CUT tilda de “burla” fallo del TC a favor de firmas sancionadas por prácticas antisindicales

Enojada e indignada. Así reaccionó la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, ante los últimos fallos del Tribunal Constitucional (TC), en el cual la institución levantó la prohibición de suscribir contratos con el Estado a las empresas Turbus, Latam Airlines Group y Nestlé Chile, pese a haber sido sancionadas por prácticas antisindicales.

“Esto nos genera un alto nivel de indignación y de molestia. Esto es una burla, estamos frente a un TC que claramente está haciendo una interpretación extrema de las normas”, dijo.

La polémica se originó luego que el Tribunal Constitucional estableciera que la sanción que aplica el artículo 4° de la Ley 19.886 sobre compras públicas -de impedir a las firmas sancionadas por este tipo de actos realizar contratos con el Estado en un periodo de dos años- es “desproporcionada”.

“Latam y Turbus tienen una extensa lista de condenas por prácticas antisindicales (...) estamos hablando de un pronunciamiento del TC que tiene un alto nivel de gravedad para el mundo laboral y para las relaciones laborales en nuestro país. Esto supera todos los límites”, planteó Figueroa.

El argumento del TC en los fallos tendría relación con que la sanción de la ley de compras públicas es “excesivamente gravosa” al ser comparada con otros casos y al considerar que las firmas involucradas ya han sido sancionadas por la justicia en primera instancia, lo que es compartido por algunos abogados laborales.

“Si esa norma alguien la encuentra desproporcionada es porque aquí estamos frente a empleadores que abusan de manera descarada de los derechos laborales. Aquí el empleo no puede ser a cualquier costo, no puede ser a costo de la dignidad de los trabajadores, de los derechos colectivos, del derecho a organización (...) Si alguien cree que ese es el modelo de trabajo que tenemos que favorecer entonces efectivamente tenemos que hacer un debate más profundo”, planteó la líder sindical.

La irritación de Figueroa fue compartida por el senador PS, Juan Pablo Letelier, quien calificó los fallos como “aberrantes”. “Existe una norma expresa en la ley de presupuesto, no de este año, sino que de varios años, que establece quiénes pueden y quiénes no pueden contratar con el Estado. Ha sido explícito y unánime que el Estado no contratará con las empresas que tienen sanciones y condenas por prácticas antisindicales, el TC ha sobrepasado todo límite, violando leyes expresas en una forma increíble”, dijo.

Cambios al TC

Para la presidenta de la CUT, el tema en discusión refuerza la necesidad de realizar reformas profundas al TC.

“Es urgente presentar modificaciones a las facultades del Tribunal Constitucional que permitan que cumpla su rol y no el de una tercera cámara, que desconoce la soberanía popular y que finalmente se arroga por la vía de una interpretación extremadamente arbitraria de la norma, facultades que no tiene”, acotó.

Los casos resueltos y el pendiente

Hasta la fecha, el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de al menos cinco empresas, pues a lo resuelto a favor de Turbus, Latam Airlines Group y Nestlé Chile, se suman los casos que involucraban a la Universidad de Chile y a la Pontificia Universidad Católica.
Y hay una situación pendiente. Entre 2017 y 2018 BCI fue multado en al menos cuatro ocasiones por la justicia como consecuencia de prácticas antisindicales. En dichas causas, la justicia le ha aplicado sanciones por 100 UTM en cada oportunidad.
Según el registro de la Dirección del Trabajo, la entidad bancaria ha enfrentado cuestionamientos por reemplazo ilegal de trabajadores en huelga, realizar charlas a sus funcionarios señalando que quienes participen en las negociaciones colectivas perderían beneficios, actos de injerencia ante los trabajadores para desincentivar la afiliación sindical, entre otras causas.
Pese a esto, en noviembre de 2017, el banco -tras haber sido sancionado ya en tres ocasiones- recurrió al Tribunal Constitucional para poder tener contratos con el Estado y dejar sin efecto la prohibición.
A más de un año de aquella solicitud, aún no se resuelve su caso.