¿Efecto subestimado? Consejo Fiscal sugiere revisar cómo el Estado cuantifica el impacto del CAE

El debate sobre el financiamiento a la educación superior sube de temperatura en el Congreso. Este martes, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados continuó con el análisis del proyecto que deja atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE) y lo reemplaza por un nuevo mecanismo: el sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES).

Se trata de una de las principales reformas de la administración del Presidente Gabriel Boric. En lo principal, deja afuera a los bancos del sistema y establece un mecanismo estatal con condonaciones de créditos y una contribución para los beneficiarios que deberán pagar anualmente en la Operación Renta por hasta 20 años.

En este contexto que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) dio a conocer ayer su esperado informe de análisis sobre las implicancias del CAE para las arcas del Estado.

El Consejo también apunta a créditos incobrables que no se han reconocido como tales; la necesidad de implementar medidas de prudencia fiscal ante la posibilidad de no cobro; y un monitoreo periódico de los efectos fiscales del CAE.

En el informe, el organismo presidido por el economista Jorge Rodríguez Cabello advirtió que identificó una serie de “variables clave” que deberían corregirse en la contabilidad fiscal para reflejar adecuadamente sus efectos, ya que “históricamente han existido algunos problemas en su forma de registro”.

Esto no es menor, ya que una mejor contabilidad del efecto de los pasivos asumidos por el sector público también permite cuantificar de mejor manera cuánto le cuesta al Fisco administrar el régimen con garantía estatal de los créditos estudiantiles.

“El Consejo señala que sus recomendaciones para un mejor registro en la contabilidad fiscal son pertinentes tanto para transitar hacia un eventual nuevo sistema que reemplace al CAE, como en el caso de mantenerse el actual”, dijo el CFA, instancia integrada también por su vicepresidente Hermann González y los consejeros Jeannette Von Wolfersdorff, Marcela Guzmán y Sebastián Izquierdo.

Una mochila pesada

En el reporte, el organismo identificó que el CAE tiene efectos fiscales por diversas vías.

Por una parte, el Estado participa como garante de los créditos en poder de los bancos; y, por otra, realiza transacciones que afectan la composición de los activos y pasivos fiscales, así como su patrimonio neto.

En el documento, expuso datos de la Comisión Ingresa -proporcionados por la Dirección de Presupuestos (Dipres)-, que revelan que entre 2019 y 2023, la compra de créditos CAE por parte del Fisco promedió UF 13,5 millones por año, sumando un total de UF 67,5 millones en el período, lo que equivale a US$ 2.666 millones, un 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB).

En ese mismo lapso, por concepto de activación de garantías y de beneficios para los deudores (por ejemplo, por cesantía o estudios en el extranjero) el Fisco pagó en amortizaciones del capital adeudado UF 23,8 millones, lo que representa 0,3% del PIB, o US$ 946 millones; y por intereses, pagó UF 1,8 millones o US$ 70,6 millones, apenas 0,02% del PIB.

A lo anterior se suma que, en el mismo período, el monto total garantizado de créditos fue de UF 31,2 millones, unos US$ 1.235,4 millones o 0,4% del PIB.

Mejor contabilidad

Entre los problemas que identificó el CFA, se cuenta que los pagos realizados por los deudores correspondientes al capital de los créditos en poder del Fisco son registrados como ingresos y no como devolución de un crédito.

Esto llevado a números significa que entre 2019 y 2023, la recuperación de préstamos registró un promedio anual de UF 4,7 millones, es decir, unos US$ 210 millones equivalentes a 0,06% del PIB.

Otro problema detectado es que existen egresos que disminuyen el patrimonio neto del Fisco, pero que no se registran como gastos. ¿Cuáles? El sobreprecio que paga el Estado al comprar créditos a los bancos, recursos que no se recuperan con la cobranza del crédito. Entre 2019 y 2023, este recargo registró un promedio anual de UF 2,7 millones, unos US$105 millones o un 0,04% del PIB.

El Consejo también apuntó a créditos incobrables que no se han reconocido como tales; la necesidad de implementar medidas de prudencia fiscal ante la posibilidad de no cobro; y un monitoreo periódico de los efectos fiscales del CAE.

Foto: Agencia Uno