Economía ingresará modificaciones para aumentar la fiscalización de la Ley de Compras Públicas

Mejorar la Ley de Compras Públicas y la Ley de Pago Oportuno, más conocida como pago a 30 días, son las prioridades que establecieron el Ministerio de Economía junto a organizaciones de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyme) para el trabajo legislativo que involucra al sector. 

Tal como comprometió en la última sesión de la comisión de Economía del Senado, la subsecretaria del ramo, Javiera Petersen, confirmó este martes que el gobierno ingresará dos paquetes de indicaciones, junto con retirar las que había propuesto la administración anterior. 

Economía busca reforzar los estándares de probidad y transparencia del sistema, exigiéndose que se conozca el equipo administrativo de cada entidad licitante.

El primer paquete se presentará el 14 de julio, o sea el jueves de la próxima semana, y abordará todos los capítulos a excepción de lo relativo a MiPyme y cooperativas. En este se establecerá que todos los organismos del Estado a los que les sea aplicable dicha ley tendrán que desarrollar sus procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios a través de los sistemas provistos por la Dirección de Compras y Contratación Pública, lo que significa que no se van a permitir sistemas paralelos o propios. 

La subsecretaria también explicó que la regla general de contratación es a través de la licitación, y solo mediante una resolución fundada se van a poder seguir otros procedimientos. También se incorporarán como condiciones a alcanzar dentro de las bases de la licitación la sustentabilidad, y se reforzarán las definiciones de contratos para la innovación y diálogo competitivo, en virtud de conversaciones sostenidas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La autoridad detalló que en el primer paquete se reforzarán los estándares de probidad y transparencia del sistema, exigiéndose que se transparente el equipo administrativo de cada entidad licitante que participe en las distintas etapas del proceso, lo que permitirá, en caso de ser necesario, perseguir las responsabilidades funcionarias de forma efectiva. 

Además, se fortalecerá el registro de proveedores del Estado, debiendo registrarse los administradores y beneficiarios finales de cada proveedor, y se fortalecerá al tribunal de compras públicas, junto con ampliar sus facultades. El Ejecutivo también propondrá más y nuevas facultades para ChileCompra, como, por ejemplo, que puedan monitorear adquisiciones de bienes y servicios. 

Petersen también anunció que, luego de un proceso de revisión junto a las autoridades del Ministerio de Hacienda, el gobierno respaldará varias indicaciones presentadas por los senadores de la comisión. 

MiPyme y cooperativas

El segundo paquete de indicaciones se enfocará en las MiPyme y cooperativas. La subsecretaria no especificó una fecha para su presentación, pero aclaró que su contenido se revisará junto a las organizaciones del sector, cumpliendo el compromiso que suscribieron desde la cartera. 

“Para nosotros como Ministerio de Economía es muy importante poder avanzar en reformas legales estructurales, de la mano de las organizaciones de las MiPyme, y es justamente en este sentido que nos vamos a dar un mayor tiempo para analizar con mayor complejidad las indicaciones de este segundo paquete”, acotó Petersen. 

La economista también señaló que los ministros de Hacienda y Economía, Mario Marcel y Nicolás Grau, expondrán el martes de la próxima semana, en la comisión, el contenido de las indicaciones. 

Pago a 30 días

La semana pasada, la autoridad había adelantado que el ingreso de los cambios a la ley de pago a 30 días se harían a fin de mes, y hoy confirmó que el proyecto ingresará el viernes 29 de julio, por el Senado. 
Petersen reiteró que este proyecto “es el resultado de un extenso trabajo sostenido entre el Ministerio de Hacienda, los gremios PYME y el Ministerio de Economía”, bajo el alero del consejo consultivo MiPyme de esta última cartera.
Detalló que la propuesta contemplará la prohibición de acuerdos de plazo excepcional, así como que la reclamación de una factura no puede implicar que el plazo empiece a contarse nuevamente. También precisó que se avanzará en el interés a cobrar, y señaló que siguen revisando las alternativas “para hacerse cargo del problema del IVA que enfrentan hoy día las MiPyme”.