La disputa laboral que enfrenta al Senado con sus secretarios de comisiones en la justicia

La reforma tributaria impulsada en 2014, durante el segundo periodo de la expresidenta Michelle Bachelet, trajo un coletazo que hasta el día de hoy tiene enfrentado al Senado con una parte importante de los funcionarios que se desempeñan como secretarios de las comisiones de la entidad.

¿La razón? descuentos que realizó la corporación a los salarios de los funcionarios, producto de los cambios que introdujo dicha normativa a las rentas sujetas a impuestos.

El caso involucra a 13 secretarios de comisiones de la Cámara Alta, quienes recurrieron a la Justicia tras diversos descuentos a sus remuneraciones.

Origen del caso

En agosto de 2021, un grupo de 13 secretarios del Senado presentó una demanda de tutela por vulneración a derechos fundamentales durante la vigencia de la relación laboral y cobro de prestaciones, producto de una serie de descuentos que realizó la corporación a sus salarios.

Según relata la demanda ingresada, la Ley n° 20.780 de Reforma Tributaria, que fue publicada el 29 de septiembre de 2014, produjo, a partir de 2017, un cambio en los tramos en la renta imponible mensual.

En simple, la ley eliminó el tramo ocho para ingresos mensuales sobre las 150 UTM. Con esto, sobre 150 UTM, las rentas que tributaban sobre una tasa de 40% pasaron a tributar sobre una tasa de 35%.

Con este cambio, desde la perspectiva de los secretarios, su remuneración líquida debía incrementarse. Algo que ocurrió por algún tiempo. Sin embargo, tras una “decisión arbitraria” del Senado, en abril de 2020, se decidió comenzar a descontar esta diferencia en los sueldos.

La demanda señala que desde la perspectiva del Senado, dichos montos eran de la corporación, ya que “lo pactado con los trabajadores siempre fue un ingreso líquido, no bruto”.

Tras esto, se comenzó a descontar mensualmente esta diferencia, lo que generó reclamos, peticiones y, finalmente, al no haber respuesta ni acogida, el 30 de abril de 2021 los secretarios presentaron una primera denuncia por vulneración de derechos fundamentales en contra del Senado.

Sin embargo, la situación tras este acto empeoró, precisa la demanda.

“Dicha comunicación no hizo más que provocar represalias por parte del empleador quien, no solo ha continuado con los descuentos mensuales, sino que, además, ha procedido al descuento, los meses de junio y julio, de los montos, según él, pagados en exceso entre 2017 y marzo de 2020”, dice la demanda.

Más tarde, los trabajadores ingresaron una nueva demanda en agosto de 2021.

“El Senado pretende pagar montos líquidos y hacerse de cualquier diferencia que pudiera generar el descuento previsional o impositivo. Esto es ilegal y ha sido cuestionado por sus propias jefaturas internas”, dice la demanda.

El desenlace

Tras una larga espera, y luego de recapitular y revisar diversos antecedentes, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo entregó un pronunciamiento. En su sentencia, la justicia de primera instancia señaló que si bien hubo un descuento en las remuneraciones, éstas no habrían tenido relación con el cambio introducido por la reforma tributaria.

“Es importante tener presente que no se han realizado los ‘descuentos’ que alegan los demandantes en su reclamo, sino que lo que ha ocurrido es que se ha comenzado a pagar correctamente las remuneraciones, desde el mes de abril de 2020, calculando de manera correcta la Asignación de Complemento de Jornada”, dice la sentencia.

Con todo, desde la perspectiva de la justicia, el Senado ha incurrido en vulneración de derechos fundamentales, en lo específico a aquellos de no discriminación, vulneración a la libertad de trabajo y a la garantía de la indemnidad.

Así, la justicia ordenó al Senado proceder con la devolución de las sumas que fueron descontadas en las remuneraciones de junio y julio de 2021 por concepto de pagos en exceso respecto del tema Asignaciones de Complemento de Jornada a cada uno de los denunciantes, “devolución que este Tribunal decreta con la finalidad de obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales de que fueron objeto los actores, ello independiente de la procedencia de dicho descuento”, dice la sentencia.

En montos, son más de $ 52 millones los que tendrá que desembolsar el Senado.

A la fecha, no se han presentado recursos de apelación al fallo, por parte de ninguna de las partes.