Gobierno busca destrabar los proyectos con sobrecostos y que el Fisco asuma hasta el 20% del valor

Casi dos meses han transcurrido desde que el gobierno lanzó el plan “Chile Apoya”, un paquete de medidas para la reactivación en momentos en que la economía muestra signos de fatiga tras el histórico crecimiento de 2021.

En total son US$ 3.700 millones en recursos fiscales que se movilizan, desglosados de la siguiente manera: US$ 1.386 millones en generación de empleo y apoyo a sectores rezagados; US$ 1.340 millones en ayudas directas a los bolsillos de las familias; y US$ 1.000 millones en apoyos a las MiPymes.

Si bien los titulares se los llevaron medidas como la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral y las propuestas para contener el alza en el precio de la energía automotriz y domiciliaria, el paquete considera mecanismos para echar a andar la inversión pública, en momentos que se anticipa una caída en los proyectos privados.

Reflejo de lo anterior es un oficio enviado a inicios de mayo por el Ejecutivo a 468 reparticiones públicas -entre ministerios, servicios y municipalidades- con nuevas instrucciones para allanar el avance de iniciativas de inversión públicas en cuyas licitaciones se han incurrido en sobrecostos.

El texto, firmado por la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, y la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, fija condiciones para la reevaluación de obras con aumentos de costos, estableciendo que se aprobarán de manera excepcional -y bajo ciertos escenarios- iniciativas con sobrecostos de hasta un 20% y que estén en reevaluación en el Sistema Nacional de Inversiones.

“Algunos de los efectos de la pandemia del Covid-19 en el área de la construcción ha sido el incremento de costos de insumos, de materiales de construcción, de mano de obra, entre otros, que han impactado en alza de costos en las licitaciones públicas de iniciativas de inversión”, señalan las autoridades en el documento.

Javiera Martínez, directora de Presupuestos (Dipres). Paula Poblete, subsecretaria de Evaluación Social. Foto: julio Castro y Archivo

Martínez y Poblete revelan que se han presentado casos en que los procesos de licitación se han declarado desiertos o con ofertas que superan los montos con que los proyectos han sido recomendados, “obligando a relicitar y, en último término, a solicitar la reevaluación de las iniciativas con el propósito de ajustar los costos de inversión a las condiciones de mercado existentes, lo que ha significado retrasos que dificultan el inicio de la ejecución de las iniciativas y, con ello, ineficiencias en el uso de los recursos públicos”.

Hospitales, vías férreas y Metro entre beneficiados

El nuevo procedimiento apunta a proyectos que soliciten su reevaluación ante la autoridad y que presenten al menos una licitación declarada desierta por mayor costo.

Los ajustes van en dos líneas: para los proyectos evaluados bajo el criterio de costo-beneficio, será requisito que la iniciativa continúe siendo rentable socialmente al actualizar sus costos; mientras que para las inversiones analizadas bajo la mirada de costo-eficiencia, se aceptará un alza de costos hasta un 20% para poder adjudicar, de los cuales se hará cargo el Fisco a través de recursos del Presupuesto.

Por ejemplo, iniciativas bajo el paradigma costo-beneficio son nuevas calles, carreteras, líneas de Metro y servicios ferroviarios, entre otros; y las de costo-eficiencia son hospitales, plazas, y multicanchas, entre otros.

Según Dipres, las nuevas directrices implican que los plazos de reevaluación y adjudicación de las obras podrían reducirse desde varios meses a apenas 16 días.

“En el marco de la iniciativa Chile Apoya, hemos hecho un diagnóstico de la velocidad de ejecución de los proyectos en carpeta. Nos interesa acelerar la inversión y es por esta razón, que, haciéndonos cargo de la realidad existente, la circular modifica de manera excepcional los criterios para la reevaluación en donde el Gobierno se abre a aprobar proyectos con un sobrecosto de hasta un 20% en el caso de los que se evalúan según la metodología de costo eficiencia. En el caso de aquellos que se evalúan con criterios costo-beneficio, hay una apertura a reevaluarlos mientras sigan siendo socialmente rentables”, recalcan en Dipres.

El procedimiento estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.