se ausentó en promedio 31,7 días el año pasado por distintos tipos de licencias, cifra que es menor al máximo histórico de 35,3 días de 2022.

Con estos datos en mente, el 11 de julio los titulares de Interior, Carolina Tohá; de Hacienda, Mario Marcel; y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, enviaron el instructivo con copia a más de 300 instituciones públicas, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y del Judicial, instándolos a reforzar los controles para reducir la cantidad de funcionarios ausentes de sus labores.

“Con el objetivo de que la administración cumpla su función pública de la manera más eficaz y eficiente posible, se les reitera a los órganos y servicios públicos dar cumplimiento a la normativa vigente, monitorear y tomar acciones que permitan reducir los niveles de ausentismo de los funcionarios y funcionarias de su dependencia, así como sus efectos sobre la continuidad en la prestación de los servicios públicos”, dice la instrucción emanada del corazón del Ejecutivo.

Acto seguido, la circular recuerda que la Ley de Presupuestos establece mecanismos para reemplazar a los funcionarios que se ausenten de sus tareas por más de 30 días corridos. Esos reemplazos no podrán tener contratos superiores a los seis meses y solo podrán contraerse esos compromisos con autorización de la Dipres. Eso sí, se eximirá de visación cuando las licencias son maternales, postnatales o enfermedad grave del hijo menor de un año.

También recuerda que, en caso de que se reemplace a un funcionario que ha hecho uso de su licencia médica por un período continuo o discontinuo mayor a seis meses en los últimos dos años, el ministerio o servicio deberá declarar la incompatibilidad de su salud con el cargo.

La circular cierra con un rayado de cancha: si el nivel de ausentismo es superior al registrado para el año 2018, los servicios deberán implementar un plan para reducir sistemáticamente ese registro. Esto excluye las licencias médicas parentales, como de enfermedad en el embarazo, pre y posnatal, y enfermedad grave de hijo menor de un año. También Interior, Hacienda y Segpres prometen que se implementarán mecanismos de seguimiento “periódico” de esos planes.

Reuniones de alto nivel

Adicionalmente, el instructivo incorporó la invitación a una jornada con jefaturas de servicios para debatir la problemática del alto ausentismo laboral.

El taller se realizó el pasado 19 de julio en el auditorio del Ministerio de Obras Públicas, donde se presentaron resultados comparados sobre ausencia de funcionarios estatales, así como experiencias de mejores prácticas para reducirlo.

La convocatoria reunió a representantes de más de 50 servicios públicos y ministerios, con el apoyo de la Contraloría General de la República y de la Dirección del Servicio Civil.

En la ocasión, se destacó que los niveles crecientes de ausentismo en el sector público, que corresponde a los días hábiles no trabajados por los funcionarios excluyendo períodos vacacionales, generan pérdidas que ponen en riesgo la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.

El encuentro fue inaugurado por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Luego, la subdirectora de Racionalización y Función Pública de Dipres, Tania Hernández, expuso las cifras sobre el fenómeno en el sector público. Posteriormente, la abogada de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, Kathleen Peet, realizó una ponencia respecto a la normativa vigente sobre ausentismo laboral en el sector público, repasando la historia reciente de cómo se aplica en Chile.