CFA advierte vulnerabilidad de Chile ante eventual crisis y llama a acuerdo político para recomponer cuentas fiscales

La situación de las finanzas públicas chilenas es compleja, lo que hace al país más vulnerable a crisis en relación al pasado, incluso el más reciente con la pandemia en 2020.

Así de enfático fue el mensaje que entregó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en su ya tradicional presentación semestral ante el Congreso, donde también hizo un fuerte llamado a los actores políticos a acordar una agenda para reconstruir la capacidad del Fisco para afrontar escenarios adversos para el país, como fue en su momento la crisis financiera de 2008-2009 y el ya mencionado Covid-19.

El presidente del CFA, Jorge Rodríguez Cabello, comenzó señalando ante los legisladores que la situación actual de las arcas públicas se caracteriza por un “estrés fiscal”, con resultados positivos en 2022 que se revirtieron durante el año pasado.

“El estrés fiscal no es consecuencia sólo de lo ocurrido en años recientes por la pandemia, sino que es resultado de una tendencia que viene de antes. El deterioro de las finanzas públicas se observa desde la crisis financiera global de 2008”.

“Los indicadores de riesgo país de Chile se ubican en niveles similares a algunos de sus pares regionales que cuentan con menor calificación crediticia tales como Perú y Paraguay”, dijo Jorge Rodríguez Cabello.

“El balance estructural pasó de un superávit de 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022 a un déficit de 2,6% en 2023. Si se hubiera considerado la metodología que identifica la parte permanente de los ingresos fiscales provenientes del litio (que se aplicará a contar de 2024), el resultado habría mostrado un déficit de 0,3% en 2022 y de 3,6% en 2023”, señaló el timonel del Consejo, integrado también por Hermann González como vicepresidente y los consejeros Aldo Lema, Marcela Guzmán y Jeannette von Wolfersdorff.

En su ponencia, Rodríguez aludió a una serie de datos para consolidar el diagnóstico de que Chile está en una situación fiscal más precaria, hablando incluso de “luces amarillas” para los próximos años.

Por ejemplo, apuntó que la deuda bruta del Gobierno Central pasó de representar un 38% a un 39,4% del PIB entre 2022 y 2023, mientras que la deuda neta lo hizo desde 32% a 34,4% del PIB. Esto estuvo acompañado, dijo, por la utilización de activos del Tesoro Público, que llevó a su disminución desde 6% del PIB en 2022 a 5% en 2023.

“El estrés fiscal no es consecuencia sólo de lo ocurrido en años recientes por la pandemia, sino que es resultado de una tendencia que viene de antes. El deterioro de las finanzas públicas se observa desde la crisis financiera global de 2008, con distintos grados de cumplimiento en la consolidación fiscal desde entonces”, señaló el economista.

A esto agregó que desde dicha crisis, el gasto público superó la mayor parte del tiempo a los ingresos estructurales. En específico, en los últimos 16 años los desembolsos del Fisco promediaron un 23,8% del PIB, mientras los ingresos fiscales lo hicieron en un 22%.

Rodríguez recordó que desde el 2016 el país ha sufrido al menos dos recortes de clasificación de riesgo de parte de cada una de las agencias principales de rating, lo que refleja la mayor debilidad del Fisco.

“Los indicadores de riesgo país de Chile se ubican en niveles similares a algunos de sus pares regionales que cuentan con menor calificación crediticia tales como Perú y Paraguay”, agregó en su exposición.

Las recomendaciones

Rodríguez fue claro en señalar que el país está en una posición “más vulnerable” frente a potenciales crisis debido al aumento de la deuda y la reducción de los activos del Tesoro Público.

“Los actuales niveles de endeudamiento y de los activos financieros del Tesoro Público muestran que, ante una eventual crisis, el sector público tendría significativamente menos ahorros y menor espacio para endeudarse del que tuvo en las grandes crisis previas”, planteó.

Así, puso sobre la mesa una serie de puntos para recomponer la resiliencia de las finanzas públicas, partiendo por recuperar el nivel de activos acumulados en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), el principal fondo soberano del país.

Entre estas ideas, se apunta a una mayor convergencia de las finanzas públicas hacia el cumplimiento de las metas fiscales; retomar la tramitación del proyecto de responsabilidad fiscal; seguir fortaleciendo la institucionalidad fiscal de mediano y largo plazo; establecer fuentes permanentes de financiamiento, vía crecimiento, nuevos ingresos tributarios, reducción de evasión y elusión tributaria y mayor eficiencia en el gasto público; y reconstruir gradualmente los colchones fiscales

“Es improbable que no haya una crisis en los próximos 10 años. Recomendamos que hagamos un acuerdo político amplio ahora, que están prendidas las luces amarillas, y no cuando estén las luces rojas prendidas, que es mucho más doloroso, es más desordenado y no se pueden priorizar los ajustes”, evidenció el economista.

Escenarios a futuro

El CFA recordó algunos escenarios que ya considera el reciente Informe de Finanzas Públicas (IFP) del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), con un “acotado espacio” para nuevos gastos entre 2024 y 2028 -incluso sin holguras entre 2025 y 2026-, con un incremento de la deuda neta a 38,2% del PIB en 2028 y una reducción de los activos financieros del Tesoro Público desde 5% a 3% del PIB en el mismo lapso.

“El crecimiento promedio del gasto compatible con las metas de balance estructural para 2025-2028 estimado por la Dipres es de solo 1,2% anual, mientras que en la década previa a la pandemia (2010-2019) el gasto creció en 4,9%”, fue otro de los argumentos de Rodríguez en esta línea.